La emergencia invernal no fue un hecho fortuito ni imprevisible, sino la materialización de una serie de omisiones.
Publicado por: Redacción Nacional
La ola inverna que dejó más de 200 mil personas damnificadas en Córdoba y Sucre podría no haber sido un desastre natural inevitable. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Irene Vélez y otros seis altos funcionarios por presuntas omisiones que habrían agravado el desbordamiento del río Sinú.
El ente de control inició proceso formal contra la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y actual ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, junto a otros funcionarios, por posibles fallas en el control y vigilancia de la central hidroeléctrica Urrá. Puede leer: Crónica de las 72 horas que sumergieron a Córdoba: cuando el agua destruyó todo a su paso
Según la Procuraduría, se habría configurado una negligencia operativa sistemática que priorizó la generación de energía por encima de la seguridad de las comunidades, lo que habría contribuido al desbordamiento registrado en febrero pasado.
La emergencia no fue imprevisible, advierte la Procuraduría
De acuerdo con un informe preventivo del Ministerio Público, la emergencia invernal no fue un hecho fortuito ni imprevisible, sino la materialización de un riesgo que ya había sido advertido.
El documento señala presuntos incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental por parte de la empresa Urrá S.A. E.S.P., así como una operación que habría desconocido parámetros técnicos clave en la gestión del embalse. Lea además: Procuraduría investiga manejo del embalse de Urrá tras inundaciones en Córdoba
Entre los hallazgos más relevantes, la Procuraduría evidenció que la empresa habría mantenido de manera recurrente el embalse por encima de la Curva Guía Máxima definida por la Comisión Nacional de Operaciones.
El informe advierte que esta conducta implicaría una priorización de la generación de energía sobre la regulación de caudales para prevenir inundaciones. Además, se identificaron posibles excesos en los caudales de descarga autorizados, fallas en la gestión del riesgo de desastres y deficiencias en los sistemas de alerta temprana.
Señalamientos directos contra la ANLA
La acción disciplinaria apunta directamente a Irene Vélez y a Camilo Alexander Rincón Escobar, subdirector de Seguimiento de la ANLA, por una presunta falta de control oportuno frente a los incumplimientos detectados desde 2024.
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También se investiga un posible retraso en la expedición de actos administrativos para actualizar los parámetros técnicos del embalse. Le sugerimos leer: Más de 254.000 personas afectadas por las lluvias en Colombia: Córdoba concentra la mayor emergencia
La Procuraduría fue enfática al señalar que la actuación de la autoridad ambiental habría sido “tardía y reactiva frente a un patrón de incumplimientos sistemáticos previamente detectados y conocidos”.
Otros funcionarios bajo investigación
El auto de apertura también vinculó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Libardo Yanod Márquez, y al superintendente delegado de Energía y Gas Combustible, Omar Camilo López, por presuntas fallas en sus funciones de vigilancia.
Según el ente de control, pese a contar con información sobre irregularidades en la operación de Urrá, no habrían actuado de forma suficientemente proactiva para evitar la magnitud del desastre.
El proceso disciplinario también cobija al director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), Orlando Rodrigo Medina, por posibles omisiones en el control de intervenciones ilegales en humedales.
Asimismo, fueron vinculados Enrique Kerguelén Méndez y Juan Acevedo Rocha, presidente encargado y expresidente de Urrá S.A. E.S.P., respectivamente. La Procuraduría ordenó su notificación y la recolección de pruebas documentales dentro del proceso.
