Medicina Legal confirmó la identidad de la mayoría de las 48 víctimas, mientras organismos de control cuestionan los recortes presupuestales para prevenir el reclutamiento infantil.
Una tragedia de proporciones mayores sacudió al país en los últimos días por una nueva masacre. Los enfrentamientos registrados el 27 de mayo en la vereda Barranco Colorado, zona rural de San José del Guaviare, entre dos facciones enemigas de las disidencias de las antiguas Farc dejaron un saldo que va más allá de las cifras, de los 48 cuerpos recuperados, once pertenecían a menores de edad.
El hallazgo, confirmado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desató una cadena de reacciones institucionales que puso al descubierto no solo la barbarie de los grupos armados, sino también las grietas en la política estatal de protección a la infancia.
Medicina Legal identificó a 43 de los 48 fallecidos. Entre ellos figuran 34 hombres y nueve mujeres, además de los once menores, ocho niños y tres niñas, cuyos nombres fueron reservados para proteger sus derechos. Además: Así murió en combate un menor reclutado por disidentes de las Farc
Los cinco cadáveres restantes, todos masculinos, siguen sin identificar. El choque ocurrió entre los guerrilleros de alias “Iván Mordisco”, nombre de guerra de Néstor Gregorio Vera, comandante del Estado Mayor Central y el hombre más buscado del país, y las de alias “Calarcá”, es decir, Alexander Díaz Mendoza, quien se separó de esa estructura en 2024 para liderar el Estado Mayor de Bloques y Frentes.
Dos exaliados que hoy se disputan, a sangre y fuego, el control del narcotráfico y las rutas ilegales en la región en especial al sur del país. Lea también: Denuncian que disidencias de las Farc están carnetizando para votar en el Meta
Procurador y ministro de Defensa señalaron crímenes de guerra
La respuesta institucional no tardó en llegar. El procurador general, Gregorio Eljach, rechazó de manera contundente lo ocurrido y exigió al Gobierno asumir, sin excusas, la protección de los menores que los grupos armados siguen utilizando como parte de su maquinaria bélica.
Para el jefe del Ministerio Público, los hechos constituyeron una grave violación al Derecho Internacional Humanitario que no admite amnistía, y llamó a perseguir a los responsables y someterlos a la justicia con la mayor severidad posible.
“Las niñas, niños y adolescentes no les pertenecen a la guerra”, afirmó Eljach en su comunicado, insistiendo en que el Estado debe imponerse sobre los grupos armados y en que estos crímenes no pueden quedar en la impunidad.
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Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo que varios de los menores muertos eran presuntas víctimas de reclutamiento forzado y advirtió que los hechos podrían calificarse como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El funcionario señaló, además, que las disidencias estarían trasladando jóvenes reclutados en el Cauca y otras zonas del suroccidente colombiano hasta el Guaviare para integrarlos a su brazo armado y disputar un territorio estratégico. Además: “El Estado se olvidó de nosotros”: soldados secuestrados por las Farc lanzan duro mensaje a Petro
Procuraduría condena el asesinato de 11 adolescentes en enfrentamientos entre disidencias en Guaviare
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 3, 2026
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, condena de manera categórica el asesinato de 11 menores de edad en la confrontación de las disidencias de alias ‘Iván… pic.twitter.com/6P3PBrDTVI
El reclutamiento de menores no es un fenómeno nuevo en el conflicto colombiano, pero las cifras lo vuelven a poner en el centro del debate. En 2025, la Defensoría del Pueblo registró 386 casos en el país y atribuyó el 42 % de ellos a las disidencias de “Mordisco”.
Más de la mitad de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas. Con corte a abril de 2026, la Unidad para las Víctimas contabilizó 11.830 menores vinculados a actividades de grupos armados, una cifra que la Procuraduría citó en escenarios de control previos a la masacre para alertar que el fenómeno no cede, sino que muta hacia modalidades como el enganche digital y los falsos enamoramientos.
Según un informe del Centro de Paz y Seguridad Externadista de la Universidad Externado de Colombia, en los primeros tres años del gobierno de Gustavo Petro se registraron 40.663 homicidios en el país, 2.862 más frente al trienio de Iván Duque que equivalen a un 7,59 %. Además: Disidencias de las Farc protagonizan acto con niños en colegio de Nariño: el video genera rechazo
La entidad encargada de prevenir el reclutamiento opera con fondos mínimos
Mientras el país procesaba el impacto de la tragedia, emergió una discusión paralela que agrava el panorama. Semanas antes del enfrentamiento en Guaviare, la Contraloría General de la República había reunido en un foro a entidades de control para revisar la inversión estatal en la prevención del reclutamiento infantil. Las conclusiones fueron preocupantes.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que el país recortó de manera significativa los recursos destinados a ese propósito. El tijeretazo golpeó directamente a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, conocida como Ciprunna, entidad encargada de coordinar esa tarea a nivel nacional. Su presupuesto cayó un 83,8 % al pasar de 12.891 millones de pesos en el período 2019-2023 a apenas 1.810 millones para el ciclo 2024-2026. Se recomienda: Prima de los hermanos Mucutuy murió en combates tras ser reclutada por disidencias
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Pero la Contraloría fue más lejos en su cuestionamiento. De los 12.891 millones asignados en el período anterior, la comisión solo ejecutó 9.216 millones, lo que evidencia que ni siquiera se aprovecharon los recursos disponibles antes de que estos fueran drásticamente reducidos.
El cuadro que emerge es, entonces, el de una crisis estructural. Por un lado, grupos armados que reclutan a niños y los llevan a escenarios de guerra donde pierden la vida.
Por otro, un Estado que, en lugar de fortalecer los mecanismos de prevención, los ha desfinanciado justo cuando el fenómeno se expande y se diversifica. Los once menores muertos en Barranco Colorado no son solo el resultado de una confrontación entre facciones criminales; son también el reflejo de una política pública que llegó tarde, con poco y sin los recursos suficientes para enfrentar una amenaza que lleva décadas cobrándose vidas infantiles en Colombia.
