Revuelo ha causado la declaración de la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, sobre la visita de la CIDH, para revisar la situación de los presuntos abusos de la fuerza pública.
Publicado por: Colprensa, Bogotá
El viaje que la canciller y vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, hizo en los últimos días a Washington, Estados Unidos, puso en evidencia una aparente contradicción en el Gobierno sobre la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, visite al país.
Aunque la funcionaria se reunió con los miembros de la Comisión y mostró su disposición a entregar toda la información que se requiera sobre lo ocurrido en el casi un mes de paro nacional y en especial respecto de las denuncias de presuntos excesos de la Fuerza Pública que se han registrado en varias ciudades del país, es la posibilidad de que ese organismo visite el país lo que ha provocado una respuesta más ambigua por parte del Gobierno.
En un primer momento, la vicepresidente dijo, antes de reunirse con la CIDH, que la visita era bienvenida, pero más adelante.
“Tenemos una solicitud de la CIDH y del secretario Almagro para visitar Colombia. Nosotros lo que hemos dicho es que consideramos que todas las visitas (son) bienvenidas, pero esperamos que los organismos de control acaben de hacer su tarea: investigar cada uno de los casos y organizar que las próximas visitas, la del secretario, a quien le hemos dicho que todavía no, como la CIDH (...)”.
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Sus declaraciones fueron interpretadas como una negativa a la visita de la Comisión, teniendo en cuenta que las investigaciones de los organismos de control pueden tardar meses o incluso años. De inmediato, se armó revuelo en el país, pues solo Venezuela se ha negado a recibir a la CIDH. Ecuador y Chile, en situaciones similares, lo han permitido. La comisión no puede visitar un país si no hay un permiso del gobierno del país.
Sin embargo, ayer luego de reunirse con su equipo de la Cancillería, la vicepresidenta publicó un comunicado que contenía una declaración con matices muy diferentes.
Para Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, estos cambios en el discurso del gobierno obedecen a que hay miembros radicales de la coalición de gobierno y del Centro Democrático que se sienten enemigos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Un ejemplo de esa aversión es Alejandro Ordóñez, pues no es nuevo que él ha despotricado del sistema de Derechos Humanos al que considera un instrumento del progresismo y la izquierda. Yo no creo que algunas personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe vean con buenos ojos lo que ha hecho la Corte, por ejemplo, por las posiciones que ha asumido frente al Estado colombiano en la masacre de Mapiripán, la masacre de Trujillo, la violación en el caso de Jineth Bedoya. Lo que ha hecho el sistema general, tanto Comisión como Corte, es poner en evidencia la precarísima situación de Derechos Humanos en Colombia y eso al uribismo le pone el dedo en la llaga”, explicó.
Por otro lado, Sandra Botero, profesora de la facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, indicó que en este asunto el gobierno ha cometido muchos errores en materia de manejo internacional, pero Colombia sigue siendo considerada una democracia.
“A nuestro país todavía le importa lo que diga la comunidad internacional porque nosotros tenemos todavía un maltrecho acuerdo de paz que depende de un montón de cooperación internacional. El presidente Duque ha sostenido a esos países que sí está cumpliendo el acuerdo. A ratos ellos juegan a una postura de desconocer el sistema interamericano, pero debido a que hay mucha presión internacional sobre Colombia tienen que recular”, explicó Botero.
