El nuevo Gobierno llegó a la Presidencia con la promesa de recuperar el control territorial mediante la fuerza, la inteligencia y una ofensiva directa contra los grupos armados. En sus primeras semanas hubo operaciones, bombardeos y capturas, pero los datos disponibles todavía no permiten afirmar que esa presión militar haya cambiado las condiciones de seguridad en las comunidades del país.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La promesa venía desde su inicio de campaña y Abelardo De La Espriella planteó recuperar el control territorial, atacar las economías ilegales y utilizar la capacidad militar del Estado contra los grupos armados. Ya en el poder, esa decisión se ha traducido en operaciones contra el Eln, las Disidencias de las Farc y estructuras como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El balance presentado por el Gobierno habla de 1.030 afectaciones a estructuras ilegales, 916 capturas, 52 sometimientos o entregas y 34 menores recuperados durante el primer mes.
A esto se suman incautaciones de armas, explosivos y municiones. Son cifras que muestran movimiento y capacidad operacional, pero que todavía necesitan otra lectura para saber qué impacto real tienen y si eso ha mejorado la situación de las comunidades donde el conflicto armado continúa.
Tras cumplirse el primer mes de mandato, la administración de Abelardo De La Espriella marca un cambio radical frente a la estrategia del gobierno anterior: el fin de las mesas de diálogo da paso a una intensa ofensiva militar
Para Leonardo González, director de Indepaz, la primera precisión es justamente esa: un mes no alcanza para determinar si las dinámicas estructurales del conflicto cambiaron.
Lo que sí puede identificarse desde ahora es una modificación en la respuesta del Estado. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la negociación política y la llamada Paz Total ocuparon un lugar central en la estrategia frente a los grupos armados. Con De La Espriella, el énfasis cambió hacia la presión militar y la búsqueda de resultados rápidos.
El escenario armado que recibió el presidente Abelardo De La Espriella
Para medir ese primer mes también es necesario mirar el punto de partida y el Gobierno de De La Espriella no recibió el mismo mapa armado que encontró Gustavo Petro en agosto de 2022. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa recopiladas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en diciembre de 2022 las principales estructuras armadas reunían 15.120 integrantes. Para julio de 2026, la cifra había llegado a 28.802, un aumento cercano al 90 %. El dato se refiere al pie de fuerza de las organizaciones.
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El crecimiento, además, no fue uniforme. Por ejemplo, el Clan del Golfo, que se presenta como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), pasó de 4.061 integrantes a 10.268, un aumento del 152 %.
El Eln, por su parte, pasó de 5.851 a 7.123, mientras que el Estado Mayor Central (EMC) llegó a 4.480 integrantes y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), estructura que agrupa a sectores de la Segunda Marquetalia, alcanzó 2.359.
En estas cuatro estructuras armadas se concentran algunos de los mayores aumentos registrados por la FIP en su comparación entre diciembre de 2022 y julio de 2026.
La propia FIP advierte que el fortalecimiento de estas organizaciones tiene causas estructurales que vienen de años atrás y que el debate sobre cuánto influyeron decisiones concretas del Gobierno anterior, como los ceses al fuego o la suspensión de bombardeos, continúa abierto.
Lo que sí muestran los datos es que el nuevo Gobierno recibe estructuras con un pie de fuerza mayor y un escenario de confrontaciones más extendido.
Tampoco se puede decir que durante el Gobierno Petro el Estado hubiera dejado de combatir militarmente a estas organizaciones. Hubo combates, capturas, incautaciones y operaciones contra grupos como el Clan del Golfo. De hecho, la organización terminó siendo uno de los principales objetivos de las operaciones de la Fuerza Pública y, en los últimos meses de esa administración, incluso se realizaron bombardeos contra sus estructuras.
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La administración anterior combinó operaciones de la Fuerza Pública con negociaciones, ceses al fuego y conversaciones con diferentes organizaciones.
La nueva política de seguridad no solo se mide en las botas sobre el terreno, sino también en el lenguaje del poder. Con una presencia activa del presidente De La Espriella en la difusión de golpes operativos y capturas de alto impacto, la estrategia gubernamental evoca viejas y acaloradas discusiones sobre la efectividad del conteo de bajas y el manejo del mensaje público.
De La Espriella, en cambio, decidió cerrar las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas creadas durante el Gobierno anterior y ordenó avanzar hacia las capturas, las extradiciones y el sometimiento a la justicia.
El nuevo Gobierno recibió organizaciones más numerosas, pero también recibió un Estado que ya venía realizando operaciones contra ellas. Sí cambió el peso político y operativo que la ofensiva militar tiene dentro de la estrategia de seguridad.
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Un conflicto que no se comporta igual en todo el país
El conflicto colombiano cambia de una región a otra y las estructuras que tienen mayor presencia en un departamento no necesariamente controlan todo su territorio.
Camilo Cruz Merchán, docente investigador de la Universidad del Valle y doctor en Ciencias Políticas, advierte precisamente que el escenario actual está marcado por un reacomodo de los actores armados.
En algunas regiones existen confrontaciones abiertas, mientras que en otras estructuras menos visibles mantienen capacidades para ejercer control, cobrar rentas o imponer reglas a las comunidades.
El Catatumbo es uno de los ejemplos más claros. Allí el Eln mantiene una fuerte presencia y disputa el territorio con disidencias de las extintas Farc.
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La Defensoría del Pueblo ha documentado la confrontación entre el Eln y estructuras como el Frente 33 y el Bloque Magdalena Medio, además de un proceso de consolidación del control territorial del Eln en distintos municipios de la región.
En el suroccidente la situación es diferente, pero también está marcada por disputas y, en el contexto del Cauca, la Defensoría identificó en 2026 la presencia sostenida del Frente Carlos Patiño, adscrito al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas del EMC, así como el riesgo de incursión de la Columna Móvil Fredy Ortiz, de la CNEB, en un corredor estratégico que conecta el sur del departamento con Nariño y el Pacífico. Allí el interés de las estructuras está relacionado también con corredores de movilidad y rentas ilegales.
En Putumayo, entre tanto, los Comandos de Frontera mantienen injerencia en diferentes zonas. La Policía los identifica como una estructura con presencia en el medio y bajo Putumayo y durante 2026 ha realizado operaciones y capturas contra integrantes señalados de pertenecer a esa organización.
En el occidente y el norte del país también existen dinámicas distintas. Por ejemplo, el Clan del Golfo se expandió durante los últimos años a nuevos municipios y mantiene disputas con otros actores en regiones como Chocó y el Valle del Cauca.
En la Sierra Nevada de Santa Marta, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otras estructuras ilegales mantienen disputas por territorios y economías ilícitas.
Por eso, hablar de “los grupos que dominan Colombia” puede resultar disperso, ya que en algunas zonas una organización ejerce mayor control social y territorial; en otras, varias estructuras se enfrentan; y en otras, el Estado conserva mayor capacidad mientras los grupos intentan mantener corredores, economías ilegales o redes de apoyo.
Acciones armadas de lado y lado
La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, identificado por las autoridades como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, fue uno de los golpes de mayor visibilidad durante estas primeras semanas.
La Presidencia aseguró que la operación había sido priorizada desde el comienzo del Gobierno y la presentó como un golpe contra el narcotráfico, la extorsión y las presiones ejercidas por esa estructura en el Caribe.
Al mismo tiempo, los grupos armados también demostraron que conservan capacidad para responder. El 31 de agosto, un carro bomba fue activado frente a la estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander. El ataque dejó un civil muerto y 11 personas heridas, entre ellas dos policías. Las autoridades señalaron al Eln como responsable.
Días después, el 4 de septiembre, un ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, dejó tres militares muertos y cuatro heridos, según información atribuida a fuentes del Ejército. Este hecho mostró nuevamente la capacidad del Eln para utilizar sistemas no tripulados contra la Fuerza Pública.
Estos hechos son importantes para leer el balance del primer mes porque muestran que la presión militar no ocurre en un escenario de un solo sentido.
Mientras el Estado realiza operaciones, captura integrantes y golpea mandos, las estructuras armadas conservan capacidad para atacar instalaciones militares y policiales, utilizar drones, instalar explosivos y mantener disputas territoriales.
Nuevas caras y formas de ataque en el conflicto
Además, la forma de hacer la guerra también ha cambiado, de cierto modo que hoy, con drones, grupos pequeños y nuevas formas de ataque, estructuras reducidas pueden golpear a unidades militares o mantener presencia en determinados territorios.
Por lo mismo, un golpe militar puede debilitar una organización, obligarla a dispersarse o cambiar su forma de operar, pero no necesariamente significa que deje de tener capacidad para ejercer violencia.
Óscar Palma Morales, profesor de la Universidad del Rosario, llama la atención precisamente sobre lo que ocurre después de estas operaciones y sobre la capacidad que tienen los grupos para reorganizarse.
La muerte o captura de un mando puede generar un impacto importante dentro de una organización, pero también puede producir reemplazos, fragmentaciones o nuevas alianzas.
En un conflicto donde las economías ilegales siguen generando recursos, el territorio continúa siendo un incentivo para que otros actores ocupen los espacios que quedan disponibles. Esa es una de las razones por las que el resultado de la estrategia de seguridad de De La Espriella tendrá que medirse más adelante.
Golpear una estructura no significa necesariamente acabarla
En este primer mes, el Gobierno ha concentrado su estrategia de seguridad en las operaciones militares, la inteligencia y los golpes contra las estructuras armadas. Sin embargo, esos resultados no significan que los grupos hayan perdido su capacidad de respuesta. Los ataques registrados durante estas semanas muestran que las organizaciones armadas todavía conservan capacidad para ejercer violencia y disputar territorios.
El ataque de Los Patios y el de Ocaña, que ocurrieron a principios de septiembre de este año, son dos ejemplos de esa tensión. En ambos casos, el objetivo fue la Fuerza Pública y los hechos ocurrieron mientras el Gobierno mostraba sus principales resultados operacionales.
Leonardo González explica que la clave está, precisamente, en lo que ocurra después de esos golpes, es decir, si los grupos armados pierden capacidad para ejercer violencia, controlar territorios y presionar a las comunidades.
Es decir, lo que todavía no se sabe es si esa nueva estrategia conseguirá modificar las condiciones que han permitido que esas organizaciones crezcan, se fragmenten, se disputan territorios y vuelvan a ocupar los espacios que quedan después de cada golpe.
La nueva forma de comunicar las acciones militares
Hay otro cambio visible en este primer mes y es la forma en que el Gobierno ha comunicado sus operaciones de seguridad. De La Espriella ha tenido una participación directa en la difusión de los resultados militares, desde las capturas y operaciones hasta los golpes contra estructuras armadas. Los nombres de los objetivos, las imágenes de los operativos y los balances de la Fuerza Pública han ocupado un espacio frecuente en sus mensajes.
Miguel Barreto Henriques, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Política Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad de Coimbra, señala que esta forma de presentar los resultados también hace parte de la manera en que un Gobierno construye su mensaje alrededor de la seguridad. Barreto recuerda que la lógica del “body count”, utilizada históricamente en otros conflictos, puede reducir la guerra a una contabilidad de muertos y terminar deshumanizando a quienes participan en ella. En Colombia, esa discusión tiene un peso adicional por los antecedentes de ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos que todavía son investigados por la justicia transicional.
La discusión tomó fuerza después de que la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionara el uso de imágenes en las que el Presidente aparecía junto a cuerpos de personas muertas durante operaciones militares. Marín pidió preservar la dignidad de los muertos y llamó la atención sobre la utilización política de esas imágenes. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió calificando el pronunciamiento como una “triste equivocación”.
