El debate es estrictamente jurídico. Le explicamos los escenarios posibles.
Publicado por: Redacción Nacional
La eventual anulación del decreto con el que el Gobierno fijó en dos millones de pesos el salario mínimo no depende del monto del aumento ni de sus efectos económicos. El debate es estrictamente jurídico y se centra en si el Ejecutivo cumplió las exigencias constitucionales y legales sobre motivación, procedimiento y ponderación de las variables económicas.
Ese fue, precisamente, el criterio que llevó al Consejo de Estado a declarar la nulidad del decreto que fijó el salario mínimo de 2016, una decisión que no afectó los pagos ya realizados. Puede leer: Salario vital será de $2 millones con el auxilio de transporte: es el incremento más alto en tres décadas
Qué dice la Constitución sobre el salario mínimo
La Constitución Política establece que el trabajo goza de especial protección del Estado y que la remuneración debe ser mínima, vital y móvil, de acuerdo con los artículos 25 y 53.
En desarrollo de esos principios, el Congreso expidió la Ley 278 de 1996, mediante la cual creó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y fijó el procedimiento para definir el salario mínimo cada año.
La ley dispone que, si antes del 15 de diciembre no hay acuerdo entre Gobierno, empresarios y trabajadores, el Ejecutivo puede fijar el salario mínimo por decreto. Sin embargo, esa facultad no es discrecional.
El Gobierno debe sustentar su decisión en parámetros específicos, como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y la contribución del salario al ingreso nacional, entre otros indicadores económicos. Lea además: Salario mínimo de 2026 dispara precios: estos pagos subirán de manera automática
La Corte Constitucional, en la sentencia C-815 de 1999, avaló la facultad del Gobierno para fijar el salario mínimo de forma unilateral, pero impuso una condición determinante: el decreto debe estar debidamente motivado.
Cuando no hay concertación, el Ejecutivo está obligado a aplicar todas las variables legales con el mismo nivel de incidencia, explicando de forma clara cómo cada una influyó en la cifra final.
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Por qué el Consejo de Estado anuló el decreto de 2016
Ese estándar fue desarrollado por el Consejo de Estado en la sentencia del 23 de marzo de 2017, que declaró la nulidad del Decreto 2552 de 2015, mediante el cual se fijó el salario mínimo para 2016.
La Sección Segunda del alto tribunal fue explícita al señalar que la motivación es un requisito sustancial del acto administrativo y que su ausencia genera una expedición irregular por motivación insuficiente. Entérese: Salario mínimo 2026: ¿política social o estrategia electoral del petrismo?
El fallo concluyó que el Gobierno no explicó con claridad el peso real de las variables económicas utilizadas y que una motivación “sucinta, lacónica e incompleta” impidió a los ciudadanos conocer y controvertir las razones del incremento salarial.
Para el Consejo de Estado, esa deficiencia vulneró las garantías constitucionales y legales que rigen la fijación del salario mínimo.
Qué pasa con los salarios ya pagados si hay nulidad
La sentencia de 2017 fijó un límite clave para cualquier escenario actual. El Consejo de Estado dejó claro que la nulidad del decreto no tuvo efectos retroactivos.
En el fallo se precisó que la decisión “no tendrá ningún efecto respecto del salario que con fundamento en él devengaron los trabajadores durante el año 2016, ni sobre valores que tomaron como referencia el salario mínimo”.
Esto significa que, incluso si un decreto es anulado, el aumento no se devuelve ni se invalida hacia atrás. Le sugerimos leer: ¿Qué trabajadores recibirán el aumento del salario mínimo en 2026?
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Qué tendría que probar una demanda contra el salario mínimo actual
Con base en esa jurisprudencia, una eventual demanda contra el salario mínimo de dos millones de pesos no prosperaría por razones políticas o económicas.
El demandante tendría que demostrar que el decreto fue expedido con una motivación insuficiente o defectuosa, en especial que el Gobierno no explicó de manera clara, verificable y comprensible cómo ponderó cada una de las variables exigidas por la Ley 278 de 1996.
También debería acreditarse que el Ejecutivo desconoció los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 de 1999, aplicando las variables de forma selectiva o marginal.
Adicionalmente, la demanda tendría que probar vicios sustanciales en el procedimiento de expedición del decreto. El propio Consejo de Estado ha advertido que no toda irregularidad formal conduce a la nulidad, sino solo aquellas que afecten de manera significativa las garantías constitucionales y legales. No olvide leer: Salario mínimo 2026: Las reacciones al aumento “populismo”, “irresponsabilidad” y “fiesta obrera”
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El alto tribunal ha sido claro en que no le corresponde al juez fijar el monto del salario mínimo, ni sustituir el criterio del Gobierno, sino verificar la legalidad del acto administrativo.
*Con información de Colprensa.
