Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos deberán responder por estos crímenes. Los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad o rechazar los cargos. Si aceptan, se convocará una Audiencia de Reconocimiento de Verdad.

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exmiembros del Secretariado de las Farc-EP por su responsabilidad en crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento y el abuso de niños y niñas.
Según el auto, los señalados son Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos.
La magistratura los responsabiliza de cinco patrones de macrocriminalidad en los que habrían incurrido, entre ellos torturas, homicidios, y violencias sexuales y de género en el contexto de la vida intrafilas. Lea también: Estas son las razones de la Corte Suprema de Justicia para negar la libertad a Salvatore Mancuso, designado como Gestor de Paz.
Sin embargo, la Sala determinó que Rodrigo Granda, quien fue suplente del Secretariado, no participó en la definición ni en la implementación de políticas relacionadas con la incorporación de personal ni en el manejo de la vida interna de la guerrilla, razón por la cual no fue imputado en este proceso.
Declaración y rueda de prensa: Presidente de la JEP y Sala de Reconocimiento de Verdad sobre crímenes contra menores por parte de las Farc-EP
Según el Universo Provisional de Hechos (UPH) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre los años 1971 y 2016, al menos, 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las antiguas Farc-EP en todo el país, salvo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los registros señalan una recurrencia de estos hechos entre 1996 y 2016, con picos en 1999, 2002, 2007 y 2013. Lea también: Presidente Petro reaccionó a decisión de la justicia en caso Santiago Uribe: “no puede quedar en la impunidad”
El análisis revela, además, que el 30 % de las víctimas en el UPH tenía 14 años o menos al ser reclutadas, y esta cifra asciende al 64 % en los registros de víctimas acreditadas ante la JEP.
Los menores de entre 15 y 17 años representaron el 70 % de las víctimas en el UPH y el 34 % de los casos de las víctimas acreditadas. Este patrón afecta a todos los bloques de la exguerrilla, revelando la dimensión nacional de esta práctica.
Sobre la decisión, también se conoció que, en la ocurrencia de estos hechos, se pudo identificar que fue un “fenómeno complejo y multicausal”, el cual se dio aprovechando en contexto de las víctimas, localizadas en zonas rurales, de pobreza y ausencia del Estado.
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“Aunque la política formal y expresa de la organización armada prohibía el reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años, la evidencia indica que el reclutamiento, incluso de personas menores de 15 años, fue un fenómeno sistemático, no aislado ni esporádico”, aseguró la comunicación presentada por la JEP.

¿Qué sigue en el proceso que deben afrontar los excomandantes de las Farc-EP por crímenes contra menores de edad?
Los seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP imputados por estos crímenes, tienen a partir de la fecha 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad, o rechazarlos. Durante este período, también podrán presentar pruebas adicionales.
Las víctimas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar observaciones. Si hay reconocimiento, se convocará una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, con la participación de las víctimas.
En caso de que los imputados nieguen su responsabilidad, el caso se remitirá a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), y podrían enfrentar un juicio que implique hasta 20 años de cárcel.
















