El Gobierno Nacional mantiene vigilancia sobre el orden público mediante traslados fronterizos y vuelos custodiados hacia los países de origen.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La gestión del flujo migratorio en el territorio nacional sigue siendo una prioridad para las autoridades encargadas de la seguridad y el orden público. Durante el primer trimestre de este año, se ha mantenido una vigilancia estricta sobre la permanencia de ciudadanos de otras nacionalidades, resultando en una serie de medidas administrativas que buscan regularizar y sancionar el incumplimiento de las normativas vigentes en el país.
De acuerdo con el balance más reciente entregado por Migración Colombia, en lo corrido de 2026 se han registrado un total de 310 casos de deportaciones y expulsiones. Estas acciones se fundamentan en la necesidad de garantizar la salubridad, la tranquilidad social y el respeto por los marcos legales establecidos. Según la entidad, las causas principales que motivan estas decisiones radican en la presentación de documentación fraudulenta, el desarrollo de actividades no autorizadas bajo permisos de ingreso y, en casos específicos, requerimientos de autoridades judiciales tanto nacionales como internacionales, incluyendo alertas de Interpol.
Causas y regiones con mayor índice de deportación
Del total de los casos reportados hasta la fecha, 157 corresponden a deportaciones. Esta medida se asocia mayoritariamente a irregularidades detectadas en los procesos de ingreso, permanencia o salida del suelo colombiano. Geográficamente, la operatividad de estas sanciones se ha concentrado en puntos estratégicos como las regionales de Nariño, Oriente, Atlántico, Eje Cafetero y Antioquia.
Por otro lado, se han ejecutado 153 expulsiones, una determinación de carácter más severo. Esta se aplica cuando se evidencia que la presencia del individuo representa un riesgo para la seguridad nacional o cuando existen mandatos judiciales directos. Solo en la Regional Andina, con especial énfasis en la capital, Bogotá, se efectuaron más de 150 de estos procedimientos, los cuales suelen concluir con el traslado de los ciudadanos a zonas fronterizas o su retorno a los países de origen mediante vuelos custodiados.
Como autoridad migratoria aplicamos ocho inadmisiones por esta causal en solo 48 horas ,en esta terminal aérea. Con estos casos, ya suman 41 en Antioquia:
— Migración Colombia (@MigracionCol) April 15, 2026
🛑 11 por Angel Watch
🛑 1 por circular verde
🛑 29 tras entrevistas migratorias
Ya son cerca de 60 casos en el país. pic.twitter.com/Oqg8bTMXhY
Diferencias legales entre expulsión y deportación
La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, enfatizó que cada procedimiento se realiza bajo el estricto marco de la Constitución y la ley, asegurando el debido proceso, pero reafirmando la potestad del Estado colombiano para ejercer control sobre quienes habitan el territorio. Es fundamental comprender que, aunque ambas medidas exigen la salida inmediata de la nación, sus implicaciones legales varían significativamente.
La deportación conlleva una sanción que puede prohibir el reingreso al país por un periodo que oscila entre los seis meses y los diez años. En contraste, la expulsión establece un veto mínimo de cinco años, no admite recursos de apelación y obliga al ciudadano a tramitar una visa vigente en caso de pretender un eventual retorno. Estas cifras de inicio de año mantienen una tendencia similar a la observada en 2025, periodo en el cual se contabilizaron 1.652 medidas administrativas de este tipo en todo el país.
