El helicóptero atacado en Amalfi pertenecía a EE. UU. Federico Gutiérrez pedirá la extradición de los responsables de la muerte de 13 policías.
Publicado por: Redacción Colombia
El helicóptero derribado en Amalfi, Antioquia, que dejó como saldo la muerte de 13 policías, no era propiedad de Colombia, sino de los Estados Unidos. Así lo confirmaron autoridades nacionales tras la visita de una delegación del FBI al país, lo que abre la puerta a nuevas acciones judiciales contra los responsables.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que solicitará al gobierno norteamericano que tramite la extradición de los integrantes de las disidencias de las Farc señalados de perpetrar el atentado. “Yo le voy a decir a Estados Unidos, en cierta forma, que busque la extradición de esas personas que generaron esos 13 homicidios de nuestros policías y que ayuden al combate de las estructuras criminales”, expresó el mandatario local antes de emprender viaje a Washington.
La aeronave atacada había sido entregada a Colombia en comodato por el gobierno de EE. UU. para labores de erradicación de cultivos ilícitos. Según informes de inteligencia, el ataque ocurrido el 21 de agosto fue ejecutado con tatucos y un dron en la vereda Los Toros, en jurisdicción de Amalfi.
Inicialmente, las autoridades atribuyeron la acción a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá. Sin embargo, el 4 de septiembre el ELN aseguró ser el autor del atentado. Pese a ese pronunciamiento, la Gobernación de Antioquia insiste en que los responsables son las disidencias, advirtiendo que la versión del ELN podría tratarse de una estrategia para desviar la atención y proteger la participación de esa guerrilla en la política de Paz Total del gobierno Petro.
La presencia de investigadores del FBI en Colombia refuerza el interés de Estados Unidos en esclarecer lo ocurrido, dado que la aeronave derribada hacía parte de su flota y estaba en uso oficial por parte de la Policía. Con este nuevo elemento, el debate sobre las responsabilidades y eventuales sanciones internacionales toma fuerza en medio de un panorama de creciente inseguridad en el Nordeste antioqueño.
