En la tarde de este lunes, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe. En estos momentos avanza la audiencia de forma virtual.
Ante el juzgado 35 con función de control de garantías, el abogado Diego Cadena, quien defiende los intereses del senador Álvaro Uribe Vélez, se declaró inocente por los delitos de fraude procesal y soborno, por hechos ocurridos en julio de 2017.
La misma decisión adoptó el abogado Juan José Salazar Cruz, quien también está inmerso en la investigación que adelanta la Fiscalía, por la presunta manipulación de falsos testigos.
El fiscal Daniel Hernández, expuso ante el juzgado que la investigación se remonta a julio de 2017, momento en el cual, el abogado Cadena abordó a Carlos Enrique Vélez, confeso paramilitar quien fue condenado y se encuentra en la cárcel de Palmira, con el fin de ofrecerle 200 millones de pesos para que anunciara ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Iván Cepeda lo había abordado previamente para que cambiara la versión respecto de la declaración que iba a entregar contra el también senador Álvaro Uribe Vélez.
“De los 200 millones, solo se hizo entrega de 48 millones con el fin de que Vélez declarara falsamente ante la Corte Suprema de Justicia, y cambiara su versión respecto de que el senador Iván Cepeda lo había abordado para que cambiara su versión sobre el senador Uribe Vélez”, señaló el fiscal.
Hernández reseñó que la investigación hecha por el ente acusador da cuenta que estaban frente a una “división de trabajo” por parte de Cadena y Salazar con el que pretendían enmarcar unos hechos de soborno.
Así las cosas, otro suceso que relató el fiscal vincula al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien según el delegado del ente acusador, también fue abordado en febrero de 2018, para ofrecerle apoyos y asesorías jurídicas con el fin de que este declarara de la misma manera como se lo ofrecieron a Vélez.
“A raíz de esto se desprenden actividades encaminadas a generar engaños en contra de la Corte Suprema de Justicia, por parte de los dos ciudadanos. Para surtir estos efectos, el doctor Cadena se presentó con documentos realizados con su membrete en el cual únicamente necesitaba la firma de los exparamilitares”, reseñó el fiscal.
Sin embargo, lo que expuso Hernández es que era extraño que dos personas que no se conocían que estaban en cárceles totalmente diferentes, fueran abordados bajo los mismos parámetros que, presuntamente, fraguó Cadena para que el proceso de Uribe Vélez saliera bien librado.
Lo que dijo el fiscal es que pese a que el abogado Cadena quien, presuntamente, llegó con documentos membretados para que estos fueran firmados, los condenados se rehusaron a hacerlo y, por su parte, reseñaron que los documentos, con testimonios falsos, llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia hechas a mano, e indujo en error al alto tribunal.
El fiscal explicó que el error al que indujeron a la Corte es porque, inicialmente, se adelantaba una investigación en contra del senador Cepeda por tales hechos, sin embargo, al corroborar que la información carecía de pruebas, el alto tribunal determinó cerrar el proceso investigativo contra el senador del Polo Democrático y avanzar otro contra el senador Uribe.
No obstante, lo que reprocha el fiscal es que los abogados Cadena y Salazar tenía conocimiento que sus actuaciones estaban fuera de lo enmarcado en lo legal.
“Doctor Cadena, doctor Salazar estos hechos que le acabo de narrar los encuadra en dos escenarios judiciales: el de soborno en concurso con fraude procesal. Ustedes sabían y conocían que le estaban pagando 48 millones con el fin de que atestiguaran falsamente. Ustedes con su actuar violentaron el bien jurídico contra la eficacia, sin que existiera justa causa. No se ha podido vislumbrar en el proceso la causa por la que lo hicieron”, argumentó el fiscal.
De acuerdo con Hernández. para la época de los hechos, hasta agosto de 2018 los abogados tenían capacidad en su actuar y determinación. “Reitera este despacho: decidieron cometer la falta. Ustedes son abogados para ustedes era conocible saber que el ofrecer sumas para que una persona declare falsamente es un delito, ustedes sabían y conocían que eso es un delito en el territorio nacional”, reseñó el fiscal en la audiencia.
Por estos hechos, el delegado del ente acusador decidió endilgarle los delitos de soborno y fraude procesal.
Medida de aseguramiento para Cadena
El fiscal Hernández reseñó que Cadena y Salazar, quien fungía como su abogado suplente, fraguaron la manera de realizar documentos que permitieran cambiar su testimonio. “Manifestando que el senador Iván Cepeda pasó por muchas cárceles ofreciendo un tipo de beneficios carcelarios y que con ello, esos aportes fuesen notificados al despacho del exmagistrado José Luis Barceló, quien adelantaba ese proceso investigativo”.
Hernández reiteró que la intención de Cadena era que el alto tribunal tuviera testimonios falsos respecto de las investigaciones que adelantaba el alto tribunal. Por lo que vieron necesario ofrecer una cuantiosa suma de dinero a cambio de ello.
El fiscal Hernández argumentó que Vélez habría recibido 48 millones de pesos, y que estos habían sido entregados en partes diferentes a los familiares del exparamilitar. Sin embargo, eso levantó sospecha en María Helena Vélez, su hermana pero a quien la considera su madre porque lo crió desde muy pequeño.
De acuerdo con el fiscal, a María Helena le resultó “extraño y contradictorio” que un abogado le entregara plata a un preso cuando debería ser lo contrario. Incluso, llegó a mencionar que Vélez no debía seguirse “metiendo en problemas”.
Pese a ello, finalmente, resultaron haciendo giros no solo a María Helena, sino también a José Fernando Vélez, sobrino del exparamilitar. A este último le hicieron dos entregas, mientras que a Daniela Paz, pareja sentimental de Vélez le fue entregado dos millones de pesos, como ayuda para abordar el estado de salud de uno de sus hijos.
El fiscal trajo a colación unos fragmentos del interrogatorio hecho hace unos meses a Cadena en donde relata que efectivamente hizo unos pagos de dineros que correspondían a una “ayuda humanitaria”, si bien en este caso la Fiscalía corroboró la información, pudo establecer que el pago se hizo a la pareja sentimental de Vélez y no a María Helena como lo había mencionado en la diligencia ante la Fiscalía.
