lunes 14 de octubre de 2019 - 12:00 AM

Condenan a la Nación por falso positivo que involucra a un coronel del Ejército

El Consejo de Estado recordó que “entre los años 2007 y 2008, miembros del Ejército Nacional adelantaron operativos en diferentes regiones del país simulando combates con grupos armados ilegales, durante los cuales asesinaron a 32 civiles”.
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“En este proceso se comprobó que el mayor del Ejército Nacional Robinson Javier González del Río reconoció que suscribió órdenes de operaciones tácticas falsas en las que miembros de las fuerzas militares asesinaron a civiles, entre ellos, a los hermanos Luis Ferney y Jorge Luis García Gómez, a quienes se les hizo pasar como ‘bajas en combate’”.

Este es uno de los apartes de la sentencia del Consejo de Estado en la que la magistrada ponente Marta Nubia Velásquez revocó un fallo del Tribunal Administrativo de Caldas de junio de 2013 y condenó a la Nación, representada en este caso por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por estas ejecuciones extrajudiciales.

El caso se remonta al 26 agosto de 2007 cuando los hermanos García Gómez fueron engañados y les prometieron un buen empleo para trabajar fuera de Manizales, donde residían. Al día siguiente los recogieron en una camioneta muy temprano y en la noche llamaron a sus familiares para informarles que habían fallecido en combate con el Ejército.

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El reporte militar de la época precisaba que a los fallecidos portaban armas y eran integrantes del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas.

Por estas muertes fue condenado el polémico militar Robinson González del Río en julio de 2016 por el Juzgado Tercero Penal de Antioquia que le impuso una sentencia de 30 años.

El Consejo de Estado recordó que “entre los años 2007 y 2008, miembros del Ejército Nacional adelantaron operativos en diferentes regiones del país simulando combates con grupos armados ilegales, durante los cuales asesinaron a 32 civiles”.

La Sala además señaló que los militares incurrieron “en falla en el servicio, pues hizo uso de la fuerza de forma arbitraria e ilegítima, contraria a la misión constitucional de proteger la vida de los residentes en Colombia en especial instrumentos internacionales aprobados y ratificados por Colombia en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”.

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