La diligencia virtual evaluará pruebas y argumentos sobre presuntas irregularidades en acto oficial realizado en Medellín en 2025.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Consejo de Estado ordenó la realización de la audiencia pública de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López para el próximo 23 de febrero de 2026, diligencia judicial definitiva en la que se decidirá su futuro político tras ser señalada de gestionar el traslado de cabecillas delincuenciales a un evento con el presidente, Gustavo Petro, en el marco del escándalo conocido como el ‘Tarimazo’.
La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Veinte confirmó que en el proceso se cumplieron los presupuestos procesales exigidos por la ley, por lo cual fijó la diligencia para las 2:30 de la tarde. El alto tribunal resolvió que la audiencia se desarrollará a través de herramientas virtuales, específicamente la plataforma Teams, aunque la Sala aclaró que, de considerarse necesario, se informará la sala de audiencias para una eventual asistencia presencial.
El proceso, impulsado por los accionantes William Francisco Quintero Villarreal, Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados, tiene a la congresista del Pacto Histórico en un escenario crítico. Según las revelaciones hechas por el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, existen pruebas documentales que tienen a la senadora “contra las cuerdas” frente a la jurisdicción contenciosa.
La controversia se centró en la participación de Zuleta en la logística de un acto público realizado el 21 de junio de 2025 en La Alpujarra. En dicho evento, cabecillas de las estructuras armadas del Valle de Aburrá salieron de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí para compartir tarima con el jefe de Estado.
El expediente incorporó un documento que comprometió la defensa de la legisladora: una solicitud de autorización dirigida al director del Inpec, firmada por la propia Isabel Cristina Zuleta López en su calidad de coordinadora. En la misiva, la senadora pidió el traslado de los internos para asegurar su presencia en el evento, una acción que los demandantes calificaron como indebida.
La audiencia del 23 de febrero se perfiló como el momento cumbre del denominado “Zuletazo”. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo evaluará si la conducta de la senadora, al presuntamente facilitar la movilidad de presos de alta peligrosidad para fines políticos, constituyó una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
El fallo determinará si Zuleta conserva su investidura o si, por el contrario, se decreta su “muerte política”, en un caso que cuestionó los límites del accionar legislativo frente a la población privada de la libertad.
