La Sección Segunda del Consejo de Estado anuló la sanción de destitución e inhabilidad por 20 años impuesta en 2014 por la Procuraduría General de la Nación al exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra.
Publicado por: Redacción Nacional
La Sección Segunda del Consejo de Estado anuló la sanción de destitución e inhabilidad por 20 años impuesta en 2014 por la Procuraduría General de la Nación al exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra. La decisión fue ordenada durante la administración de Alejandro Ordóñez Maldonado por los presuntos nexos del político caucano con el paramilitarismo. Además: Hijo del general Rincón murió por impacto de bala en corazón y pulmones, revela la necropsia
La decisión judicial, adoptada el pasado 6 de junio bajo la ponencia del magistrado César Palomino, actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se fundamentó en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, sobre el caso Petro Urrego Vs. Colombia.
Lo cierto, es que en el marco de la controversia por los derechos políticos de los funcionarios de elección popular, se conoció que esta decisión que pasó desapercibida por meses.
Martínez, oriundo de Timbiquí, Cauca, fue elegido senador en 2002 bajo el Movimiento Popular Unido y recibió en aquella oportunidad el respaldo del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, según las investigaciones. Por estos hechos, fue condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia a siete años y seis meses de prisión, condena que ya cumplió.
El fallo señaló que la sanción contra Juan Carlos Martínez Sinisterra restringió sus derechos políticos
Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado invalida las sanciones disciplinarias al considerar que la Procuraduría no tiene facultades para destituir a funcionarios elegidos popularmente, en línea con los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos, Cadh.
En su sentencia, el magistrado Palomino argumentó que la sanción de Martínez Sinisterra violó el artículo 23 de la Cadh al restringir sus derechos políticos. Además, ordenó la eliminación de todos los registros disciplinarios relacionados con el caso. Le interesa: Caso Juan Felipe Rincón: una amiga reveló detalles de la vida del hijo del Inspector de la Policía
“La Sala encuentra suficiente motivación para anular los fallos disciplinarios acusados, por cuanto la sanción disciplinaria impuesta conllevó la restricción de los derechos políticos del demandante”, indicó el fallo.
Este pronunciamiento del alto tribunal se suma a una creciente lista de decisiones en las que el Consejo de Estado ha desestimado sanciones impuestas por la Procuraduría, agitando el debate sobre las competencias de este organismo y su papel en la política disciplinaria en Colombia.
Con resumen de agencias.
