Aunque ya se han puesto en marcha algunas de las dependencias propuestas, el proyecto esta frenado por las demandas de antiguos empleados que cuentan con fuero sindical.
Publicado por: JUAN MANUEL MORALES
Dentro de la propuesta programática del entonces candidato Danny Ramírez Rojas estaba la creación de las Secretarías de Salud, Desarrollo Rural y el Inder Piedecuesta, es por esta razón que dentro del Plan de Desarrollo se incluyó el punto de modernización para darle facultades al mandatario de crear y suprimir algunos cargos de la Administración.
Casi un año después de la puesta en marcha la propuesta, no ha podido vincular a los profesionales requeridos para las nuevas cinco direcciones (tesorería, contratación, vivienda y dos de educación), además de algunas que ya vienen ejecutando acciones y que requieren más personal, por los procesos legales que iniciaron 50 empleados de diferentes dependencias, que hacían parte de la planta provisional y hoy hacen parte de una planta transitoria.
Miriam Yolanda Vargas Vera, presidente de Sintradepie, en su momento explicó que la supuesta modernización tenía un trasfondo político, pues muchos de ellos eran parte de la cuota política del ex alcalde Jesús Becerra, es por esta razón que reactivaron los siete sindicatos de la entidad y gracias a esto debieron ser reintegrados a sus cargos de manera transicional.
Acto seguido, los juristas de la Alcaldía emprendieron una batalla legal para levantarle el fuero sindical a los mencionados y poder llevar a cabo el plan de modernización, hasta la fecha, los dos fallos en segunda instancia que han salido benefician a los empleados Martha Barajas y Darío Ribera, aunque según el secretario General, Freddy Almeida, esto se dio debido a algunas deficiencias de la defensa técnica y ya trabajan para subsanarlo.
Seguido a esto, el funcionario denunció que temen que el proceso este presuntamente viciado, pues los demandantes tenían en sus manos el fallo un día antes que el juzgado lo presentara.
A su turno, uno de los 50 demandantes comentó que en estos momentos se les asignaron actividades, tras nueve meses de estar solo cumpliendo horario, pues no se les permitía tener funciones ya que muchos cargos no existían, situación que generó vulneración de varios derechos.
Lo único cierto es que tras 11 meses de iniciado el proceso las carteras no cuentan con el impulso esperado y es posible que el proceso tarde mínimo seis meses más.
