La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión por un término de tres meses al canciller Álvaro Leyva Durán por el escándalo de la polémica licitación de pasaportes. De igual forma abrió una nueva investigación en su contra con compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación.
Publicado por: Arley Sánchez
En la tarde de este miércoles, 7 de febrero, la Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión por tres meses del canciller Álvaro Leyva Durán, en medio del proceso disciplinario en su contra por la millonaria licitación de pasaportes.
"La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional por tres meses ordenada contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, proferida el pasado 24 de enero de 2024 por la Sala de Instrucción Disciplinaria, por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes", confirmó el Ministerio Público.
De igual forma, el órgano disciplinario señaló que se abrió otra investigación en contra del Canciller, toda vez que no ha acatado la decisión del Ministerio Público y ha continuado firmando documentos a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores.
"El Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional, a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata", afirmó el despacho de Margarita Cabello Blanco.
Entre tanto, también realizó compulsa de copias a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que se evalúe si el posible comportamiento del Ministro de Relaciones Exteriores constituye alguna conducta penal que amerite ser investigada por esa entidad.
La suspensión del Canciller
La Procuraduría General de la Nación resolvió suspender y apartar del cargo por tres meses al ministro de Relaciones Exteriores y Canciller, Álvaro Leyva Durán, debido a presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes.
A finales del 2023 la Cancillería avanzaba con una millonaria licitación para imprimir los pasaportes en Colombia. Sin embargo, tanto la Procuraduría como la Contraloría alertaron sobre las presuntas irregularidades que tenía el proceso, el cual estaría direccionado.
En diciembre del año pasado, el Ministerio Público hizo una inspección en la sede de la Cancillería en medio del proceso disciplinario que se abrió en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán.
Las controversias por la millonaria licitación, que fue declarada desierta, generaron una demanda por parte de la empresa Thomas And Sons que quería quedarse una vez más con el contrato para pasaportes. Tras la decisión de la Cancillería, la empresa demandó al Estado que tiene en este momento enfrentado al Gobierno con el licitante.
En la mañana del pasado 6 de noviembre, la saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, llegó a las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación para declarar en medio de una investigación en contra del canciller Álvaro Leyva Durán.
"Martha Lucía Zamora acudió este miércoles a la Procuraduría para declarar en el caso de la no adjudicación del contrato de pasaportes en la investigación que cursa contra el canciller Álvaro Leyva", afirmó el Ministerio Público.
Dicha diligencia se dio luego de que la misma Zamora declarara también ante la Fiscalía General de la Nación, tras denunciar que en París se habría reunido el hijo del Canciller, Jorge Leyva, con presuntos intereses en la adjudicación del millonario contrato para pasaportes.
"Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción citó y escuchó en declaración juramentada a la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora Ávila, como parte de una indagación que se sigue por las presuntas irregularidades en el proceso licitatorio realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores para seleccionar el contratista que se encargaría de la elaboración de pasaportes en el país", afirmó el ente acusador.
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La diligencia se llevó acabo un día después de que se conociera la renuncia de la funcionaria que incluso estuvo sonando para volver a la Fiscalía, como ternada para que la Corte Suprema de Justicia elija jefe del búnker de investigación.
La Fiscalía también sostuvo que el fiscal del caso dispuso de varias actividades investigativas para verificar si alguna de las actuaciones relacionadas con la referida licitación constituye una conducta delictiva. En ese sentido, en el marco de su autonomía e independencia, tomará las decisiones de carácter penal en contra de los funcionarios o particulares que corresponda.
