A mediados de febrero de 2000, ocurrió una de las mayores masacres en la historia del país, una incursión armada planeada por los jefes paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con la colaboración de algunas autoridades.
Publicado por: Colprensa, Bogotá
Durante tres días, los paramilitares asesinaron a 63 personas y provocaron el desplazamiento de más de 4.000 personas, además de que destruyeron sus bienes y la infraestructura del corregimiento. Los hombres fueron obligados a aglomerarse en la cancha de microfútbol mientras presenciaban vejámenes en contra de sus familiares, amigos y vecinos. Las mujeres fueron víctimas de violencia sexual, luego de ser señaladas como compañeras sentimentales de miembros de la guerrilla.
Tras más de dos décadas de estos hechos, y luego de varias promesas de no repetición, la violencia ha regresado al municipio: volantes en los que se amenaza a varios líderes sociales o personas de la comunidad han aparecido en terrazas o en el interior de las viviendas.
Una habitante del lugar que pidió no ser identificada afirma: “lo más horrible de todo es sentir la presión de que se puede repetir lo que sucedió hace 21 años”. Añadió que desde hace un tiempo los grupos armados se han encargado de recordarles lo que paso en cada aniversario: “para el mes de enero cuando viene el tiempo de la conmemoración, siempre hay amenazas, el año pasado se metieron rayaron el pueblo y dejaron unos anuncios en el camino”.
No repetición
Desde que ocurrió la masacre, varios gobiernos le han prometido a la comunidad del Salado avanzar en la reparación integral, la reparación colectiva y la no repetición, pero, de acuerdo a Dámaris Martínez, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, existe un incumplimiento porque por un lado las indemnizaciones a nivel individual todavía no se han completado, “hay algunas personas que no la han recibido y otras que siguen a la espera de que puedan ser reparadas”.
Con respecto a la reparación colectiva dice que tampoco se ha cumplido del todo además de existen problemas en la atención psicosocial y en el alumbrado público del municipio sobre todo en las noches, lo que aumenta el miedo y permite que el mensaje se expanda rápidamente.
La Unidad de víctimas dice que se ha identificado a 133.145 personas como víctimas de la violencia en el municipio del Carmen de Bolívar. 92,94% son víctimas de desplazamiento forzado, 2,93% del homicidio de un familiar cercano, y el 1,04% de amenazas. En el Salado han sido indemnizadas 385 personas y se han entregado 116 indemnizaciones judiciales a 97 víctimas.
La entidad también asegura que para la reparación colectiva de la comunidad se ha hecho una inversión superior a los 510 mil millones de pesos para la implementación de 10 acciones, cinco de las cuales están en proceso de implementación, y cinco en gestión.
Hace algunas semanas, luego de que se conocieron los panfletos amenazantes, el presidente Iván Duque acompañado por el ministro de Defensa, Diego Molano, entre otros funcionarios, anunció un plan de aceleración de proyectos en seguridad e inversión social para la región de los Montes de María, luego de reunirse con representantes de la comunidad.
“Siempre prometen y no cumplen”, responde la habitante de El Salado.
