Esta iniciativa busca trabajar de manera conjunta con los cuidadores, colegios, organizaciones sociales, líderes comunitarios, entes territoriales e instancias gubernamentales en la creación de espacios seguros en donde se vele por la educación y protección de las niñas y niños a partir del fortalecimiento de procesos de formación y empoderamiento, priorizando en estrategias de aprendizaje socioemocional, igualdad de género, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y habilidades para la vida.El proyecto tiene como finalidad llegar a 30.403 favorecidos directos, dentro de los cuales se beneficiarán 27.600 niños, niñas y adolescentes a través de programas de educación escolar y 1.035 menores de edad que no asisten a la escuela.Lea también: Así era la travesía del barco que desapareció extrañamente cerca de CartagenaEntre los resultados previstos son el aumento del acceso equitativo a una educación segura, de calidad, con perspectiva de género e inclusiva para las niñas; mejorar la provisión equitativa de educación formal y no formal innovadora y fortalecer la planificación, implementación y coordinación de políticas a nivel local y nacional para una educación óptima.Olga López, gerenta del proyecto y gerenta de la oficina Save the Children, en Cúcuta, dijo en su intervención que esta iniciativa es una apuesta importante para dar respuesta a las necesidades de las personas en fronteras, en especial a miles de niños y niñas afectados en su derecho a la educación.Indicó que este proyecto es resultado de una participación activa de los niños y niñas en municipios priorizados de los mencionados departamentos, perturbados por la crisis migratoria que los ha mantenido fuera del sistema educativo colombiano. “Queremos contribuir a mejorar la educación, que sea de calidad, segura y con perspectiva de género que han sido afectados en esta situación de frontera”, mencionó López.Lucas Gómez, gerente de Frontera de la Presidencia, resaltó que con esta estructura innovadora presentada por la organización Save The Children se debe partir de la premisa de que hay que trabajar todos de la mano.“Hoy en día para tomar decisiones debemos estar basados en evidencias y eso se tiene que dar en conjunto con las autoridades. Hemos trabajado día a día, dándole línea a las agencias de cooperación para dar prioridad. Es valioso estos espacios donde ponemos sobre la mesa estos asuntos, el tema de la niñez y educación es significativo”, acotó Gómez en su participación. Por su parte, Marcel Lebleu, embajador de Canadá en Colombia, destacó que su país tiene un compromiso de ayudar a los países que acogen a los migrantes. Mencionó durante su intervención que están dispuestos a apoyar las estrategias del Gobierno Nacional y de los departamentos en pro del acceso de la niñez a la educación. “Es una buena muestra de lo que queremos hacer y seguiremos apostando por el sector de la educación”, dijo Lebleu.Hilse Aldana, representante de la Secretaría de Educación de Norte de Santander, indicó que la matrícula de niños, niñas y adolescentes venezolanos para estudiar en las instituciones, aumentó considerablemente. En 2020, contaban con 16.541 estudiantes y actualmente hay 17.146, distribuidos en Villa del Rosario, Los Patios, Pamplona y Sardinata.Sostuvo que una de las grandes barreras de acceso a la educación es la conectividad, por lo que trabajan con el ministerio Ministerio de Tecnologías la entrega de 800 computadores portátiles. Desean focalizar la población migrante porque además presenta otras dificultades como la carencia de material multigrafiado y la falta de compromiso de los padres.Reiteró que esperan lograr el objetivo del proyecto “El Mundo es mi Hogar”, de que la educación sea bajo un ambiente seguro para las niñas, niños y adolescentes.Martha Isabel Mejía, rectora del Colegio Manuel Antonio Rueda Jauregui, en Cúcuta, indicó que deben generarse alternativas para fortalecer el aprendizaje con el fin de garantizar el derecho a la educación.“Nuestro colegio está articulado con la Universidad de Pamplona para nivelar los estudios de las personas que se hayan atrasado. El 95% de los padres no tienen la preparación para poder apoyar a los niños en el acompañamiento pedagógico y hay que subsanarlo con proyectos de formación a la familia”, enfatizó. Danit Torres Fuentes, directora de la Calidad del Ministerio de Educación, recalcó durante su participación que no hay justificación para impedir el acceso a la educación a los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos. Reconoció que los desafíos son grandes, pero hay que encontrar condiciones de aprendizaje de calidad y equitativos.“Nos comprometemos con la Secretaría de Educación para acelerar el proceso de formación. El reto no es tecnológico, es pedagógico. La invitación es explorar, promover aprendizaje autónomo, como nos sirvió en la pandemia”, sostuvo Torres.Dayro Castro, representante del GIFMM, desarrolló cuatro ideas para fortalecer el trabajo articulado de respaldo al derecho a la educación, basadas en la construcción de consensos entre las partes y profundizar la comprensión de problemáticas para tomar decisiones acertadas. Subrayó que se debe armonizar las iniciativas provenientes de la cooperación internacional con autoridades y establecer un diálogo permanente con los padres y estudiantes para formar parte de las respuestas a situaciones adversas.