Colombia
Jueves 08 de febrero de 2018 - 08:02 PM

Por captación ilegal, Supersociedades hizo 210 intervenciones en 2017

La Superintendencia de Sociedades informó que durante el 2017 ordenó 210 intervenciones administrativas contra empresas y personas, dentro de los procesos e investigaciones que adelanta por captación ilícita de dineros en el país, aumentando un 76 % con respecto a los casos registrados en 2016.

Por captación ilegal, Supersociedades hace 210 intervenciones en 2017 (Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL )
Por captación ilegal, Supersociedades hace 210 intervenciones en 2017 (Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL )

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Publicado por: COLPRENSA

“Si bien la captación ilícita ha adoptado mecanismos sofisticados como las falsas libranzas y se vale del desarrollo de la Internet y de las redes sociales, todavía subsisten paralelamente las tradicionales pirámides de esquina o de garaje, según casos reportados a la Superintendencia en 2017, especialmente en municipios pequeños o intermedios como Caloto, en el Cauca", manifestó Francisco Reyes, Superintendente de Sociedades.

De acuerdo con el funcionario, de las 210 intervenciones ordenadas, 51 corresponden a personas jurídicas y 159 a personas naturales. Además con estas actos la cifra de intervenciones por captación ilícita asciende a 724 en los últimos nueve años. "La cifra de intervenciones ordenadas el año pasado es la más alta, desde que se desplomaron las pirámides DMG y DRFE entre 2008 y 2009".

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La Supersociedades hizo un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de invertir en negocios que prometen abultadas ganancias e insistió en la necesidad de atender las señales de alerta y desconfiar de los negocios que utilicen como "gancho", el pago de ganancias desproporcionadas solo por vincular a nuevos inversionistas, sin que realicen compras o ventas de un producto o servicio tangible.

La entidad recordó que la captación ilícita, no solo genera la intervención administrativa con embargos de bienes a quienes incurran en esta actividad, sino que también puede dar inicio a investigaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación, que pueden terminar en condenas hasta de 20 años de prisión. 

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