¿La Estampilla Pro-Educación es una salida real para atender los problemas que afrontan las escuelas rurales de Santander o es una nueva ‘carga tributaria’?
En las zonas rurales de Santander, nueve de cada diez sedes educativas presentan problemas de infraestructura. Hay cubiertas de asbesto-cemento, humedad, grietas, instalaciones eléctricas expuestas, baños deteriorados y estructuras que no cumplen con las normas de sismorresistencia.
Por citar un ejemplo, en el Colegio Nacional Universitario de Vélez, el deterioro de la infraestructura educativa dejó de ser un asunto que pueda resolverse únicamente con reparaciones menores. Los techos, los espacios físicos y las condiciones generales de la sede hacen parte de una realidad que, con distintas dimensiones, se repite en otros municipios de la región.
Por otro lado, en la Institución Educativa Aquileo Parra, de Barichara, que está prácticamente en ruinas, el panorama vuelve a poner sobre la mesa la misma pregunta: ¿cuánto les falta a las escuelas santandereanas para ofrecer condiciones dignas y seguras a sus estudiantes y, sobre todo, de dónde saldrán los recursos para lograrlo?
Vélez y Barichara son apenas dos nombres dentro de un problema que atraviesa buena parte del territorio departamental. La magnitud de esta problemática llevó a la Gobernación a plantear una alternativa de financiación de largo plazo: la creación de una Estampilla Pro-Educación de Santander, concebida como una fuente adicional de recursos para intervenir y mejorar la infraestructura de las instituciones oficiales.
La discusión cobró fuerza durante la socialización del diagnóstico de infraestructura educativa del departamento con rectores y directores rurales de los 82 municipios no certificados en educación, realizada la semana pasada.
El objetivo del evento era construir una hoja de ruta que permita establecer prioridades y, al mismo tiempo, identificar mecanismos de gestión y financiación para intervenir progresivamente las sedes que más lo necesitan.
Las cifras ayudan a entender por qué el problema trasciende la capacidad de una administración para resolverlo en el corto plazo.
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“En Santander -82 municipios no certificados en educación- contamos con 273 instituciones educativas oficiales, 2.300 sedes y 134.750 estudiantes”, señala Karina Araujo, secretaria de Educación Departamental.
De las 2.300 sedes, 1.998, equivalentes al 91,7 %, están ubicadas en zonas rurales. Allí estudia el 39,5 % de la matrícula total.
Es precisamente en esas zonas donde el diagnóstico adquiere sus dimensiones más críticas. Según la Secretaría de Educación, el 90% de las sedes rurales, es decir, 1.798, tiene infraestructura en mal estado. La situación impacta a 47.915 estudiantes.
A ese panorama se suma otro dato especialmente sensible: 1.598 sedes, el 80 %, todavía tienen cubiertas de asbesto-cemento, pese a que el uso de este material está prohibido en Colombia desde 2019.
Pero hablar de infraestructura deteriorada no significa solamente hablar de un techo que necesita ser cambiado.
El diagnóstico de la Secretaría de Educación describe grietas y humedad estructural en muros, techos y pisos; instalaciones eléctricas con cableado expuesto y sin protecciones básicas; estructuras construidas en adobe que presentan riesgos y no cumplen con la norma de sismorresistencia; ausencia de planes de evacuación; baterías sanitarias deterioradas o sin agua potable; restaurantes escolares sin condiciones adecuadas, y sedes que no cuentan con rampas ni con las adecuaciones necesarias para estudiantes con movilidad reducida.
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El resultado es una fotografía que pone en cuestión algo tan básico como las condiciones en las que miles de niños reciben sus clases. “No son casos aislados, es la condición ordinaria de las escuelas santandereanas”, sostiene Araujo.
Un problema que ya llegó a los tribunales
La dimensión del deterioro también puede medirse desde otro escenario: los juzgados. La Secretaría de Educación reporta 113 actuaciones judiciales relacionadas con las condiciones de infraestructura. De ellas, 53 corresponden a acciones de tutela, 44 a acciones populares y 16 a derechos de petición.
En conjunto, estas actuaciones involucran a 12.625 niños, niñas y adolescentes y representan, según el diagnóstico, un requerimiento de $ 152.729 millones.
La cifra revela que la infraestructura educativa dejó de ser exclusivamente un problema de mantenimiento, planeación o disponibilidad presupuestal. Las condiciones de las escuelas también están generando reclamaciones por la vía judicial.
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Es, en otras palabras, un problema que ya está teniendo consecuencias concretas para las comunidades educativas y que ha obligado a trasladar parte de la discusión a los tribunales.
En medio de este escenario, la Gobernación de Santander, encabezada por Juvenal Díaz Mateus, propone la creación de la Estampilla Pro-Educación de Santander.
El proyecto de ley que impulsa la administración departamental busca autorizar una emisión de hasta $ 800.000 millones, con una tarifa de hasta el 2 % sobre la base gravable que deberá definir la Asamblea Departamental.
La intención es que los recursos tengan una destinación específica y no se mezclen con otras fuentes de financiación pública. Para ello, el proyecto contempla un Fondo Cuenta Especial, separado de otros recursos y destinado exclusivamente a los propósitos definidos en la iniciativa.
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La proyección presentada establece un periodo de recaudo entre 2027 y 2038. De acuerdo con las cifras suministradas por la Secretaría de Educación, durante ese periodo se recaudarían $962.666 millones nominales, equivalentes a $816.776 millones a precios constantes de 2026.
Vale recalcar que el horizonte de 12 años es uno de los elementos centrales de la propuesta. La Gobernación plantea que las necesidades de infraestructura son demasiado grandes para depender exclusivamente del presupuesto disponible durante una sola administración. Por eso, la estampilla está concebida como una fuente de financiación que atraviese varios gobiernos.
Los 12 años previstos para el recaudo superarían dos periodos de gobierno departamental. Esa característica, sostiene el mandatario seccional, hace necesario contar con una Ley de la República que permita crear y garantizar la continuidad de esta fuente de recursos en el tiempo.
La propuesta también refleja un cambio en la manera de entender qué significa hoy tener una infraestructura educativa adecuada.
El proyecto incorpora dentro de este concepto elementos que van más allá de paredes, pisos, baños y cubiertas: electricidad, conectividad a internet, computadores, redes de datos, cableado estructurado y ambientes STEM.
La lógica es sencilla: una escuela puede tener un aula físicamente reparada, pero si carece de electricidad estable, conectividad o condiciones tecnológicas adecuadas, seguirá teniendo limitaciones para garantizar una educación acorde con las necesidades actuales.
El gran reto
El reto para Santander, por tanto, tiene dos dimensiones simultáneas. Por un lado, están las escuelas que necesitan resolver problemas básicos de seguridad, salubridad y habitabilidad. Por otro, está la necesidad de adaptar las sedes educativas a una realidad en la que la tecnología y la conectividad ya hacen parte de las condiciones necesarias para enseñar y aprender.
El diagnóstico deja así una cuenta pendiente que no se resuelve con una obra puntual ni con una reparación aislada. Son 2.300 sedes, 134.750 estudiantes y, según el reporte oficial, 1.798 sedes rurales en mal estado.
La estampilla propuesta por la Gobernación pretende convertirse en la respuesta financiera a esa problemática. Pero antes de que los recursos puedan convertirse en techos nuevos, baños funcionales, instalaciones seguras, espacios accesibles o aulas con conectividad, la iniciativa tendrá que superar el trámite legislativo que permita crearla.
Mientras tanto, en colegios como los de Vélez y Barichara, la discusión sobre cómo financiar las obras convive con una realidad mucho más inmediata: hay estudiantes que hoy están aprendiendo en instituciones que necesitan ser reparadas y no hay plata para arreglarlas.
DEBATIBLE: El dinero no es el verdadero obstáculo”
La experta en temas de región, Yany León, opina sobre la propuesta de la Estampilla Pro- Educación: “El gobernador argumenta que las graves deficiencias en la infraestructura educativa obedecen estrictamente a la falta de presupuesto. No obstante, el dinero nunca es el verdadero obstáculo: el fondo del asunto está en cómo definimos nuestras prioridades como sociedad. Que las escuelas carezcan de techos dignos o agua potable, es porque han sido relegadas al último lugar de la agenda estatal. Históricamente, recursos ha habido para ferias de turno y uno que otro traslado en helicóptero. En síntesis, ‘brillan’ la ineficiencia y la corrupción.
“De todas formas, bajo esa misma línea, es engañoso pensar que la creación de nuevas estampillas afectará el bolsillo de los contratistas. Ese capital se deduce directamente del valor que el Estado paga por las obras; es decir, proviene de los impuestos recaudados. Al final del día, cualquier inyección económica al presupuesto público tiene una única y misma fuente de financiación: el bolsillo de la ciudadanía”, puntualizó.
