El alto tribunal ordenó remitir copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.
Publicado por: Redacción Nacional
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió inhibirse de abrir una investigación penal contra seis congresistas denunciadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, por los delitos de injuria y calumnia.
El alto tribunal concluyó que las legisladoras actuaron amparadas por el ejercicio legítimo del control político cuando firmaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro para rechazar el nombramiento del funcionario, a quien calificaron como “misógino” y “maltratador”.
Sin embargo, la decisión judicial no terminó allí. El caso dio un giro clave: la Corte ordenó remitir copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que evalúen posibles expresiones sexistas atribuidas a Benedetti contra la representante Catherine Juvinao.
La #SalaDeInstrucción de la @CorteSupremaJ se inhibió de investigar a 6 congresistas denunciadas por el ministro del Interior Armando Benedetti por injuria y calumnia y compulsó copias a la Procuraduría por expresiones del funcionario contra una de las denunciadas.🧵1/3
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) February 25, 2026
¿Qué desató la controversia política y judicial contra Bendetti?
La polémica se originó en febrero de 2025, cuando un grupo de congresistas envió una misiva al jefe de Estado con un asunto contundente:
“Mujeres congresistas rechazamos el nombramiento de Armando Benedetti como Ministro del Interior”.
El documento fue firmado por Catherine Juvinao Clavijo, Julia Miranda Londoño, Lina María Garrido Martín, Marelen Castillo Torres, Carolina Giraldo Botero y Luvi Katherine Miranda Peña.
En el texto, las parlamentarias cuestionaron la idoneidad del dirigente para asumir el cargo y lo vincularon con presuntos episodios de violencia de género. Argumentaron que “resulta inaceptable que una persona señalada por presuntas violencias de género sea ahora la encargada de interlocutar (…) con las mujeres que hacen parte de la corporación y que luchan todos los días contra la violencia machista”.
Benedetti se defiende
Tras la publicación de la carta, Benedetti presentó una querella formal al considerar que las expresiones de las congresistas vulneraban su dignidad humana, integridad moral, buen nombre y presunción de inocencia.
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El ministro sostuvo que no existe providencia judicial o disciplinaria que lo declare responsable de actos de violencia machista y aseguró que el pronunciamiento afectó gravemente su reputación.
Durante el proceso anexó publicaciones en redes sociales y entrevistas en medios de comunicación para sustentar lo que calificó como una animadversión sistemática en su contra. Según su versión, los señalamientos buscaban frenar su llegada al gabinete y perjudicar sus posibilidades laborales.
Al evaluar el caso, la Corte Suprema amparó el accionar de las congresistas bajo la figura de la inviolabilidad parlamentaria, garantía que protege los votos y opiniones emitidos en ejercicio de la función legislativa para salvaguardar el debate democrático.
La Sala de Instrucción concluyó que las firmantes actuaron dentro de sus competencias de control político, función que permite cuestionar e investigar actuaciones que inciden en el interés general.
El tribunal determinó que las parlamentarias se limitaron a advertir sobre acusaciones públicas ya existentes contra el entonces designado ministro y descartó la intención de difamarlo.
La corporación judicial calificó la carta como una “opinión crítica” frente a una decisión administrativa atribuida exclusivamente al jefe de Estado y señaló que ello “descarta el ánimo injurioso”.
Por qué investigarán a Benedetti
Aunque la Corte cerró el camino penal contra las congresistas, la decisión incluyó una compulsa de copias contra el propio ministro.
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Durante la práctica de pruebas, la representante Catherine Juvinao rindió testimonio en el que afirmó haber sido víctima de violencia sexista por parte de Benedetti. Según relató, el funcionario la menospreciaba reiteradamente con “insultos relacionados con su condición de mujer”.
Juvinao solicitó que el análisis judicial se orientara hacia una investigación directa contra el jefe de la cartera política y aportó como evidencia publicaciones realizadas desde su cuenta personal entre junio y septiembre del año pasado, que —según sostuvo— contenían calificativos abiertamente misóginos.
Ante la gravedad de esas declaraciones y los elementos probatorios allegados, la Corte ordenó remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que evalúen el comportamiento del ministro frente a un eventual caso de violencia de género.
De esta manera, mientras las congresistas quedaron blindadas por la inviolabilidad parlamentaria, el foco judicial ahora se centra en determinar si las conductas atribuidas a Benedetti podrían tener implicaciones disciplinarias o en materia de derechos fundamentales.
