Nueva EPS concentra más del 80% de los recursos comprometidos en procesos judiciales.
El sistema de salud colombiano enfrenta una de sus alertas financieras más delicadas de los últimos años.
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) activó la Red de Controladores del Sector Salud y notificó formalmente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación sobre una acumulación de embargos judiciales que supera los $2,6 billones sobre recursos administrados por distintas Entidades Promotoras de Salud.
La medida busca proteger unos dineros que, por mandato legal, están destinados exclusivamente a garantizar la atención de los usuarios y que no pueden ser objeto de retención ni secuestro judicial. Además: Estas son las EPS que podrían ser liquidadas en Colombia tras la orden de Petro
La preocupación de las autoridades sanitarias radica en que estos recursos no pertenecen al patrimonio de las EPS ni pueden ser utilizados para saldar deudas propias de estas organizaciones.
Aun así, la acumulación de procesos ejecutivos en su contra ha generado una presión que amenaza con bloquear los flujos de dinero hacia hospitales, clínicas y demás prestadores del servicio de salud. De materializarse esos bloqueos, los efectos recaerían directamente sobre los usuarios del servicio afectando a los pacientes.
Nueva EPS concentra la mayor parte de los embargos
Con corte al 22 de enero de 2026, la Supersalud identificó que las EPS con medidas de intervención forzosa administrativa concentran la mayor parte del problema.
Nueva EPS encabeza la lista con cerca de $2,1 billones en embargos, una cifra que por sí sola representa más del 80 por ciento del total identificado. Le siguen Coosalud EPS, con aproximadamente $341.000 millones; Asmet Salud, con $137.000 millones; Cajacopi EPS —actualmente denominada Proteger EPS y bajo vigilancia especial—, con $43.000 millones; y Emssanar EPS, con alrededor de $39.000 millones. Lea también: En plena crisis de la salud, decreto abre la puerta a traslados masivos de usuarios de EPS
Sin embargo, el fenómeno no se limita a las entidades intervenidas. El informe de la Supersalud también registró 36 embargos sobre EPS que no tienen medidas de intervención administrativa, por un valor que supera los $32.000 millones.
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En este grupo figuran Mallamas EPS-I, con $15.052 millones; Capital Salud, con $8.750 millones; Compensar, con $7.478 millones; Sanitas, con $752 millones; y Salud Total, con $540 millones.
Geográficamente, la mayor concentración de estos procesos se presenta en los departamentos de Caquetá y Huila, así como en Bogotá, y se detectó la participación reiterada de algunos demandantes en múltiples casos simultáneos. Siga informado: Decreto que reconfigura EPS: ¿cómo afectará a millones de colombianos? Riesgos y claves
Una red interinstitucional frente al riesgo de colapso
Para hacerle frente a esta situación, la Supersalud acudió a la Red de Controladores del Sector Salud, un mecanismo creado mediante la Resolución 2246 de 2020, que articula a múltiples entidades del Estado colombiano.
Hacen parte de esta red la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y las superintendencias de Sociedades, Financiera de Colombia, de Industria y Comercio, de Subsidio Familiar y de Economía Solidaria, entre otras. Además: Choque por reforma a la salud: Petro responde que “se aprobará más temprano que tarde”
La Supersalud remitió a estas entidades un informe técnico para que cada una, en el marco de sus competencias, evalúe posibles vulneraciones al derecho fundamental a la salud y adopte las acciones que estime pertinentes.
La entidad fue enfática al señalar que los recursos del sistema de salud son inembargables y que su destinación debe ser exclusivamente la prestación de servicios a los afiliados.
La Superintendencia Nacional de Salud activó la ‘Red de Controladores en Salud’ ante embargos a recursos del sistema que superan los $2,6 billones.
— Supersalud (@Supersalud) March 27, 2026
En aplicación del principio de colaboración armónica, la #Supersalud remitió un informe a la Fiscalía y a la Procuraduría para… pic.twitter.com/V38ViKsOF0
Según la Supersalud, los embargos generan retrasos en los pagos a prestadores, fomentan el aumento de acciones judiciales y elevan los riesgos operativos de las EPS, con consecuencias directas sobre la entrega de medicamentos, procedimientos y demás tecnologías en salud.
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Las autoridades competentes deberán ahora definir las medidas urgentes que permitan levantar o neutralizar los embargos identificados, proteger la destinación de esos recursos y asegurar que los usuarios del sistema puedan continuar recibiendo atención sin interrupciones.
La situación pone a prueba la capacidad del Estado para defender los dineros públicos de la salud frente a intereses particulares que, según lo advierte la Supersalud, comprometen la estabilidad de todo el sistema.
