Gobierno y gobernadores, sin consenso sobre emergencia económica: Mandataria del Valle explica razones

Autoridades regionales advierten riesgo para financiación de salud y otros servicios por cambios tributarios y ausencia de acuerdos con el Ejecutivo.

Publicado por: Redacción Vanguardia

Después de una reunión clave entre el Gobierno nacional y varios gobernadores de departamentos del país, entre ellos Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, no se alcanzaron acuerdos concretos sobre los efectos del Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica. El encuentro, llevado a cabo en el Ministerio de Hacienda, tenía como objetivo principal revisar el impacto de los cambios tributarios que elevan del 5 % al 19 % el impuesto al consumo de licores, tabaco y productos similares, una decisión que ha generado un fuerte rechazo desde las regiones.

Aunque desde el Ejecutivo se intentó transmitir una percepción de entendimiento, los mandatarios regionales, incluido el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no lograron convencer sobre las garantías ofrecidas. Benedetti sostuvo que el Gobierno está “preparado para garantizar la estabilidad financiera de las regiones” y que cualquier impacto fiscal sería compensado por la Nación, pero los gobernadores mantuvieron reservas sobre esa promesa.

Para la mandataria vallecaucana, la discusión va más allá de una diferencia técnica: es, en sus palabras, “una defensa de derechos fundamentales”. Toro enfatizó que gran parte de las rentas cedidas por el consumo de licores y tabaco son vitales para garantizar el financiamiento del régimen subsidiado de salud, educación, deporte y otros programas sociales en su departamento. Afirmó que si esas rentas se reducen o se concentran en el Estado central, “no habrá con qué pagar el régimen subsidiado”, lo que pondría en riesgo la atención sanitaria de la población más vulnerable.

La gobernadora recordó que, en el Valle del Cauca, estas rentas ya representan cifras significativas y que el incremento del impuesto podría exacerbar el contrabando y la evasión, reduciendo aún más los ingresos reales. Esto, según ella, agravaría los recursos disponibles para programas sociales y aumentaría la informalidad en mercados como el de licores y cigarrillos.

Frente a la falta de consenso, la Federación Nacional de Departamentos (FND), de la cual Toro es una de las voces más prominentes, anunció que acudirá a la Corte Constitucional para solicitar la suspensión provisional de los artículos del decreto relacionados con los impuestos al consumo. Esta acción legal busca que el alto tribunal evalúe la constitucionalidad de la medida y proteja la autonomía fiscal de los territorios.

Aunque el Gobierno sostuvo que la emergencia económica es una herramienta legítima para enfrentar la situación fiscal del país y que no supone una reducción de los ingresos departamentales, las regiones mantienen su escepticismo y aseguran que sus finanzas, y con ellas los servicios esenciales para millones de ciudadanos, están en juego.