Un informe de la Red Nacional de Mujeres revela que las defensoras ambientales en Antioquia, Cauca y Nariño enfrentan amenazas constantes, violencias múltiples y una débil respuesta del Estado.
Publicado por: Redacción Colombia
La Red Nacional de Mujeres presentó el informe Mujeres en Resistencia, un estudio que revela los riesgos extremos que enfrentan las lideresas ambientales en Colombia, especialmente en Antioquia, Cauca y Nariño, regiones atravesadas por la riqueza natural y por la violencia estructural.
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La investigación, realizada con el apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Noruega en el marco de la iniciativa ProDefensoras, contó con la participación de 84 mujeres defensoras de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Todas coinciden en un diagnóstico común: defender la tierra en Colombia significa exponerse no solo a amenazas externas, sino también a violencias cercanas y cotidianas.
El estudio muestra que en departamentos como Nariño y Cauca el 93% y 92% de los riesgos identificados en años anteriores siguen vigentes, con alta probabilidad de ocurrencia. En el Bajo Cauca antioqueño, la situación es similar: los grupos armados, algunas empresas mineras, autoridades locales e incluso actores comunitarios se suman a la lista de quienes hostigan y violentan a las defensoras.
Los testimonios recopilados hablan de hostigamientos, amenazas, intentos de feminicidio, desplazamientos forzados y desapariciones, todo ello con escasa atención estatal. “Las agresiones no vienen solo de actores armados o empresas. También enfrentamos obstáculos dentro de nuestras comunidades, en nuestras familias e incluso en los espacios organizativos”, reconoció una lideresa entrevistada.
El informe documenta que, además de la violencia física, las mujeres defensoras sufren violencia psicológica, económica, digital e institucional. La estigmatización, la criminalización y la persecución buscan deslegitimar su liderazgo. Incluso la pérdida ambiental incrementa la carga de trabajo de las mujeres, afectando su autonomía económica y exponiéndolas a nuevas formas de violencia de género.
“Es imprescindible garantizar que las mujeres accedan a la titularidad de la tierra. Este es un paso fundamental para la igualdad de género y para reconocer su rol como productoras y cuidadoras del territorio”, afirmó Susana Mejía, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres.
La representante adjunta de ONU Mujeres en Colombia, María Inés Salamanca Vidak, fue contundente: “Las agresiones que enfrentan las defensoras no son incidentes aislados, sino parte de un patrón estructural que vincula control territorial, conflicto armado, despojo ambiental y prácticas patriarcales que buscan acallar sus voces”.
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En la misma línea, el embajador de Noruega en Colombia, Nils Martin Gunneng, insistió en que “la violencia contra las mujeres que defienden sus territorios y comunidades debe cesar”, y urgió al Estado a acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, del Plan Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad y del Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.
El informe concluye con un mensaje claro: la defensa de la tierra no es solo tarea de quienes habitan los territorios, sino de toda la sociedad. Proteger a las mujeres que defienden el ambiente es también proteger la vida, el agua y la posibilidad de un futuro digno.
“Si asesinan a las mujeres, no hay quien riegue las plantas”, dijo una lideresa de Nariño. Su frase resume la urgencia de respaldar a quienes, entre amenazas y silencios, siguen cuidando lo que nos sostiene a todos.
