“La JEP actúa respetando el estado de derecho y somos una jurisdicción de paz no de venganza”, reiteró Linares.
Publicado por: Colprensa, Bogotá
La presidenta de la Justicia Especial para la Paz, JEP, magistrada Patricia Linares, afirmó ayer que ese tribunal ha recibido 11.661 actas de sometimiento durante el primer año de funcionamiento del organismo creado tras la firma del acuerdo con la guerrilla de las Farc.
“Ese proceso nos permite reportarle a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que 11.661 personas a la fecha han suscrito el acta de sometimiento” ante la jurisdicción, manifestó Linares durante el encuentro de “Balance y proyección de la JEP”.
La magistrada detalló que de ese total, 9.687 son desmovilizados de las Farc, de los cuales “el 99 % ha acudido y atendido los requerimientos de la Jurisdicción”.
Asimismo, afirmó que 1.938 son integrantes de la fuerza pública del país y aproximadamente 38 son agentes del Estado y terceros, quienes acudieron de manera voluntaria al tribunal.
La JEP fue creada como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno colombiano y las Farc, ahora convertida en partido político, luego de más de cuatro años de negociaciones en La Habana.
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El tribunal es el encargado de investigar y juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
Linares destacó además la “participación activa” de 105 víctimas durante las 13 audiencias que se han desarrollado y la entrega de 168 informes por parte de instituciones del Estado, así como de organizaciones sociales y de víctimas.
La presidenta del tribunal señaló que el “principal resultado relevante y significativo” es el reconocimiento de 32.200 víctimas que hacen parte de los cinco grandes casos que ha abierto la JEP.
Con esas pesquisas se busca esclarecer los secuestros perpetrados por las Farc, la violencia en tres municipios de Nariño y los “falsos positivos”, como se conoce en el país el asesinato de civiles para presentarlos como bajas dadas en combate.
De igual forma, se investigan los hechos violentos ocurridos entre 1986 y 2016 en la región del Urabá y los crímenes cometidos en varios municipios del departamento del Cauca (suroeste).
“Estos avances se han hecho con estricto cumplimento del marco normativo que se nos impone, constitucional y legal, y acudiendo a novedosos instrumentos con los que nos dotó la Constitución y la ley”, acotó Linares.
