Dos congresistas acudieron a la Comisión de Acusación para que se esclarezcan los señalamientos y se revisen nuevas pruebas.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La senadora Sara Castellanos y la representante a la Cámara Carol Borda, del partido Salvación Nacional, presentaron una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para solicitar que se investigue si Gustavo Petro habría utilizado su influencia para favorecer contrataciones estatales a cambio de presuntos beneficios personales de carácter sexual.
La acción judicial se sustenta en los señalamientos públicos de Deicy Jiménez y en información divulgada por medios de comunicación sobre contratos suscritos con distintas entidades del Estado entre 2021 y 2026, entre ellas el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Te interesa: ¿Qué delitos podría enfrentar Petro por presuntos contratos a cambio de favores sexuales?
Durante la presentación de la denuncia, Castellanos aseguró que se han identificado 10 contratos a nombre de Jiménez, por un valor cercano a los $133 millones, y pidió establecer si esas vinculaciones respondieron a algún interés particular o estuvieron relacionadas con los hechos denunciados.
“¿Se utilizaron contratos del Estado para obtener beneficios personales?”, cuestionó la senadora al explicar el propósito de la solicitud presentada ante la Cámara.
¿Qué pruebas piden revisar las congresistas contra Gustavo Petro?
Además de esclarecer las circunstancias en las que se habrían celebrado los contratos, Castellanos y Borda solicitaron examinar si los hechos podrían configurar conductas como tráfico de influencias, concusión, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos, contratación sin el cumplimiento de requisitos legales o peculado por apropiación. Entre otras: Gustavo Petro respondió a Deicy Jiménez y anunció demanda contra la ley de sometimiento
Las congresistas plantearon estas figuras como posibles hipótesis jurídicas, cuya aplicación dependerá de los hechos que logren establecer las autoridades. Para avanzar en esa verificación, también pidieron recibir la declaración de Deicy Jiménez y recopilar los expedientes contractuales, con el fin de determinar si existieron recomendaciones, presiones o instrucciones que facilitaran su vinculación con entidades públicas.
Entre las pruebas solicitadas figura el video de aproximadamente 54 segundos que Jiménez publicó el 4 de noviembre en su cuenta de Instagram y que presentó como respaldo de sus señalamientos contra Petro.
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Sobre esta grabación, las representantes solicitaron un análisis técnico que permita establecer su autenticidad, la fecha en que fue realizada y si conserva su integridad, así como verificar su relación con los hechos expuestos, bajo garantías de protección a la intimidad de las personas involucradas.
La denuncia también contempla incorporar las comunicaciones públicas del expresidente y de su defensa, en las que han rechazado que existieran intercambios de contratos estatales por favores personales.
Con estas solicitudes, Castellanos y Borda buscan que la Comisión de Acusación valore las declaraciones, los documentos contractuales y el material audiovisual para determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal y establecer si el caso podría dar lugar a una eventual acusación ante el Senado.
