El expediente surgió tras señalamientos sobre hojas de vida y posibles gestiones para ocupar puestos en aduanas de Barranquilla y Cartagena.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La decisión de la Corte Suprema de Justicia volvió a poner el nombre de Armando Benedetti en el centro de una investigación relacionada con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El caso tiene como antecedente una denuncia presentada por el exdirector de la entidad Luis Carlos Reyes, quien aseguró que recibió recomendaciones de distintos dirigentes políticos para cargos dentro de la institución.
La controversia comenzó a tomar fuerza en marzo de 2025, cuando Reyes hizo públicas sus acusaciones contra Benedetti y aseguró que el entonces funcionario le había enviado hojas de vida para ser consideradas en cargos de la Dian. Benedetti negó que hubiera ejercido presiones y cuestionó las afirmaciones del exdirector de la entidad.
Ahora, el caso da un nuevo giro debido a la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de remitir el asunto a la Fiscalía General de la Nación para que determine si existen méritos para adelantar una investigación penal contra Benedetti.
La Corte Suprema remitió a la Fiscalía el expediente completo de Armando Benedetti por el caso de la DIAN y se abstuvo de investigarlo. La Sala Especial de Instrucción determinó que no tiene competencia, pues los hechos serían de 2024, cuando Benedetti ya no era senador.
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 24, 2026
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La disputa entre Reyes y Benedetti por cargos en la Dian
De acuerdo con la información conocida durante la controversia, Reyes incluyó a Benedetti en un listado de más de 30 congresistas, exfuncionarios y políticos que supuestamente hicieron recomendaciones relacionadas con puestos, ascensos o traslados dentro de la Dian.
En el caso específico de Benedetti, Reyes mostró conversaciones en las que el exsenador habría enviado tres hojas de vida para cargos relacionados con las direcciones de la Dian en Barranquilla y Cartagena. Según el entonces director de la entidad, esas recomendaciones hicieron parte de las solicitudes que recibió durante su gestión.
Benedetti, por su parte, rechazó los señalamientos. En marzo de 2025 sostuvo que no había ejercido presión sobre Reyes y afirmó que para entonces no tenía la condición de congresista ni una investidura que, según su versión, pudiera generar algún tipo de influencia sobre el funcionario.
El caso también involucró a Adelina Covo, suegra de Benedetti, y a Nicolás Petro. Reyes aseguró que ambos se reunieron con él para hablar sobre cargos en las aduanas de Barranquilla y Cartagena. La existencia del encuentro quedó respaldada por conversaciones publicadas en ese momento, aunque las partes entregaron versiones diferentes sobre el propósito de la reunión.
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La razón por la que el caso pasó a manos de la Fiscalía
Uno de los puntos centrales de la decisión reciente de la Corte está relacionado con la condición que tenía Benedetti cuando habrían ocurrido los hechos. Según la información reportada sobre la decisión, para ese momento ya había terminado su periodo como senador, el 19 de julio de 2022. Por esa razón, la Corte consideró que los hechos atribuidos a Benedetti no corresponderían a su competencia como tribunal de aforados y solicitó que la Fiscalía los examine.
Esto no significa que Benedetti haya sido declarado responsable de un delito. La remisión del caso busca que el ente investigador determine si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal y establecer si las actuaciones denunciadas podrían tener relevancia penal.
El debate jurídico también gira alrededor de la diferencia entre recomendar una hoja de vida y ejercer una influencia indebida. Durante la investigación de las llamadas cuotas políticas en la Dian, se ha señalado que entregar o sugerir nombres para cargos no constituye, por sí solo, un delito. La eventual responsabilidad dependería de las circunstancias que rodearon esas recomendaciones y de si existieron presiones, beneficios u otras conductas que pudieran configurar un ilícito.
Por ahora, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de analizar los elementos remitidos y establecer el rumbo del proceso.
