Kerlin Murillo hizo pública la violencia racista que ella y sus hijos enfrentaron en Boyacá. Aunque Francia Márquez tomó interés en el caso, la presunta víctima siente que el Gobierno la ha abandonado tras un año sin progresos significativos.
Publicado por: Karol González
La violencia racial dirigida contra una familia afrocolombiana en los municipios de Paya y Chita, en Boyacá, generó un gran impacto en el país a finales de 2022.
Kerlin Murillo, quien trabaja como profesora en instituciones educativas públicas, relató que ella y sus dos hijos, de 5 y 9 años en ese momento, fueron objeto de maltrato, acoso y discriminación. Murillo incluso informó a la revista Semana que sus hijos habrían sufrido abusos sexuales en varias ocasiones, lo que les causó graves daños tanto físicos como mentales.
El caso provocó una ola de indignación en Colombia y condujo a manifestaciones en repudio a lo sucedido. Francia Márquez, la vicepresidenta del país, tomó la iniciativa en este asunto y se comprometió a brindar apoyo a la familia afrocolombiana para garantizar la restitución de sus derechos.
“El racismo mata, daña familias y sociedades. Rechazo absoluto a todo tipo de violencia racista, es nuestro compromiso luchar contra este flagelo, que existe con fuerza en nuestro país y no nos permite vivir en paz y dignidad. Solicito a la Fiscalía investigar este caso”, publicó Márquez en sus redes sociales, lo cual fue replicado en varios medios de comunicación.
La Vicepresidencia se hizo cargo del alojamiento de la familia en Bogotá, después de que se revelara el brutal maltrato que habían sufrido en Boyacá. Sin embargo, el apoyo de Márquez y su equipo fue breve, ya que la familia sigue siendo objeto de revictimización y vive en condiciones de extrema pobreza. Kerlin Murillo expresó nuevamente su decepción con la vicepresidenta Francia Márquez, quien, según ella, la dejó sola después de anunciar públicamente su solidaridad con la situación.
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“Quiero decirle que realmente me siento desilusionada. Siento una profunda desilusión como mujer afro, como trabajadora colombiana, como madre cabeza de hogar. Lo único que esperaba era que en mi caso se hiciera justicia, pero se le permitió a la institucionalidad colombiana vulnerarnos y revictimizarnos en todo momento”, le expuso Murillo a la revista Semana.
Aseguró que los dejaron solos: “No hubo el acompañamiento, el caso se tomó como un caso mediático. Tengo la edad suficiente para entender cuando se me ha engañado. Me siento engañada”.Y dijo que esperaba más de Márquez, “más allá de una llamada”. Manifestó que la decepción va más allá, dado que la profesora votó por la vicepresidenta en elecciones.
Murillo afirmó que su situación no ha mejorado desde que Márquez anunció su intervención para resolver el problema. "Recibí una llamada de la vicepresidenta mostrando solidaridad con nuestra situación, pero eso fue todo. Llegamos a Bogotá en diciembre y presentamos denuncias formales ante la Fiscalía y la Procuraduría. También visitamos varios ministerios, como Educación e Interior", explicó.
La Vicepresidencia se encargó de cubrir los gastos de alojamiento de la familia en Bogotá hasta el 21 de diciembre de 2022, fecha en la que les proporcionaron boletos para viajar a Apartadó, Antioquia. Según Murillo, en Apartadó contaba con un círculo de apoyo que le ayudaría a superar la situación. A pesar de estar sin trabajo y recursos, como madre soltera aceptó el traslado basándose en las promesas del Gobierno.
“Nos fuimos con la promesa de que la Unidad Nacional de Protección nos iba a pagar el arriendo y que la Unidad para las Víctimas se iba a encargar de la alimentación. Así me lo dijeron desde la Consejería Presidencial, desde el Ministerio del Interior, estando con la doctora Clara Valdez”, dijo Murillo, refiriéndose a una asesora de Carabalí.
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Apartadó, con la falta de ayuda prometida por el Gobierno, siguió siendo un infierno para la familia: “Nos engañaron, tocó pasar por múltiples vicisitudes. No teníamos dónde vivir, pero por el estudio de riesgo de la UNP tuvimos que irnos a Apartadó. Pasé trabajo, aguanté hambre. Abandono estatal”.
De acuerdo con Murillo, se vio obligada a pedir limosna en las calles, y sus hijos no pudieron asistir a la escuela debido a problemas en el proceso de traslado. Además, a pesar de haber ganado el concurso de méritos y de que el Ministerio de Educación le prometió ayuda, ella tampoco pudo ser transferida oportunamente como profesora a Apartadó.
Debido al traslado, la familia tampoco tuvo acceso a servicios de salud durante casi un año. Uno de los niños tiene discapacidades, ambos necesitan atención psiquiátrica, y la profesora afirma tener cáncer, el cual, según los registros médicos obtenidos por este medio, no fue tratado durante varios meses.
“Parecíamos inmigrantes. Calle para arriba, calle para abajo. Los niños, sin estudiar por estar bloqueados en el sistema integrado de matrícula, Simat”, dijo. La situación la llevó a solicitar ayudas en semáforos y a trabajar en una finca bananera: “Todo se me iba en arriendo y alimentación. También perdí una vivienda en Medellín”.
En informes conocidos por revista Semana, se supo que la madre envió derechos de petición y cartas a la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Apartadó y el Ministerio de Educación para poder ser trasladada, pero fue una tutela, que falló a su favor el pasado 15 de enero de 2024, la que exigió que se realizara el movimiento.
El caso de Kerlin fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ella afirmó haber hablado con sus representantes. Según la profesora, el Gobierno nacional informó que el problema estaba resuelto.
Mientras esto sucedía, el procurador delegado para asuntos étnicos envió comunicaciones al ICBF, al Ministerio de Educación y a la Unidad Nacional de Protección para conocer qué se había hecho en favor de la familia. Según Murillo, ninguna entidad ha restituido sus derechos. "Mis hijos apenas empezaron el proceso de restablecimiento de derechos este año a cargo de la Comisaría de Apartadó", señaló.
En la actualidad, Kerlin trabaja como maestra de preescolar en una institución educativa en Apartadó, tratando de seguir adelante y dejar atrás las terribles experiencias vividas en Boyacá. Aunque su hijo menor se ha adaptado fácilmente a su nuevo colegio, su hijo mayor aún lidia con las secuelas del maltrato que sufrió.
Murillo ha intentado comunicarse con Francia Márquez después de las llamadas que recibió cuando la vicepresidenta tomó el tema, pero no ha recibido respuesta. Incluso, en algunos mensajes expresó su admiración por Márquez: "Dios la bendiga y nuestros ancestros la protejan siempre, gracias por ser como es", le dijo en octubre de 2023, pero no obtuvo respuesta.
Agradece a entidades como la Defensoría del Pueblo por apoyarla, pero insta a la Fiscalía a tomar acciones, ya que no ha habido avances concretos con respecto a quienes ella señala como responsables del maltrato y abuso sufrido por sus hijos.
Una familia afrocolombiana, a la cual la vicepresidenta prometió representar en el poder, parece estar siendo ignorada por el Gobierno nacional. Semana contactó a la Vicepresidencia de la República para obtener información sobre la situación de la profesora y sus hijos, pero hasta el cierre de esta edición no recibieron respuesta.
