Autoridades rastrean millonarias sumas destinadas al fraude electoral. El Puesto de Mando Unificado vigila la transparencia de la jornada nacional.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El ministro del Interior, Armando Benedetti, sacudió la jornada electoral este domingo al denunciar públicamente la existencia de una prueba de audio comprometedora. Según el alto funcionario, el registrador del departamento de Córdoba habría solicitado la suma de 100 millones de pesos a cambio de garantizar mil votos en el marco de los comicios legislativos que se adelantan en el país.
“El Registrador de Córdoba aparece en una grabación en la que se estaría pidiendo 100 millones de pesos por mil votos. Más tarde, estas grabaciones serán puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se investigue lo ocurrido", aseguró Benedetti de manera tajante.
Pruebas a disposición de la Fiscalía
El jefe de la cartera del Interior subrayó que el material probatorio será entregado formalmente a las autoridades competentes. El objetivo es que la Fiscalía determine la veracidad de los audios y adelante las investigaciones penales correspondientes para individualizar las responsabilidades en este presunto caso de corrupción al sufragante.
Esta grave denuncia se dio a conocer mientras operaban los mecanismos institucionales de seguimiento, incluyendo el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se coordinan acciones con organismos de control y autoridades judiciales para monitorear la transparencia del proceso en todo el territorio nacional.
Balance de capturas por delitos electorales
En medio de este escenario, el Gobierno Nacional hizo un llamado urgente a la ciudadanía para reportar cualquier intento de fraude. La transparencia de la jornada democrática es la prioridad de las autoridades, quienes mantienen activos todos los canales de denuncia.
Por su parte, la Policía Nacional informó que, desde el inicio de la jornada, se han registrado 68 capturas en 35 operativos distintos contra delitos electorales. Estas acciones han permitido la incautación de $3.626 millones de pesos en efectivo, dinero que, según las investigaciones preliminares, tendría como destino la compra ilegal de votos en diversas regiones del país.
