También persisten reclamos de antiguos contratistas por honorarios, comisiones y gastos de desplazamiento que siguen pendientes.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad abrió nuevos interrogantes sobre el manejo de recursos, contratos y bienes durante los últimos meses de funcionamiento de la entidad. El Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que una revisión administrativa permitió encontrar situaciones que ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes.
El anuncio fue realizado por Miller Soto, vocero de la Presidencia, quien explicó que las verificaciones se concentraron, entre otros aspectos, en la información financiera y contractual relacionada con Fonigualdad, el fondo encargado de administrar recursos destinados a los programas de la cartera.
Uno de los puntos que llamó la atención del Ejecutivo está relacionado con unas bodegas en las que permanecen mercancías pertenecientes a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Según el Gobierno, estos bienes están avaluados en cerca de $16.800 millones y las llaves de los inmuebles todavía no habrían sido entregadas por el último ministro de la cartera, Luis Alfredo Acosta.
Soto afirmó durante una rueda de prensa que esta situación hace parte de las razones por las cuales el Ejecutivo anunció acciones ante la justicia contra el exfuncionario.
Revisión de contratos dejó alertas sobre millonarios recursos públicos
La revisión adelantada durante el proceso de cierre también puso el foco sobre los contratos suscritos en la etapa final del Ministerio de Igualdad. De acuerdo con el vocero presidencial, fueron identificados más de 60 contratos que calificó como realizados “de última hora”, cuyo valor conjunto se aproxima a los $469.000 millones.
Fonigualdad funcionaba como el brazo financiero y ejecutor de la cartera y tenía entre sus funciones administrar recursos destinados a programas para superar brechas de desigualdad poblacional e inequidad territorial.
Otro de los aspectos señalados por el Gobierno corresponde a la concentración de recursos. Según Soto, una sola empresa habría acumulado contratos por más de $171.000 millones, una cifra que, de acuerdo con la explicación entregada, contrasta con el nivel de ejecución registrado durante el año anterior, cuando la inversión del Ministerio apenas habría alcanzado el 5 %.
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Las observaciones no se quedaron únicamente en una revisión interna. El Gobierno informó que ya fueron presentadas 13 denuncias ante las autoridades: seis de carácter penal, cinco disciplinarias y dos fiscales. Estas actuaciones deberán determinar si existieron responsabilidades y si las situaciones detectadas constituyen irregularidades.
La información conocida hasta ahora corresponde a señalamientos realizados por el Ejecutivo y no implica, por sí misma, que exista responsabilidad penal o disciplinaria de las personas mencionadas. Serán las autoridades competentes las encargadas de adelantar las investigaciones y establecer lo que corresponda.
Liquidación de la entidad avanzó tras decisión de la Corte Constitucional
El caso se conoce mientras continúa el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, una cartera creada durante el Gobierno de Gustavo Petro mediante la Ley 2281 de 2023.
La Corte Constitucional declaró inexequible esa ley debido a vicios de trámite relacionados, entre otros asuntos, con los requisitos fiscales para la creación de una nueva entidad estatal. Posteriormente, el intento de corregir las dificultades señaladas por el tribunal no prosperó en el Congreso.
Como consecuencia, el Gobierno expidió el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, mediante el cual ordenó la liquidación del Ministerio. La norma estableció que la entidad pasaría a denominarse “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación” y limitaría sus actuaciones a aquellas necesarias para completar el proceso de cierre.
Dentro de las medidas adoptadas por la nueva administración también está la eliminación de 40 cargos directivos correspondientes a la estructura de viceministerios. El proceso dejó además incertidumbre entre funcionarios y contratistas vinculados a la entidad.
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El Gobierno anunció, por otra parte, que $20.000 millones anuales que anteriormente estaban destinados al funcionamiento recurrente de la cartera tendrán como nuevo destino las familias afectadas por el terremoto.
🔵 El vocero del Gobierno, Miller Soto, aseguró que fueron revisados más de 60 contratos de última hora en el Ministerio de Igualdad, por cerca de $469.000 millones. Según explicó, una sola empresa concentraba más de $171.000 millones, mientras que el año pasado apenas se ejecutó… pic.twitter.com/esfdw5O6qd
— La FM (@lafm) September 3, 2026
Contratistas también reportaron retrasos en sus pagos
El cierre del Ministerio ha estado acompañado de reclamos de trabajadores y contratistas que aseguran tener pendientes diferentes obligaciones económicas.
Durante julio, algunos contratistas denunciaron retrasos en el pago de honorarios y comisiones correspondientes a varios meses. A esto se sumó, según sus testimonios, la suspensión de los correos institucionales, situación que habría dificultado el seguimiento de las cuentas de cobro.
Uno de los contratistas, quien había trabajado en la Dirección para la Superación de la Pobreza y Territorios Excluidos, aseguró que tenía pendientes los pagos correspondientes a mayo y junio, además del reembolso de gastos derivados de comisiones realizadas en comunidades vulnerables.
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El trabajador manifestó que la falta de pagos había afectado sus finanzas familiares y señaló que tenía dificultades para cubrir obligaciones como el arriendo y los servicios públicos.
Otro excontratista afirmó que todavía esperaba recursos correspondientes a abril, mayo y junio. Según su relato, el primer honorario del año, correspondiente a enero, solo fue recibido en julio, pese a que la cuenta había sido presentada con anterioridad.
Los testimonios también apuntaron a dificultades en el trámite de las cuentas. Algunos contratistas aseguraron que recibían solicitudes diferentes dependiendo del funcionario que revisara los documentos, lo que provocaba devoluciones y retrasos.
A estas dificultades se sumaron los gastos de desplazamiento para cumplir comisiones en regiones apartadas. De acuerdo con uno de los testimonios, en algunos casos esos desembolsos superaban los $3 millones y eran reembolsados meses después.
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La situación generó protestas en edificios públicos y preocupación entre sindicatos y contratistas independientes, mientras avanza el proceso de liquidación.
Con la apertura de las investigaciones anunciadas por el Gobierno, ahora serán los organismos de control y la Fiscalía los encargados de establecer qué ocurrió con los contratos, los recursos revisados y las mercancías almacenadas en las bodegas señaladas por el Ejecutivo.
