Más de dos millones de afiliados podrían pasar a la Nueva EPS tras nuevo decreto.
Un decreto reorganiza el mapa de las EPS en Colombia y abre la puerta a traslados masivos de afiliados. La norma, expedida por el Ministerio de Salud el pasado miércoles 25 de febrero, no liquida el modelo de aseguramiento, pero redefine quién puede operar, dónde y bajo qué condiciones, con consecuencias directas para millones de colombianos.
En medio de la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano, el Gobierno nacional movió una ficha clave: expidió el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026.
La norma modifica el Decreto 780 de 2016 —la compilación regulatoria del sector— y fija nuevas reglas sobre cómo, dónde y en qué condiciones pueden operar las Entidades Promotoras de Salud en el territorio nacional.
El Ministerio de Salud, bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó la medida como un paso orientado a mejorar la eficiencia, ampliar la universalidad y reforzar la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además: Hemofilia y trauma craneoencefálico: una tragedia que interpela al sistema de salud
Lo que el decreto no hace resulta tan relevante como lo que sí transforma. No elimina el modelo de aseguramiento ni suprime a las EPS. Lo que modifica de fondo es el concepto de “territorialización”: las condiciones que determinan en qué municipios y departamentos puede operar una aseguradora.
La consecuencia es concreta: cuando una EPS deje de cumplir los umbrales mínimos exigidos en un territorio, sus afiliados serán reasignados de manera obligatoria a aquellas que sí estén habilitadas. Le puede interesar: Gobierno plantea trasladar millones de afiliados a EPS en crisis mediante nuevo modelo territorial
Las reglas del nuevo mapa de la salud
El decreto establece criterios escalonados que combinan tamaño poblacional y participación de mercado. A nivel nacional, las EPS que concentran más del 20 % de los afiliados del país conservan su autorización plena.
Las que cuentan con menos de un millón de afiliados también pueden mantenerla, pero con una condición: si en un departamento su participación cae por debajo del 3 % del total —sumando régimen contributivo y subsidiado— deberán retirarse de los municipios de ese territorio. Para ver: Video genera rechazo por presunta negación de atención médica en EPS
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En el ámbito departamental, la norma fija umbrales diferenciados según la población. En departamentos con más de dos millones de habitantes, la participación mínima exigida es del 5 %. En aquellos con entre 390.001 y dos millones de personas, el piso aumenta al 10 %. Y en los que tienen entre 100.000 y 390.000 habitantes, el requisito asciende al 15 %.
El nivel municipal es el más restrictivo. En ciudades de más de 500.000 habitantes podrán operar todas las EPS autorizadas, salvo las que no alcancen el 3 % de participación local.
En municipios más pequeños, en cambio, el número de aseguradoras se limita de forma progresiva: entre 100.001 y 500.000 habitantes podrán funcionar cinco; entre 50.001 y 100.000, cuatro; entre 30.001 y 50.000, tres; entre 20.001 y 30.000, dos; y en los de 20.000 habitantes o menos, solo una EPS podrá prestar el servicio. En todos los casos, quedan excluidas aquellas que no superen el 3 % de afiliados en el territorio. Además: Petro vuelve a amenazar con liquidar las EPS tras polémica del ministro de Salud
Traslados obligatorios y reglas para la redistribución
Cuando la Superintendencia Nacional de Salud actualice los ámbitos territoriales y una EPS quede por fuera del nuevo esquema, el Ministerio de Salud y la ADRES deberán reasignar a sus afiliados en un plazo breve, con efecto desde el primer día del mes siguiente. El proceso será automático: no habrá gradualidad ni posibilidad de permanencia temporal.
En municipios pequeños, donde el número de EPS habilitadas podría reducirse de cuatro a una o dos, el impacto será inmediato y podría afectar a miles —o incluso cientos de miles— de personas al mismo tiempo. Además: Petro señala a familias políticas por el colapso financiero de la Nueva EPS: “Un robo al Estado”
Para ordenar esa redistribución, el decreto fija reglas específicas. Primero, los grupos familiares registrados en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) deberán permanecer unidos: ninguna familia podrá ser fragmentada durante la asignación.
Segundo, la EPS con mayor participación en el municipio no podrá recibir afiliados adicionales si existe otra aseguradora disponible, con el fin de evitar concentraciones mayores. Tercero, la asignación seguirá un criterio inverso: la EPS con menos afiliados en el territorio recibirá más nuevos usuarios, mientras que la que tenga mayor participación absorberá menos.
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Los pacientes de alto costo y las mujeres gestantes tendrán un tratamiento especial. Su distribución será proporcional entre las EPS receptoras, de acuerdo con el número total de afiliados que cada una tenga en el municipio.
Una vez completada la asignación, los afiliados deberán permanecer en su nueva EPS durante 60 días calendario. Transcurrido ese plazo, recuperarán su derecho a la libre escogencia y podrán trasladarse a cualquier otra aseguradora habilitada en su municipio, con efecto desde el primer día del mes siguiente a la solicitud.
La preocupación por la Nueva EPS
Las primeras estimaciones de expertos del sector advierten un efecto colateral significativo: el decreto podría trasladar más de dos millones de afiliados hacia la Nueva EPS, la aseguradora con mayor presencia territorial en el país.
Entidades como Sanitas, Sura, Salud Total y Famisanar verían reducida su base de usuarios como consecuencia directa de la nueva regulación.
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El interrogante radica en la capacidad de absorción. La Nueva EPS ha acumulado en los últimos años un volumen considerable de quejas por fallas en la prestación de servicios, lo que despierta dudas sobre si podrá asumir una llegada masiva de afiliados sin agravar los problemas existentes.
El Gobierno sostiene que la medida busca racionalizar el sistema y proteger su sostenibilidad financiera. Sin embargo, en un entorno donde la crisis del sector ya afecta cotidianamente a millones de pacientes, la implementación del decreto será tan determinante como su redacción.
Lo que está en juego no es únicamente un ajuste administrativo, sino el acceso real y oportuno a los servicios de salud para una parte sustancial de la población colombiana.
