La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, urgió “a las autoridades del país responder a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo”.
Al menos 66 miembros del pueblo indígena Nasa, entre ellos 13 de sus autoridades, fueron asesinados el año pasado en el Cauca, reveló ayer la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Acnudh, en su informe anual para Colombia.
La información fue revelada por el representante en Colombia de la Acnudh, Alberto Brunori, en la presentación del documento.
El funcionario añadió que esa cifra supone “un incremento de casi el 52%, de acuerdo al Instituto de Medicina legal en comparación con 2018”.
Otro punto que despertó las alertas del Alto Comisionado fue el de los riesgos sufridos por los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
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Sobre este punto, Brunori afirmó que “en 2019, el Acnudh documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población Lgbti. Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos”.
El 75% de estos asesinatos ocurrió en zonas rurales; el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional; el 91% en municipios con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica; y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del Eln, así como de otros grupos violentos y de grupos criminales. En los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá ocurrió el 55% de estos crímenes.
Privaciones arbitrarias
En su informe, la oficina documentó “15 casos de presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía”, de los cuales 13 ocurrieron por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza y dos fueron ejecuciones extrajudiciales, según Brunori.
“Se observó con preocupación que la justicia penal militar continuó solicitando la jurisdicción sobre estas investigaciones. En algunos casos la Fiscalía incluso remitió los casos a la jurisdicción penal militar”, detalló.
Recordó que según “las normas y estándares internacionales”, la Jurisdicción Penal Militar “no debe investigar, juzgar y sancionar a los responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos”, pues es competencia de la justicia ordinaria.
