El directivo de la estatal petrolera defiende la legalidad en la compra de un inmueble mientras expertos evalúan el impacto financiero de su caso.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Publicado por: M.P.
La estabilidad administrativa de la empresa más importante de los colombianos atraviesa un momento de alta tensión institucional. Tras meses de seguimientos y recolección de material probatorio, las autoridades judiciales han formalizado una etapa crucial en las investigaciones que rodean a la alta gerencia de la compañía. Este escenario ha puesto a prueba los protocolos de gobierno corporativo y la confianza de los inversionistas, quienes observan con detenimiento cómo las decisiones personales de sus directivos pueden llegar a comprometer la imagen de la organización en los mercados internacionales.
En medio de un clima de polarización política y cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos, el foco se ha desplazado hacia los despachos judiciales de Bogotá. Allí, la arquitectura institucional de la Nación se enfrenta al reto de procesar denuncias que vinculan transacciones privadas con el ejercicio del poder público en el sector de los hidrocarburos.
Imputación de cargos y declaración de inocencia
El actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, compareció recientemente ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá en una diligencia de carácter virtual. Durante la sesión, la Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Según el ente acusador, Roa habría utilizado su posición de privilegio para favorecer intereses de particulares, específicamente los del empresario y exintegrante de la fuerza pública, Juan Guillermo Mancera.
La tesis de la Fiscalía sugiere que estas influencias habrían tenido un impacto directo en decisiones de negocio y oportunidades contractuales dentro de Hocol, una de las filiales estratégicas de Ecopetrol dedicada a la exploración y producción de gas y petróleo. Ante la lectura de los cargos, el alto directivo, asistido por su equipo de defensa, fue enfático en no aceptar la responsabilidad penal y se declaró inocente, sosteniendo que sus actuaciones se han ajustado estrictamente a la legalidad vigente.
#JUDICIAL | El abogado Juan David León, defensor del presidente de Ecopetrol (@ECOPETROL_SA), Ricardo Roa (@ricroabar) le pidió al juez que no imparta legalidad al acto de imputación de cargos de la @FiscaliaCol, por considerar que no ha sido claro y que tiene vacíos que… pic.twitter.com/I1FfkcXQKf
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 11, 2026
Continuidad bajo la lupa del gobierno corporativo
A pesar de la gravedad de la vinculación formal al proceso penal, la Junta Directiva de Ecopetrol ha optado por un camino de cautela y rigor procedimental. En un comunicado oficial, el cuerpo colegiado informó que, por el momento, Ricardo Roa permanecerá en su cargo. La decisión se fundamenta en el respeto irrestricto a la presunción de inocencia y al debido proceso, principios que rigen el ordenamiento jurídico colombiano.
No obstante, la permanencia de Roa no es un cheque en blanco. La Junta ha activado los protocolos de debida diligencia establecidos en el Código de Buen Gobierno y la Ley 222 de 1995. Para ello, cuentan con el respaldo de firmas consultoras nacionales e internacionales que analizan los posibles efectos de esta situación sobre la información financiera y el valor de las acciones de la compañía. El objetivo es determinar si la situación jurídica actual es compatible con las estrictas obligaciones regulatorias que pesan sobre una empresa que cotiza en bolsas internacionales.
El rastro inmobiliario que originó el proceso
El núcleo de la controversia radica en una operación de compraventa de un apartamento en la capital del país. El inmueble pertenecía a la firma Princeton International Holding, vinculada al empresario Serafino Iácono. La justicia investiga el rol de Juan Guillermo Mancera como presunto intermediario y garante en el pago de esta propiedad, cuyo valor ascendió a los 1.800 millones de pesos.
Las autoridades buscan esclarecer si esta transacción inmobiliaria fue la antesala para que empresas relacionadas con Mancera obtuvieran beneficios contractuales en la estatal petrolera. Cabe recordar que Roa, quien llegó a la presidencia de la entidad en abril de 2023, ya cargaba con el peso de investigaciones administrativas relacionadas con su anterior rol como gerente de la campaña presidencial de 2022, donde fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral por la vulneración de topes financieros. Por ahora, el ejecutivo mantiene su defensa argumentando que la compra del inmueble se realizó con recursos lícitos y propios
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