La joven de 30 años agota recursos judiciales tras fallidos tratamientos psiquiátricos. Un proceso que busca regular la muerte digna ante el silencio estatal.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El sistema de salud y la justicia colombiana se enfrentan a un dilema ético y legal sin precedentes. Un nuevo caso que cursa en los despachos de la Corte Constitucional ha puesto sobre la mesa las zonas grises de la legislación nacional respecto a la autonomía del paciente y los límites del tratamiento psiquiátrico. La solicitud de una ciudadana busca sentar un precedente sobre cómo el Estado debe responder ante el sufrimiento existencial que no encuentra alivio en la medicina tradicional.
La protagonista de esta batalla judicial es Catalina Giraldo Silva, una psicóloga de 30 años que ha dedicado más de la mitad de su vida a combatir un dolor que, según describe, trasciende lo emocional para manifestarse como una presencia física constante en su pecho. Su historial clínico documenta una lucha iniciada a los 13 años, periodo en el cual ha transitado por nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva. A pesar de haber agotado cerca de 40 combinaciones farmacológicas, los diagnósticos de trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y ansiedad no especificada persisten con una intensidad que ella califica como incompatible con la dignidad.
Vacío normativo frente al suicidio asistido
A diferencia de la eutanasia, procedimiento ya regulado donde el personal médico administra el fármaco, Giraldo Silva ha optado por solicitar el Suicidio Médicamente Asistido (SMA). En esta modalidad, el profesional de la salud proporciona los medios necesarios, pero es el paciente quien ejecuta la acción final. Esta distinción técnica es la que ha generado el actual bloqueo administrativo; aunque la Corte Constitucional despenalizó el SMA en 2022, la falta de una regulación detallada por parte del Congreso o el Ministerio de Salud deja a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sin una hoja de ruta operativa.
En noviembre de 2025, la EPS Sanitas negó formalmente la petición de la joven, argumentando precisamente la inexistencia de normas que reglamenten su aplicación dentro del sistema de seguridad social. Ante esta negativa, la demandante, bajo la representación del abogado Lucas Correa, interpuso una acción de tutela que hoy escala hasta las máximas instancias judiciales. La pretensión no es solo obtener el permiso individual, sino obligar a las autoridades sanitarias a establecer un protocolo claro que evite que otros pacientes deban recurrir a métodos clandestinos o violentos.
El entorno familiar y la urgencia de la tutela
La postura de la familia ha sido un pilar fundamental en este proceso. María Ángela Silva, madre de Catalina, sostiene que su respaldo nace de ser testigo directo del agotamiento y el padecimiento diario de su hija. Para los allegados, la autorización del procedimiento representaría la oportunidad de una despedida controlada, segura y, sobre todo, acompañada, alejando el fantasma de los nueve intentos de suicidio previos que han marcado la historia reciente de la psicóloga.
El debate que ahora debe resolver la Corte Constitucional no solo implica revisar el caso de Catalina Giraldo, sino también analizar las estadísticas que rodean este fenómeno en el país. Con cerca de 2.800 suicidios registrados anualmente en Colombia, la defensa argumenta que el SMA podría ofrecer una alternativa humanizada para casos de enfermedades graves y resistentes a tratamiento, garantizando el derecho fundamental a morir dignamente sin los traumas derivados de la marginalidad médica.
