El fallo exige al mandatario una publicación que aclare las acusaciones y preserve derechos fundamentales.
Publicado por: Redacción Vanguardia
En una decisión que ha generado repercusiones en el ámbito político y judicial, el Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, emitir una retractación pública por unas declaraciones realizadas el pasado 29 de agosto en la red social X, en las que se refería a la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez mediante un mensaje que la vinculaba con actividades delictivas sin mediar evidencia contundente.
El Contexto de la polémica y por qué se debe retractar el Presidente
El origen de esta situación fue un trino del mandatario: “No, señora excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”.
La publicación surgió luego de que Ramírez se manifestó en una emisora sobre la militarización de la frontera entre Colombia y Venezuela, desplegada por el Gobierno en respuesta a tensiones geopolíticas. La exvicepresidenta cuestionó el despliegue militar y sugirió complicidad del Ejecutivo con regímenes externos, lo que desencadenó la respuesta del presidente.
Según el fallo del juzgado, dichas afirmaciones implicaron una imputación directa o indirecta de vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, lo cual vulneró los derechos de buen nombre y honra de Ramírez.
Alcance del fallo y efectos inmediatos
El Juzgado 66 Administrativo concluyó que el presidente, por su investidura y por el impacto de sus mensajes públicos, tenía un deber especial de cautela al realizar afirmaciones que pudieran afectar derechos fundamentales de terceros.
En su decisión, el juez ordenó que Petro, en un plazo de 48 horas tras la notificación, publique la retractación y rectificación en su cuenta de X, haciendo explícita referencia al medio de comunicación que dio origen al intercambio. Además, el fallo establece que el mandatario deberá abstenerse de hacer publicaciones similares, vincular afirmaciones de carácter delictivo o sospechoso sin respaldo probatorio, y utilizar los canales institucionales adecuados para denuncias o señalamientos.
