La investigación que denuncia la expedición irregular de diplomas universitarios de al menos 24 personas que tienen contratos en 16 entidades del Gobierno nacional.
Una investigación liderada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao Clavijo reveló durante una rueda de prensa este lunes 19 de enero desde la plaza Rafael Núñez del Congreso de la República en Bogotá, un presunto esquema de expedición sistemática e irregular de diplomas que habría facilitado la contratación de 24 personas en 16 entidades del Gobierno nacional.
Los contratos adjudicados entre 2023 y 2025 suman más de 1.102 millones de pesos, recursos públicos que estarían bajo cuestionamiento.
🛑EN VIVO: El cartel de diplomas irregulares en el Gobierno Petro. Revelamos en exclusiva 24 casos con títulos de la Fundación Universitaria San José vinculados a 16 entidades. ¡Más de mil millones de pesos pagados en un presunto detrimento patrimonial!🆘 https://t.co/zvfbX5ONAm
— Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) January 19, 2026
La investigación que destapó el presunto cartel
La congresista del Partido Alianza Verde por Bogotá denunció en un video que publicó en su red de X que 24 funcionarios y contratistas vinculados a entidades como el Sena, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Invima, la Dian, el Dane, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Salud, la Aerocivil y varias superintendencias presentan irregularidades en la obtención de sus títulos profesionales expedidos por la Fundación Universitaria San José.
El equipo investigativo identificó dos patrones principales de irregularidades. “El primero involucra a seis personas que obtuvieron diplomas sin ningún registro verificable de haber presentado la Prueba Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse en Colombia. Estos casos presentan similitudes con el sonado episodio de Juliana Guerrero, la joven designada como viceministra de Juventudes cuyo título fue posteriormente anulado”, denunció Juvinao y citando una investigación anterior, realizada por la representante Jennifer Dalley Pedraza Sandoval.
Además de las pruebas saber, a Juliana Guerrero no le aparecen los registros SNIES de haber sido admitida, estudiante o egresada de la Fundación San José. La institución nunca la reportó.
— Jennifer Pedraza #100 Ahora Colombia (@JenniferPedraz) September 10, 2025
¿Otro “error humano”? Increíble que @juanflorians y @petrogustavo insistan en posesionarla… pic.twitter.com/8pC820ft3H
El segundo grupo, conformado por 18 casos, corresponde a personas que recibieron sus títulos profesionales, pero presentaron la Prueba Saber Pro después de la fecha de graduación.
Esta práctica constituiría una violación directa de la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de 2009, normas que establecen que la presentación del examen es un requisito previo y obligatorio para obtener cualquier título profesional en el país.
Las entidades comprometidas en presunto cartel de diplomas universitarios
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) encabeza la lista de instituciones afectadas con diez casos detectados, seguido por la UNP y el Invima, con dos casos cada una. También se encontraron vínculos en el Ministerio de Transporte, la DIAN, el DANE, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Dapre, la Corporación Aeronáutica Colombiana, la Aerocivil, el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Uno de los casos involucra a una persona con contratos en múltiples entidades, según las investigaciones realizadas por el equipo de trabajo de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien sustenta que cuenta con todas las pruebas de esta denuncia.
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Los casos más relevantes de la denuncia
La representante Juvinao en el marco de su denuncia no mencionó nombres propios de los casos mencionados por ser parte de la investigación legal pero sí habló de las entidades donde fueron contratadas y los sucesos sistemáticos denunciados.
Entre los casos más llamativos se encuentra el de una mujer que obtuvo un título en ingeniería industrial en diciembre de 2023 y fue contratada por el SENA seccional Boyacá por más de 81 millones de pesos, a pesar que para acceder a uno de esos contratos era obligatorio presentar título profesional.
Otra beneficiaria recibió un diploma de administración de empresas en diciembre de 2023 y firmó un contrato con el SENA Bogotá por 47 millones de pesos. Una situación similar se presentó con una contratista de la UNP que obtuvo su título en diciembre de 2022 y acumuló contratos por 79 millones de pesos entre 2024 y 2025.
Un caso particularmente grave involucra a una funcionaria del Invima que fue vinculada en septiembre de 2024 como asesora de libre nombramiento y remoción, con una asignación mensual de aproximadamente nueve millones de pesos, cargo para el cual el título profesional era requisito obligatorio. Su diploma de administración de empresas data de diciembre de 2023.
Existe también el caso de una mujer que obtuvo simultáneamente un título de tecnólogo en Marketing Digital y dos títulos profesionales en ingeniería industrial y marketing internacional en diciembre de 2021. Aunque registra la Prueba Saber TyT para el tecnólogo, no cuenta con Prueba Saber Pro para ninguno de los títulos profesionales. Aun así, fue contratista del Ministerio de Transporte entre 2024 y 2025, con contratos que ascienden a 126 millones de pesos.
Un hombre vinculado a la DIAN presenta una situación aún más irregular, obtuvo cuatro títulos profesionales simultáneos en administración de empresas, contaduría, ingeniería industrial y marketing internacional en julio de 2024. Cuenta con un único Saber Pro, aunque la normativa establece que una prueba puede utilizarse para máximo dos carreras, no para cuatro pregrados. Actualmente trabaja como analista II en la DIAN desde octubre de 2023, fecha anterior a la obtención de los cuatro títulos, con una asignación mensual aproximada de 4,6 millones de pesos.
🛑EL CARTEL DE DIPLOMAS IRREGULARES EN EL GOBIERNO PETRO
— Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) January 19, 2026
Denunciamos en exclusiva un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José, a 24 personas que luego resultaron vinculadas como contratistas y funcionarios en 16 entidades de… pic.twitter.com/vFcedBESYL
Los graduados que presentaron el examen después
El segundo grupo de irregularidades incluye casos como el de un hombre que obtuvo su título en ingeniería industrial el 5 de julio de 2024, pero realizó la Prueba Saber Pro dos días después, el 7 de julio. Este individuo fue contratista del SENA Norte de Santander durante 2025 por 39 millones de pesos y actualmente es contratista del Fondo de Seguridad Vial hasta junio de 2026 por 71 millones adicionales, para un total de 111 millones de pesos.
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Otro contratista del SENA en el Meta recibió su título en ingeniería de sistemas el 5 de julio de 2024, pero presentó la Prueba Saber Pro al día siguiente. Sus contratos entre 2024 y 2025 suman 53 millones de pesos.
Una mujer graduada en ingeniería de sistemas en abril de 2023 presentó la Prueba Saber Pro dos meses después, en junio del mismo año. Simultáneamente, recibió un título de tecnólogo en gestión de sistemas de información de la misma universidad, sin que exista registro de la Prueba Saber TyT. Ha sido contratista del SENA Tolima entre 2023 y 2025, con tres contratos que suman 114 millones de pesos.
Un caso emblemático es el de una mujer que firmó su primer contrato con la UNP el mismo día que se graduó en administración de empresas, el 5 de julio de 2024, dos días antes de presentar la Prueba Saber Pro. Esta persona ha acumulado cuatro contratos con la entidad que ascienden a aproximadamente 151 millones de pesos. Su contrato más reciente fue renovado el 9 de enero de 2026 y finaliza el 31 de diciembre de ese año.
Funcionarios públicos, en la mira
No todos los casos involucran contratistas. Varios funcionarios de planta también presentan irregularidades. Un funcionario del DANE, vinculado desde junio de 2023 como técnico administrativo, obtuvo dos títulos profesionales en administración de empresas e ingeniería industrial el 5 de julio de 2024, dos días antes de presentar la Prueba Saber Pro.
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Una funcionaria del Dapre, vinculada desde septiembre de 2022 con un contrato mensual de aproximadamente cuatro millones de pesos, obtuvo sus títulos de administración de empresas e ingeniería industrial el 5 de julio de 2024, pero presentó la Prueba Saber Pro nueve días después.
La Aeronáutica Civil cuenta con al menos tres funcionarios cuestionados. Uno de ellos, servidor público desde diciembre de 2024 en el cargo de técnico aeronáutico I, con una asignación mensual de 2,8 millones de pesos, obtuvo su título en ingeniería industrial dos días antes de presentar el examen obligatorio.
Otras investigaciones a la Fundación San José
El Ministerio de Educación mantiene abiertas varias investigaciones sobre la Fundación de Educación Superior San José desde antes de que se conociera el caso de Juliana Guerrero. La institución, experimentó un crecimiento explosivo en años recientes: pasó de 301 estudiantes matriculados en 2021 a 2.022 en el 2022, duplicando esa cifra al año siguiente y graduando a 5.700 alumnos en 2023, según bases de datos del Ministerio de Educación.
Un extrabajador de la Fundación reveló a Caracol Radio, bajo condición de anonimato, que existe un patrón sistemático de expedición irregular de títulos. Según su testimonio, estudiantes que terminan sus materias pueden acceder al diploma sin presentar el examen Saber Pro, comprometiéndose a presentarlo posteriormente, aunque no existe sistema alguno que verifique ese cumplimiento. Lea también: Fundación San José destituye a su secretario general por irregularidades en caso de Juliana Guerrero
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“Era algo frecuente. Se entregaban diplomas sin realizar las pruebas Saber Pro, con la promesa de presentarlo después. El caso de Guerrero no fue el único”, declaró el exfuncionario.
La situación se complicó cuando el representante legal de la Fundación, Francisco Pareja González, presentó una denuncia contra el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez por presuntos delitos de daño informático y obtención de documento público falso. Gutiérrez y su equipo fueron destituidos de sus cargos.
Sin embargo, testimonios recopilados por medios de comunicación sugieren que estas prácticas eran conocidas entre otros miembros del cuerpo administrativo y que, en algunos casos, habría mediado dinero para acelerar procesos de titulación, versiones que aún no han sido verificadas por autoridades judiciales. Además: Fiscalía investiga a Juliana Guerrero y a la Fundación San José por presunto fraude académico
Otros casos emblemáticos
Laura Julieth Martínez Morales, influenciadora vinculada al gobierno Petro y contratada en 2024 por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), también estaría involucrada en el escándalo. Según documentos revisados por Caracol Radio, en julio de ese año se presentó como bachiller, pero días después mostró un diploma de ingeniera industrial otorgado por la Fundación San José. Le puede interesar: Revelan más funcionarias con títulos irregulares entregados por la Fundación San José
La certificación de sus pruebas Saber Pro evidencia que las presentó después de la fecha de expedición del título. Con ese diploma, Martínez firmó un contrato millonario que le garantizaba ingresos por 8,4 millones de pesos mensuales.
Las acciones institucionales
Ante el escándalo, la Fundación San José confirmó que anulará el título de Juliana Guerrero por no cumplir con el requisito de la prueba Saber Pro. El abogado de la institución, Juan David Bazzani, explicó que, al no existir constancia del Icfes que certifique la participación en la prueba, la universidad debe revocar el título. Además: Juliana Guerrero se queda sin título universitario: esto dijo la Fundación San José
La institución también adoptó medidas internas drásticas, incluyendo el despido del ingeniero Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general, y la apertura de una auditoría para establecer responsabilidades y detectar posibles irregularidades en otros casos de egresados.
El Ministerio de Educación anunció que adelanta una etapa de indagación y recolección de pruebas frente a la actuación de la Fundación. El ministro Daniel Rojas confirmó que se realizará una inspección a la institución para verificar los procedimientos de otorgamiento de títulos universitarios.
Los interrogantes sin resolver
La investigación de la representante Juvinao genera múltiples interrogantes que tanto la Fundación Universitaria San José como el Ministerio de Educación Nacional, el Icfes y los beneficiarios de los contratos deberán responder con urgencia y transparencia ante el país y las autoridades.
¿Existe realmente un esquema sistemático de diplomas irregulares expedidos a la medida de la contratación del gobierno de Gustavo Petro? ¿Por qué el Ministerio de Educación no ha desplegado una investigación contundente o una intervención efectiva a la Fundación Universitaria San José? ¿Qué sucederá con los más de mil millones de pesos pagados a estas personas en medio de un presunto detrimento patrimonial? ¿Quién responderá por la devolución de esos recursos? ¿Existen más casos en otras entidades del Gobierno nacional o en instituciones públicas del orden territorial? Estas son algunas de los cuestionamientos realizados por la representante del Partido Alianza Verde.
El llamado a las autoridades
La congresista Juvinao hizo un llamado enfático al Ministerio de Educación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General para iniciar las investigaciones respectivas que permitan salvaguardar la moralidad pública. Asimismo, solicitó imponer las sanciones que eventualmente correspondan a la Fundación Universitaria San José y a las entidades públicas, funcionarios y contratistas involucrados en este presunto esquema de diplomas irregulares.
El escándalo pone en cuestión no solo la credibilidad de una institución educativa, sino también los mecanismos de control y verificación en la contratación pública. Mientras tanto, más de mil millones de pesos del erario están bajo sospecha, y 24 personas que ocupan o ocuparon cargos en el Estado podrían haber accedido a ellos sin cumplir los requisitos legales mínimos establecidos por la normativa colombiana.
