“La presencia y acciones de las estructuras armadas ilegales no pueden seguir poniendo en riesgo a la población civil”: Defensoría del Pueblo.
Publicado por: K.M.
Un nuevo episodio de violencia ha sacudido el Valle del Cauca. Según informó la Defensoría del Pueblo, 60 familias pertenecientes a la comunidad afro Joaquincito Libre del consejo comunitario de la cuenca del río Naya han sido desplazadas de su territorio hacia la zona urbana de Buenaventura.
Esto, debido al accionar de la Columna Móvil Jaime Martínez, del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Además, otras 65 familias del resguardo indígena Epedara Siapidara han tenido que confinarse para salvaguardar sus vidas.
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La Defensoría del Pueblo también reportó que una tercera comunidad, ubicada en el sitio conocido como Chamuscado, está en proceso de desplazamiento debido a las actividades violentas de la disidencia Jaime Martínez.
En respuesta a esta grave situación, la Defensoría reiteró la necesidad de que las instituciones competentes acaten las recomendaciones formuladas en su Alerta Temprana 039 de diciembre del 2023.
Asimismo, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que, en coordinación con las autoridades del departamento del Valle del Cauca y del Distrito Portuario de Buenaventura, implementen acciones inmediatas para proteger a la población afectada.
Llamamos la atención de los entes y autoridades nacionales y territoriales para atender la emergencia humanitaria por el desplazamiento de unas 60 familias de Joaquincito Libre del consejo comunitario del Río Naya hacia el casco urbano de Buenaventura. pic.twitter.com/VgUDy9VnEO
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) July 14, 2024
La entidad de Derechos Humanos subrayó la urgencia de proporcionar ayudas humanitarias de emergencia a los núcleos familiares confinados y a todas las personas desplazadas, con el fin de garantizar sus derechos fundamentales, como la vida, integridad, salud, alimentación, libre movilidad y trabajo.
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“La presencia y acciones de las estructuras armadas ilegales no pueden seguir poniendo en riesgo a la población civil. Es imperativo que las fuerzas de seguridad del Estado intensifiquen su presencia y protección en las zonas más afectadas por el conflicto, donde los actores armados buscan sembrar miedo y zozobra a través de sus acciones bélicas y el control territorial y social”, concluyó la Defensoría del Pueblo.
Con información de Colprensa.
