Anuncios oficiales, inversiones millonarias y advertencias internas marcan una ofensiva estatal que busca cortar redes criminales activas tras los muros.
Publicado por: Danilo Cárdenas
Desde la cárcel La Modelo de Bogotá, el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, anunció este lunes un paquete de medidas urgentes para frenar la extorsión que se coordina desde los centros penitenciarios del país. El anuncio se realizó durante un acto oficial de entrega de dotación de seguridad al cuerpo de vigilancia y custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Las decisiones incluyen el bloqueo inmediato de señales de telefonía celular en las cárceles de Cómbita, Valledupar y La Dorada, orden impartida directamente al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Según el funcionario, la medida busca cortar de raíz la comunicación ilícita utilizada para coordinar delitos como la extorsión, especialmente en un contexto electoral que incrementa la presión y el riesgo.
El ministro también advirtió que los directores de los establecimientos penitenciarios que toleren irregularidades o desorden serán removidos de sus cargos. “Fiesta que haya de privados de la libertad en un establecimiento de reclusión, director que se va”, afirmó Idárraga, al señalar que el Gobierno nacional no seguirá tolerando fallas ni complicidades dentro del sistema penitenciario.
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Dotación de seguridad al INPEC y uso de tecnología para frenar delitos intramurales
Durante el acto oficial, el Gobierno nacional formalizó una inversión superior a los 15.000 millones de pesos en dotación de seguridad para el personal del INPEC. La entrega incluye 315 pistolas, 400 chalecos antibalas, 324 camisetas blindadas y 2.000 máscaras de protección, como respuesta al incremento de los ataques y atentados contra funcionarios penitenciarios.
El ministro vinculó directamente la criminalidad intramural con la violencia contra el personal de custodia y directivo. “No puede ser que no haya una conexión entre el delito dentro de la cárcel y el atentado por fuera contra el personal directivo y de custodia”, aseguró, al tiempo que reconoció que las herramientas actuales aún son insuficientes frente al riesgo que enfrentan los funcionarios.
En ese contexto, Idárraga fue enfático en la necesidad de implementar soluciones tecnológicas efectivas. “No puede ser posible que existiendo tanta tecnología, el único lugar del mundo donde no funcionan los bloqueadores de señal sea Colombia”, afirmó, reiterando que no habrá tregua ni excusas técnicas para retrasar el bloqueo de comunicaciones ilegales en los centros de reclusión.
Gobierno investigará denuncias de extorsión que llegarían hasta El Salvador
El ministro de Justicia también se refirió a las denuncias sobre posibles casos de extorsión que estarían afectando a ciudadanos en El Salvador y que tendrían origen en cárceles colombianas. “No podemos permitir que el flagelo de la extorsión se naturalice en Colombia y mucho menos que se expanda a Centroamérica”, manifestó.
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Idárraga confirmó que se adelantarán investigaciones para verificar la veracidad de estos señalamientos y que se establecerá contacto con las autoridades del país centroamericano para determinar si existen nexos criminales y cómo se asumirán las responsabilidades correspondientes.
El jefe de la cartera de Justicia reiteró que el eje central de la estrategia del Gobierno es eliminar el uso de celulares en las cárceles. “Si no acabamos con los celulares en las cárceles, esta violencia difícilmente va a cesar”, concluyó.
