Fiscales federales en Nueva York verifican testimonios de exjefes criminales sobre presuntos aportes de recursos ilícitos en la contienda electoral.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El panorama político y judicial en Colombia se ve sacudido una vez más por informaciones que trascienden las fronteras nacionales. En los últimos días, diversos reportes provenientes de medios de comunicación en Estados Unidos han puesto el foco sobre las cortes federales de Nueva York y las oficinas de la Agencia Antidrogas (DEA).
El eje de la controversia gira en torno a presuntas indagaciones preliminares que buscan establecer si existieron nexos reales entre estructuras del narcotráfico y la financiación de la contienda electoral que llevó a la Casa de Nariño a su actual administración en 2022.
A diferencia de otros procesos de extradición rutinarios, el interés de la justicia norteamericana parece centrarse ahora en la verificación de testimonios que vinculan nombres de alto perfil criminal con movimientos estratégicos durante la campaña presidencial. Lea: El prontuario criminal de alias Pipe Tuluá: décadas de violencia, extorsión y narcotráfico
Aunque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha formulado cargos, el flujo de información sugiere que fiscales en los distritos de Manhattan y Brooklyn estarían consolidando un expediente basado en declaraciones de cooperantes y fuentes confidenciales.
Testimonios clave bajo la lupa de fiscales federales
En el centro de este entramado judicial aparecen dos figuras determinantes del crimen organizado en Colombia. El primero es Andrés Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, exjefe de la banda delincuencial ‘La Inmaculada’. Tras su reciente extradición a suelo estadounidense, las versiones indican que investigadores federales estarían revisando sus afirmaciones previas. Según estos reportes, Marín habría manifestado haber sido contactado por emisarios cercanos a la campaña de 2022 para discutir beneficios judiciales, en lo que la opinión pública ha denominado el “Pacto de la Picota”. Le puede interesar: Esto se sabe de alias ‘Pipe Tuluá’, el jefe de La Inmaculada extraditado a Estados Unidos
Por otro lado, el nombre de Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, señalado como el “zar del contrabando”, también ha surgido en las pesquisas. A Marín se le vincula con presuntas entregas de dinero en efectivo que habrían tenido como destino estructuras de la campaña. Si bien algunas versiones indican que dichos recursos habrían sido devueltos, la justicia estadounidense busca determinar la trazabilidad de estos fondos y si representan una violación a las leyes de financiamiento internacional o de lavado de activos.
#PolíticaEnCanal1 | 🚨”PIPE TULUÁ” DICE QUE FINANCIÓ LA CAMPAÑA DEL PRESIDENTE PETRO🚨
— Canal 1 (@Canal1_Col) February 3, 2026
“Nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas”, dice alias “Pipe Tuluá”, en un audio revelado. Advierte que dará las pruebas a Estados Unidos. Hoy fue extraditado a este país. pic.twitter.com/oUD7LRYiHa
Respuesta de la Casa de Nariño y defensa oficial
Ante la gravedad de los señalamientos, el Gobierno nacional ha mantenido una postura de rechazo tajante. El propio presidente Gustavo Petro, a través de sus canales oficiales, ha desmentido la existencia de procesos formales en su contra en el país norteamericano, calificando las versiones como una estrategia de desestabilización basada en fuentes no verificadas. En sintonía con el mandatario, la Embajada de Colombia en Washington ha enfatizado que no hay notificaciones judiciales que involucren al jefe de Estado. Lea: Minjusticia deja en firme la extradición de alias Pipe Tuluá solicitada por Estados Unidos
Por su parte, figuras como Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien fungió como gerente de la campaña presidencial, han señalado que estas hipótesis carecen de rigor lógico y sustento probatorio. Mientras la DEA continúa procesando información de sus informantes sobre presuntos movimientos financieros sospechosos, el país aguarda por una claridad jurídica que solo las cortes de Estados Unidos podrán brindar en la medida en que los procesos de delación de los capos avancen.
