La decisión de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia de incluir en la reforma a este sector un artículo que reducía penas a violadores y asesinos de niños había puesto en ‘jaque’ el documento. Esta iniciativa ya fue retirada.
Una proposición firmada por más de 120 congresistas de varias bancadas fue el campanazo para el Gobierno Nacional que alertaba sobre el riesgo de naufragar de la reforma a la justicia, por el polémico artículo que buscaba reducir las penas para violadores y asesinos de niños que aceptaran los cargos.
Esa proposición pedía eliminar el Artículo 7 o de lo contrario no permitirían que el documento fuera aprobado ni siquieras en la Comisión Primera del Senado, por la cual se iniciará el trámite legislativo que tendrá varios reparos por parte de las diferentes bancadas.
Con las críticas que recibió ese artículo el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación acordaron retirarlo del documento para que de esta forma no se viera en riesgo la reforma como lo aseguraron varios de los opositores que incluso son cercanos al Gobierno Nacional.
“Tener la iniciativa de reducir las penas de abusadores, violadores y asesinos de niños es la mayor demostración de lo podrido que está este Gobierno”, afirmó el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Villamizar, quien junto a otros 100 congresistas firmaron la proposición que finalmente fue admitida por el Gobierno Nacional.
Mientras en el Legislativo empezaba una dura oposición a este artículo de la reforma a la justicia, la fiscal general Luz Adriana Camargo salió en defensa, aunque aseguró que este no era ‘camisa de fuerza’ y estaban dispuestos a ceder. “No tenemos ninguna postura radical, ni en el Artículo 7 ni en ningún otro artículo. Estamos escuchando razones, que pueden ser válidas de lado y lado. Hay opiniones divididas entre los mismos ponentes y quedamos en una hoja de ruta muy sensata: con base en lo que hemos escuchado vamos a realizar unas observaciones para el examen de los ponentes”.
Pero la postura de la jefa del ente acusador en ese momento fue respaldada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gersson Chaverra, quien considera que este beneficio llevaría a los criminales a reconocer sus delitos para de esta manera solicitar esta reducción de hasta el 25 % en la pena.
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“Lo que disuade al delincuente no son las penas de 50, de 40, de 30 años abstractas. Lo que a él lo anima en la ejecución delictual es saber que esa pena por alta que sea no se le va a aplicar. En cambio, si nosotros a través de un proceso penal abreviado logramos la aplicación efectiva de una pena codigna a la gravedad del delito, seguro que el efecto va a ser más positivo para la comunidad, para la sociedad y para la víctima”, dijo el presidente del alto tribunal.
De acuerdo con el magistrado, la imposición de una pena real, y no abstracta, refiriéndose a penas de 40 y 50 años que no terminan cumpliendo, ayudaría a disminuir la comisión de estos delitos, con efectos “positivos para la comunidad”.
“Esa efectividad de una pena impuesta en un plazo razonable sí va a disuadir la comisión del delito (...) logramos el efecto de la prevención especial de sacar a ese delincuente que afectó la dignidad y la libertad de un menor de edad del entorno social, que muchas veces es la propia familia, y no lo que está pasando ahora, que cometen ese tipo de delitos y a los seis meses vuelven otra vez a ese entorno”, añadió el presidente Chaverra.
