Con nueve jefes de bandas criminales como voceros de su política de ‘paz total’, el presidente Gustavo Petro protagonizó un evento sin precedentes en Medellín. El acto reabre el debate sobre la legitimidad del diálogo con estructuras del crimen urbano.
Publicado por: Redacción Colombia
La escena fue insólita: en pleno corazón administrativo de Medellín, bajo el sol ardiente de la Plazoleta de La Alpujarra, el presidente Gustavo Petro se subió a una tarima rodeado de algunos de los nombres más temidos del crimen urbano en Colombia. No estaban allí esposados ni escondidos tras escudos antimotines. Estaban de frente, algunos con chaqueta y gafas oscuras, otros de pie con expresión solemne. Nueve jefes de bandas criminales del Valle de Aburrá, entre ellos alias Douglas, Carlos Pesebre y Tom, fueron presentados como “voceros de paz”.
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El evento, convocado oficialmente como “Un pacto por la paz urbana”, es quizás uno de los actos más simbólicos, controversiales y políticamente explosivos que ha protagonizado el jefe de Estado en su mandato. Para sus detractores, fue un espectáculo inadmisible de legitimación al crimen organizado. Para Petro, fue una muestra concreta del poder de la política para transformar la violencia en diálogo.
Desde que el Gobierno Nacional anunció el evento, el ambiente en Medellín se tornó tenso. A la convocatoria no asistieron ni el alcalde Federico Gutiérrez ni el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ambos abiertamente críticos de la estrategia de paz del Gobierno. Tampoco hubo presencia institucional de las fuerzas militares o de la Fiscalía. La escena fue copada por funcionarios del Ejecutivo, delegados del Alto Comisionado para la Paz y miembros del Inpec, que trasladaron bajo custodia desde la cárcel de Itagüí a los cabecillas invitados.
Petro, micrófono en mano, justificó su decisión: “Estos hombres, que han sido líderes del crimen, hoy están aquí asumiendo una decisión de paz. Mientras otros sólo piensan en la guerra, nosotros creemos en la transformación”.
El presidente también aprovechó el acto para defender su idea de convocar una Asamblea Constituyente. “Colombia necesita un nuevo pacto social”, dijo, mientras sostenía que los acuerdos de paz, como el que plantea en las ciudades, requieren reformas profundas al modelo político y económico del país.
¿Hacia dónde va la paz urbana de Petro?
La presencia de figuras como Douglas (Érickson Vargas Cardona), antiguo líder de la Oficina de Envigado, o Carlos Pesebre, ligado durante años a la red de extorsión en barrios como Robledo y Belén, provocó indignación inmediata entre víctimas y líderes comunitarios.
“¿Dónde están las madres de los jóvenes asesinados por estas estructuras? ¿Dónde están las garantías de verdad, justicia y reparación?”, preguntó una líder barrial que prefirió mantener su nombre en reserva por razones de seguridad.
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Los voceros criminales, por su parte, no hablaron. Sus mensajes fueron leídos por funcionarios del Gobierno, quienes señalaron que desde hace más de un año estas estructuras han mantenido una tregua en la ciudad, disminuyendo significativamente las tasas de extorsión y homicidios.
El alcalde Gutiérrez fue el primero en reaccionar: “Mientras yo los capturo, el presidente los sube a una tarima. Este no es un pacto por la paz, es un pacto con la ilegalidad”. El gobernador Rendón fue más allá y advirtió que se está rompiendo el orden constitucional al negociar con actores que no han dejado las armas ni han asumido responsabilidades penales.
Desde Bogotá, figuras como el expresidente Álvaro Uribe y el líder liberal César Gaviria también levantaron la voz. Gaviria, en particular, señaló que el evento revive el fantasma del “Pacto de La Picota”, haciendo referencia a las denuncias de que sectores del crimen buscan condicionar procesos institucionales a cambio de beneficios.
La Defensoría del Pueblo, si bien no rechazó el evento, sí expresó preocupación por la falta de articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales. “No puede haber procesos de paz urbana que no estén anclados a las víctimas, a la institucionalidad y a una ruta clara de justicia transicional”, dijo la defensora Iris Marín.
Analistas políticos y académicos no tardaron en reaccionar. Juan Nicolás Garzón, profesor de la Universidad de La Sabana, advirtió que el acto fue más un acto de propaganda política que un avance técnico en los procesos de paz: “Este tipo de simbolismos pueden ser eficaces en términos de narrativa, pero peligrosos si no hay estructura detrás. ¿Qué garantías tienen los ciudadanos? ¿Qué pasa si estos voceros reinciden?”.
Desde el Gobierno, el Alto Comisionado para la Paz defendió la iniciativa. Aseguró que ya hay un marco jurídico aprobado por la ley 2272 de 2022 para avanzar en la paz total, que incluye diálogo con estructuras armadas de carácter urbano, y que todos los procesos se están realizando conforme a la legalidad.
Mientras tanto, Medellín sigue dividida. En algunos barrios, donde las extorsiones han disminuido, se respira cierto alivio. En otros, reina la desconfianza. Lo cierto es que, con este acto, Petro volvió a poner la paz total en el centro del debate nacional, pero lo hizo a un altísimo costo político.
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“En nombre de la paz no todo se puede justificar”, repiten muchos desde la academia y la sociedad civil. Pero Petro no da marcha atrás. Su apuesta es ambiciosa, arriesgada y profundamente polémica. El evento en La Alpujarra no fue sólo una tarima: fue una declaración de principios, una confrontación entre dos modelos de seguridad y una nueva fase en la historia reciente del conflicto urbano colombiano.
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