El desplazamiento forzado masivo incrementó el año pasado en el país: 54.665 personas tuvieron que salir de sus hogares por este flagelo. La Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por el incremento de estas cifras.
Publicado por: L.R.
Durante el año pasado, hechos como el desplazamiento forzado y los confinamientos incrementaron en Colombia. En un balance presentado por la Defensoría del Pueblo se conocieron más cifras sobre estos hechos de violencia que afectaron a miles de colombianos.
Uno de los puntos más críticos fue el incremento del 7 % en la cantidad de eventos de desplazamiento forzado frente al 2022. Según la Defensoría, en 2023 se presentaron 154 eventos de este tipo en el país.
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“Muy lejos de disminuir, el desplazamiento forzado masivo es una realidad que en Colombia sigue aumentando y no tiene el impacto mediático como en otros países. En nuestros territorios se repite, dejando un dolor familiar y un daño social difíciles de solucionar.”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La disputa entre grupos armados por el control territorial es la principal causa de este tipo de eventos durante 2023. “Los combates alcanzaron un nivel de afectación considerable debido a las alianzas entre diferentes estructuras armadas al margen de la ley para obtener una hegemonía en el control territorial”, precisó la Defensoría sobre este tipo de situaciones.
En sus declaraciones, el defensor Camargo hizo un llamado de atención y reveló que en 2023, “fueron 54.665 personas las que debieron abandonar sus hogares como víctimas de este flagelo, en 17 departamentos”.
Precisamente, Nariño fue el departamento más afectado por el desplazamiento con 58 eventos, que impactaron a 9.445 familias, integradas por 23.483 personas. Según la Defensoría, en ese listado siguen Chocó, con 19 eventos; Valle del Cauca, con 16; Antioquia, con 15; Cauca, con 13, y Bolívar, con nueve
personas fueron víctimas de desplazamiento en el año 2023
¿Qué se debe hacer?
La Defensoría del Pueblo también advirtió que además de la atención a las víctimas se debe trabajar en medidas preventivas para frenar este tipo de actividades.
En esa revisión, el Ministerio Público reveló que el aumento de cultivos ilícitos ha sido otro componente clave para la disputa territorial entre grupos armados.
Estos hechos, planteó la Defensoría, generan homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, entre otras vulneraciones a los derechos humanos.
“Esto se hace frenando las acciones violentas de los grupos armados ilegales en los territorios que afectan a las comunidades, como la expansión de cultivos de uso ilícito, la disputa territorial, los asesinatos, secuestros, extorsiones, trata de personas, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, amenazas a líderes sociales y defensores derechos humanos y homicidios de firmantes de paz”, dijo el defensor Camargo.
