La Fiscalía había solicitado mantener medidas especiales de protección para los exdirectivos por su colaboración en investigaciones que involucran a exfuncionarios.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota, en Bogotá, generó inquietudes sobre las condiciones de seguridad de los dos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quienes colaboran con la justicia en las investigaciones por el escándalo de corrupción que involucra a varios exfuncionarios del Gobierno nacional.
La decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de llevarlos a un establecimiento penitenciario ordinario, después de que permanecieran recluidos en instalaciones militares, abrió interrogantes sobre las posibles consecuencias de la medida para sus procesos judiciales y los compromisos adquiridos con la Fiscalía.
En medio de la controversia, el abogado penalista Sebastián Rondón explicó a El Colombiano que el cambio de lugar de reclusión no implica, por sí solo, la pérdida de los beneficios judiciales que ambos tienen vigentes. Sin embargo, advirtió sobre los posibles riesgos que podrían surgir por la convivencia de los testigos con otras personas investigadas en el mismo entramado de corrupción.
Los beneficios judiciales no dependen del lugar de reclusión
De acuerdo con el abogado Sebastián Rondón, el traslado de los dos exdirectivos no modifica automáticamente su situación jurídica ni deja sin efecto los acuerdos alcanzados con las autoridades judiciales.
«No cambia la situación jurídica», señaló el penalista al ser consultado por El Colombiano sobre las consecuencias que podría tener el traslado desde los centros de reclusión militar hasta La Picota.
Rondón explicó que los principios de oportunidad aprobados por jueces de control de garantías mantienen su eficacia jurídica, independientemente del establecimiento en el que los procesados cumplan sus medidas de aseguramiento o las penas impuestas en algunos de sus procesos.
#Colombia | Por orden presidencial, el INPEC hizo efectivo el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel de máxima seguridad La Picota. Los imputados por el multimillonario desfalco a la UNGRD abandonaron los centros de reclusión militar donde permanecían y fueron… pic.twitter.com/4UcNXXofun
— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 6, 2026
Esta distinción resulta importante porque López y Pinilla no solo enfrentan investigaciones por su presunta participación en el desvío de recursos públicos y el direccionamiento irregular de contratos de la Ungrd. Ambos también asumieron compromisos de colaboración con la Fiscalía, entre ellos la entrega de información y la declaración contra otros implicados.
Publicidad
Dentro de las personas vinculadas a las investigaciones se encuentran dos exministros del Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Por esa razón, las condiciones en las que permanecen recluidos los exdirectivos han sido motivo de preocupación, debido a su papel como testigos de cargo en procesos de alto impacto nacional.
El abogado precisó que cualquier modificación de los beneficios judiciales tendría que responder a las decisiones correspondientes de las autoridades competentes y a las condiciones establecidas en cada acuerdo. En consecuencia, el traslado a una cárcel ordinaria no representa, por sí mismo, una revocatoria de los compromisos adquiridos con la justicia.
#ATENCIÓN | El @INPEC_Colombia ordenó el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla, protagonistas del desfalco de la @UNGRD, a la cárcel La Picota en Bogotá.
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 6, 2026
Ambos se encontraban en guarniciones militares.
Vía: @JennyAngaritaG pic.twitter.com/5AgwKBiRUK
La convivencia en La Picota genera inquietudes de seguridad
La principal preocupación expuesta por Rondón está relacionada con los posibles riesgos que podrían presentarse si los dos colaboradores coinciden dentro del establecimiento penitenciario con personas sobre las cuales han entregado información o contra quienes deben declarar.
En La Picota también se encuentra el exsenador Wadith Manzur, investigado en el caso de la Ungrd. Esta circunstancia llevó al penalista a advertir sobre los escenarios que podrían surgir si los involucrados comparten espacios dentro de la prisión.
Según explicó, la coincidencia en una misma cárcel, e incluso en un mismo patio, podría comprometer la seguridad de los colaboradores y generar dificultades para el desarrollo de las investigaciones. También mencionó la posibilidad de contactos que pudieran interferir en las declaraciones que López y Pinilla deben rendir ante las autoridades.
No obstante, el abogado aclaró que estas situaciones no pueden darse por hechos confirmados. «Son escenarios hipotéticos y son riesgos», indicó.
Publicidad
Por tanto, su advertencia no significa que existan amenazas comprobadas contra los exdirectivos ni que sus testimonios hayan sido alterados. Se trata de posibles situaciones que, a su juicio, deben ser consideradas por las autoridades responsables de su custodia.
#Atención Esta es la fotografía del senador Wadith Manzur en la cárcel La Picota de Bogotá, tras su traslado desde la Escuela de Carabineros, en medio de las investigaciones por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la UNGRD. #VocesySonidos pic.twitter.com/UDfiTFJoIv
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 17, 2026
La Fiscalía había solicitado mantenerlos en centros militares
Las inquietudes sobre la seguridad de los dos exdirectivos ya habían sido planteadas por la Fiscalía antes de que se ejecutara el traslado.
El 16 de septiembre pasado, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó que López y Pinilla permanecieran en los centros de reclusión militar donde se encontraban. El organismo consideró que su traslado a cárceles ordinarias podía poner en riesgo su integridad y su condición de testigos de cargo en las investigaciones por el desfalco a la Ungrd.
La petición fue dirigida al teniente coronel Raúl Llano, director de Centros de Reclusión Militar. Según la información conocida sobre esa solicitud, la Fiscalía recordó que existían decisiones judiciales previas que habían establecido los lugares de reclusión de los exdirectivos teniendo en cuenta las condiciones de riesgo para su seguridad.
Publicidad
Antes de su traslado, Olmedo López permanecía en el Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas, ubicado en Puente Aranda, mientras que Sneyder Pinilla estaba recluido en el centro militar del Batallón de Artillería, en Usme.
El ente acusador consideraba necesario mantener medidas especiales de protección debido a la colaboración de ambos en procesos que involucran a altos funcionarios y figuras políticas.
Pese a esa solicitud, el 6 de octubre el Inpec trasladó a los dos exdirectivos a La Picota, en cumplimiento de la decisión anunciada por el Gobierno.
El Gobierno defendió el traslado a una cárcel ordinaria
El presidente Abelardo de la Espriella defendió la decisión con el argumento de que su administración no mantendría condiciones de reclusión privilegiadas para personas investigadas o condenadas por delitos contra los recursos públicos.
Publicidad
“Que quede claro: en mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder, influencias o amigos tenga alguien. Aquí nadie tiene corona y nadie está por encima de la ley”, sostuvo el mandatario al referirse a la medida.
y agregó: “La plata pública es sagrada. Quien la toque tendrá que responder ante la justicia. Y quien esté privado de la libertad estará donde legalmente corresponda”.
¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA Y SE ACABARON LOS PRIVILEGIOS!
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026
Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota.
Estamos hablando de plata que era para llevar agua donde no había una gota, alimentar niños, ayudar a familias que lo habían… pic.twitter.com/eLgeMcXsFL
