La renuncia de Angie Rodríguez al Dapre destapó una guerra interna en el gobierno de Gustavo Petro. Acá todos los detalles.
A menos de cinco meses del final del mandato presidencial, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta una de sus crisis internas más profundas, evidenciada en la renuncia este martes de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y su traslado al Fondo de Adaptación, en medio de un entramado de acusaciones cruzadas, investigaciones disciplinarias y fracturas en el círculo más cercano del petrismo.
El estallido de una guerra pública en gabinete Petro
Lo que comenzó como roces institucionales escaló hasta convertirse en un enfrentamiento abierto cuando Carlos Carrillo Arenas, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), formalizó una denuncia por acoso laboral contra Rodríguez ante la Defensoría del Pueblo.
La acusación, difundida a través de redes sociales, señala conductas “repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda” su gestión y la de su equipo.
He radicado una queja formal por acoso laboral ante la @DefensoriaCol contra la directora del @DapreCol, Angie Rodríguez. Las conductas de la señora Rodríguez, mi superior jerárquica, han sido repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda mi trabajo y el de mis…
— Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) January 8, 2026
Carrillo no escatimó en calificativos al describir las actuaciones de quien fuera su superior jerárquica. Según el funcionario, las insinuaciones y declaraciones de Rodríguez, tanto en escenarios públicos como privados, buscaron menoscabar su reputación profesional y obstaculizar su labor al frente de la Ungrd, afectando, en última instancia, el interés general.
“Se trata de una conducta impropia por parte de cualquier superior, pero particularmente inaceptable en nuestro gobierno, que con compromiso defiende los derechos de los trabajadores”, manifestó el director en su denuncia. Lea también: Director de la Ungrd presenta queja por acoso laboral contra alta funcionaria del Gobierno
La queja también fue radicada ante el Ministerio del Trabajo, activando los mecanismos institucionales correspondientes para evaluar los hechos denunciados. Este movimiento marca un punto sin retorno en las relaciones entre dos de las figuras más importantes del gabinete en materia de gestión del riesgo y reconstrucción.
La batalla por el Fondo de Adaptación
El epicentro del conflicto se ubica en el Fondo de Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que maneja recursos superiores al billón de pesos para ejecutar proyectos de infraestructura orientados a prevenir y mitigar riesgos por desastres naturales.
Esta institución se ha convertido en un fortín político cuestionado por múltiples flancos.
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Muy acertada la circular ordenada por el presidente @petrogustavo. La masacre laboral que cometió la señora Angie Rodríguez en el @FondoAdaptacion va en contravía de lo que creemos los defensores de los trabajadores y también en contra de las orientaciones del presidente.
— Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) January 12, 2026
El… https://t.co/2pIUWrs7G4
Rodríguez, durante su gestión como gerente encargada, denunció públicamente un panorama crítico en la entidad. En una controvertida rueda de prensa realizada en la Casa de Nariño, señaló directamente a Carrillo por la falta de ejecución de proyectos estructurados durante su anterior paso por la gerencia del Fondo. “Es una vergüenza completamente. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo: cero por ciento de ejecución”, afirmó categóricamente.
Los cuestionamientos se extendieron a otros proyectos emblemáticos como la investigación hidrodinámica, Senderos para la Paz y las intervenciones en La Mojana, que, según Rodríguez, enfrentan “un riesgo de colapso financiero” por incumplimientos contractuales. La situación es particularmente grave en La Mojana, donde la ejecución apenas alcanza el 3 %, en contraste con el 90 % logrado en la recuperación de zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011.
Carrillo contraataca: corrupción y cuotas políticas
La respuesta de Carrillo no se hizo esperar. El director de la Ungrd ha insistido en caracterizar a Rodríguez como “una ficha del ministro del Interior, Armando Benedetti”, sugiriendo que los ataques en su contra constituyen una represalia por negarse a entregar contratos del Fondo de Adaptación para favorecer intereses políticos particulares.
Las acusaciones de Carrillo incluyen señalamientos de nepotismo, denunciando que Rodríguez habría contratado a familiares en el Fondo de Adaptación. Además, calificó como “ilegal e inmoral” el despido de 15 funcionarios de planta el primero de enero, utilizando la figura de planta provisional, en lo que describió como una purga arbitraria.
Particularmente grave resulta la advertencia de Carrillo sobre el riesgo que enfrenta una partida de 20 millones de dólares destinados para pérdidas y daños en regiones vulnerables como el Chocó. Según el funcionario, la inacción de las últimas administraciones del Fondo —incluyendo la de Catherine Rojas, quien habría sido designada por influencia de Benedetti, y la propia gestión de Rodríguez— pone en peligro estos recursos cruciales para comunidades en situación de vulnerabilidad.
Conflictos internos en gobierno de Petro
La confrontación alcanzó niveles de tensión inusitados cuando Carrillo denunció públicamente haber sido expulsado del grupo de WhatsApp que reúne a los directores de entidades gubernamentales. El incidente ocurrió minutos después de que el funcionario criticara una declaración institucional leída desde la Casa de Nariño, en la que Rodríguez y otros miembros del gabinete expresaron su respaldo al presidente Petro ante cuestionamientos desde Estados Unidos.
La reacción de Carrillo en el chat —“se ven débiles parados detrás de una traidora”— provocó su inmediata exclusión del grupo. “Eso es una cosa realmente muy infantil. Yo creo que los chats de WhatsApp no hacen parte de los medios oficiales, pero sí, la doctora Angie me sacó del chat”, declaró el director ante medios nacionales, evidenciando un deterioro en las formas de relacionamiento institucional.
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La Procuraduría interviene
En medio de este escenario de denuncias cruzadas, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por presuntas irregularidades en la contratación pública del Fondo de Adaptación. La investigación se centra en contratos que superarían los 100 mil millones de pesos con 0 % de ejecución presupuestal, particularmente los proyectos Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz.
La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal examina no solo la falta de avances en estos proyectos millonarios, sino también la posible existencia de vínculos y presiones políticas en la adjudicación de contratos, así como supuesta interferencia en procesos de interventoría para favorecer a determinados contratistas. Paradójicamente, la apertura de esta investigación se produjo tras las propias denuncias presentadas por Angie Rodríguez, quien solicitó la revisión a fondo de los contratos cuestionados.
Una renuncia anunciada
La salida de Rodríguez del Dapre, formalizada en la madrugada del 14 de enero de 2026, estuvo precedida por semanas de especulación. Según reveló la revista Semana, el martes 13 de enero la funcionaria confirmó personalmente al presidente Gustavo Petro su decisión de dimitir, en una conversación calificada como “humana y sincera” que se extendió durante varios minutos en Bogotá.
La reacción de Petro fue de sorpresa, pues, según fuentes cercanas, no esperaba la renuncia. Sin embargo, Rodríguez manifestó sentirse agotada, no por el trabajo en sí, sino por los enemigos que fue acumulando, algunos de ellos provenientes del interior del propio gobierno. Además: Jorge Lemus renunció a Dirección Nacional de Inteligencia: Nuevo cambio en gobierno Petro
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En su carta de renuncia, difundida a través de las cuentas oficiales del Dapre, Rodríguez aseguró que la decisión fue tomada “por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria”, añadiendo: “Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado”.
Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, informa: “Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República. Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento… pic.twitter.com/XBT8ckaDL8
— DAPRE (@DapreCol) January 14, 2026
La versión de Carrillo: una salida forzada
La narrativa de Carrillo sobre la renuncia de Rodríguez difiere sustancialmente. En declaraciones a Caracol Radio W, el director de la Ungrd afirmó que la salida fue resultado de una decisión previamente solicitada por el presidente Petro. “Yo creo que aquí se hizo lo que el presidente pidió. Él ya le había pedido la renuncia el año pasado (2025). Eso se sabía y empezó ese proceso de atrincheramiento en el cargo”, manifestó.
Carrillo describió las acusaciones de Rodríguez en su contra como parte de ese “proceso de atrincheramiento”, celebrando la salida como “una buena noticia” para el Gobierno. El funcionario cuestionó abiertamente la versión oficial: “Ese trino que pone a las 2:00 a. m., desde la cuenta del Dapre, pues arranca con una falsedad y es que ella dice que renunció ‘de manera libre y voluntaria’, cuando claramente la señora se quería quedar hasta el último día del gobierno atrincherada en Palacio”.
Factores personales detrás de la decisión
Más allá de las disputas institucionales, fuentes cercanas a Rodríguez revelaron a Semana factores personales que habrían sido determinantes en su decisión. El más importante: su hijo de 11 años, quien tuvo que ser sacado del país ante amenazas a su seguridad.
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El violento y cinematográfico robo al apartamento donde viven sus padres, en la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, ocurrido el 21 de noviembre de 2025, marcó un punto de inflexión. Tras el incidente, Rodríguez solicitó a la Unidad Nacional de Protección reforzar la seguridad de su familia e inició trámites para sacar a su hijo de Colombia, decisión que finalmente concretó.
Personas cercanas a la funcionaria indicaron que busca un cargo que le permita visitar a su hijo al menos una vez cada dos meses, un factor imposible de conciliar con las exigencias del Dapre. La carga era insostenible: atender asuntos presidenciales en las mañanas, acompañar al jefe de Estado a eventos, dedicar tiempo después de las 9:00 p.m. a asuntos administrativos del Gobierno y, simultáneamente, cargar con la gerencia encargada del Fondo de Adaptación.
“Al hacer la balanza pienso en mi hijo: ¿vale la pena sacrificar tanto? Hoy lo siento cuando mi hijo está lejos de mí, lo amo y me hace muchísima falta. Es muy duro”, confesó Rodríguez, según las fuentes consultadas.
El factor Benedetti y las tensiones en Palacio
Un elemento recurrente en este conflicto es la figura del ministro del Interior, Armando Benedetti. Carrillo ha señalado sistemáticamente la presunta influencia del canciller en las decisiones del Fondo de Adaptación, sugiriendo que Rodríguez actuaría como intermediaria de sus intereses.
Esta dimensión del conflicto revela fracturas más profundas en el círculo cercano al presidente Petro. La llegada de José Raúl Moreno como jefe de despacho presidencial modificó las dinámicas de poder en Palacio: Rodríguez dejó de manejar la agenda del mandatario, función que ahora recae en Moreno, militante cercano al presidente.
Según publicó El Colombiano, el presidente Petro se habría molestado con Rodríguez debido a las constantes denuncias de presiones y problemas con otros funcionarios del gobierno. “Angie ya no le maneja la agenda (…) sino Raúl”, confirmó una fuente a ese medio, evidenciando el desplazamiento político de quien fuera considerada su mano derecha.
Desafíos en el Fondo de Adaptación
Ahora, como gerente en propiedad del Fondo de Adaptación, Rodríguez enfrenta el reto de destrabar la ejecución de proyectos clave mientras responde a los requerimientos de los entes de control. La entidad, con un presupuesto superior al billón de pesos, tiene la responsabilidad de financiar obras críticas para prevenir desastres por inundaciones, deslizamientos y sequías, además de apoyar la reconstrucción de comunidades afectadas.
Los contratos bajo investigación de la Procuraduría representan sumas millonarias con ejecución prácticamente nula, una situación que demanda respuestas urgentes. La funcionaria tendrá que fortalecer los mecanismos de transparencia y garantizar el manejo eficiente de recursos públicos en un contexto de alta vigilancia institucional y social.
Carrillo, por su parte, manifestó disposición a trabajar con Rodríguez en su nuevo rol: “Yo estoy listo para reunirme con ella. Hay muchos proyectos conjuntos que deben avanzar y, pues, si es nombrada (en propiedad), tendremos que sentarnos a trabajar por los colombianos y particularmente por La Mojana”. Sin embargo, advirtió que estará atento a su gestión, especialmente en relación con los 20 millones de dólares en riesgo para el Chocó.
Un gobierno en crisis terminal
Este episodio revela las tensiones que persisten en el primer círculo presidencial cuando restan menos de cinco meses para el final del mandato. La guerra abierta entre dos de las figuras más importantes del gabinete en materia de gestión del riesgo, sumada a las investigaciones disciplinarias en curso, dibuja un panorama de fragmentación institucional preocupante.
Carrillo hizo un llamado para que el nuevo director del Dapre —cargo para el cual se especula con José Raúl Moreno— represente un cambio de enfoque: “Es fundamental para todo el Gobierno que haya armonía desde la Secretaría General de la Presidencia y desde el Palacio con los distintos sectores. Y espero que se nombre ahí en propiedad a una persona leal al presidente, una persona leal a nuestro proyecto político y una persona que cuide al presidente y que no se dedique a cuidar su propia agenda”.
Rodríguez, por su parte, dejó entrever su perspectiva sobre el periodo que cierra: “Fui una molestia para algunos, gracias a Dios, no para la mayoría”. La frase resume la percepción de una funcionaria que, según su versión, defendió la transparencia y el interés público enfrentando resistencias internas.
Lo que queda claro es que este conflicto trasciende las personalidades involucradas. En juego están miles de millones de pesos destinados a proteger comunidades vulnerables, la credibilidad institucional del gobierno en su recta final y la capacidad del Estado colombiano para ejecutar proyectos críticos en gestión del riesgo. Mientras las investigaciones de la Procuraduría avanzan y las acusaciones cruzadas continúan, las comunidades que deberían beneficiarse de estos recursos siguen esperando.
