miércoles 05 de agosto de 2020 - 12:00 AM

Los efectos políticos, tras la decisión de la Corte

La orden de detención domiciliaria contra el expresidente Uribe ahonda aún más la polarización nacional y divide a la nación entre quienes piden a la Corte una decisión de fondo y quienes consideran su decisión un entramado político de la izquierda.
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La noticia de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno, en el marco del proceso que adelanta en su contra, generó una tormenta política en el país.

La decisión, que había anticipado su partido en un duro comunicado de prensa hace algunos días, no ha parado de generar controversia desde los distintos sectores políticos, sin embargo, pese a que se trata de una medida preventiva, significa un hito en la historia reciente del país.

Para el analista político Jorge Iván Cuervo este es apenas el comienzo de un largo camino jurídico y político para el caso del expresidente Álvaro Uribe, debido a que no se sabe cuánto pueda tardarse el alto tribunal en tomar decisión de fondo, mientras crecen las reacciones en favor y en contra.

En este sentido, Cuervo indica que a nivel político los sectores afines al expresidente Uribe cerrarán filas alrededor de él, con el objetivo de defender su inocencia, utilizando los argumentos que han venido invocando desde hace mucho tiempo: “Que se está consolidando una persecución política disfrazada de fallos judiciales”.

De hecho, en el comunicado de prensa que publicó su partido antes de la decisión se señaló: “Distintos elementos asociados a la izquierda armada comenzaron a tejer un imaginario criminal desde el cual fueron preconstituyendo la apariencia de una verdad, ficticiamente incriminante, para deformar (en la percepción pública) la conducta institucional y privada de quien ha observado una vida intachable. Haber cumplido respetuosamente los llamados que le ha hecho la justicia es la mayor prueba de su talante democrático”.

De igual forma, Cuervo advierte que el sentimiento de inconformidad se seguirá produciendo en los distintos sectores tanto uribistas como no uribistas.

A su vez la decisión del presidente Iván Duque de respaldar la inocencia de Uribe Vélez podrá tener eco en la oposición a su gobierno, en momentos en los que su popularidad vuelve a caer, tras un leve repunte al inicio de la pandemia.

La oposición jugará un papel importante en el escenario político, debido a que el proceso contra Uribe tiene relación con el senador Iván Cepeda, uno de los líderes más importantes del Polo Democrático
Juicio político a Rojas Pinilla
En 1958, el primer gobierno del Frente Nacional, presidido por Alberto Lleras Camargo, le hizo un juicio político al general Gustavo Rojas Pinilla.
Por ello el exmandatario regresó al país el 11 de octubre de 1958​ y el 16 de octubre fue obligado a presentarse ante el Senado para defenderse de las acusaciones en su contra, pues había solicitado que su juicio lo hiciera la Corte Suprema de Justicia, un tribunal especial o una corte marcial y se negó a responder al interrogatorio.
Ante rumores de un complot, el gobierno ordenó el arresto de Rojas Pinilla el 3 de diciembre de 1957, declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio en todo el territorio nacional.
El juicio continuó y el 15 de diciembre de ese año el Senado dictó auto de detención preventiva contra el general, así como el embargo de sus bienes.
El presidente levantó el estado de sitio el 13 de enero de 1959 y luego, el 20 de enero, Rojas Pinilla fue llevado en secreto, desde Galerazamba a Bogotá.
Los defensores del general fueron Daniel Valois Arce y Jesús Estrada Monsalve. El veredicto del Congreso Nacional, del 18 de marzo de 1959, fue condenatorio contra el general Rojas; sin embargo, siete años después, el Tribunal Superior de Cundinamarca le devolvió sus derechos políticos el 20 de diciembre de 1966 y un año después, la Corte Suprema de Justicia confirmó este acto judicial, el 18 de octubre de 1967.
Samper y el proceso 8.000
El martes 27 de febrero de 1996, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en cabeza de su presidente, el congresista Heyne Mogollón, decidió abrir investigación formal contra el presidente Ernesto Samper (1994-1998) en una acción sin precedentes en la historia de Colombia. Los 15 miembros de la comisión consideraron que había méritos para abrir una investigación penal contra el hoy expresidente Samper.
Esto después de las confesiones de Santiago Medina (tesorero de la campaña) y Fernando Botero Zea (coordinador y jefe de campaña), que reconocieron el ingreso de recursos del Cartel de Cali (narcotráfico) a la campaña presidencial.
Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, el 6 de julio de 1996 Samper fue exonerado por la Cámara de Representantes gracias a la defensa del ministro del Interior Horacio Serpa, quien logró convencer a la bancada liberal (el mismo partido del presidente) para que decidiera a su favor.
Por 111 votos contra 43 se archivaron los cargos contra el presidente de la República.
No fue declarado ni culpable, ni inocente, el proceso fue precluido, mientras que Medina y Botero Zea pagaron penas en cárcel por estos hechos.
Polarización política
Mauricio Jaramillo, experto en política, añade que lo que se va a ir presentando es una polarización mucho más profunda a nivel político, pero, para el caso de los uribistas, enfilada en contra de la justicia, y por el lado de los antiuribistas, encaminada a la defensa de la institucionalidad.
Sin embargo, en relación a las consecuencias que esta decisión trae para el Gobierno del presidente Iván Duque, Jaramillo indica que es un golpe a la legitimidad del presidente porque él llegó al poder con el aval de Uribe y del Centro Democrático. “Es un proceso que va a ser largo, que va a ser complicado, que abre una nueva brecha en la historia política de Colombia y, tal vez, el proceso judicial más importante en el último tiempo”, dice.
Jaramillo argumenta que lo de Uribe se suma a una serie de golpes que han venido debilitando la credibilidad del Gobierno del presidente Iván Duque, como el hecho de que el hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez haya sido condenado por narcotráfico o el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’.
Pero, sin duda, manifiesta Jaramillo, sale a relucir, otra vez, la vieja disputa sobre la firma del acuerdo de paz con las Farc, debido a que uno de los argumentos de los uribistas es que los antiguos excombatientes tienen que pagar por los delitos que cometieron durante los años que estuvieron en la ilegalidad.
En uno de los apartes del comunicado del Centro Democrático se señala que: “Una decisión contra la honra de Álvaro Uribe Vélez, sin la solidez absoluta de un acervo probatorio incontrovertible, nos empujaría hacia una inédita paradoja de la historia: los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares, sentados en el congreso, y el hombre que rescató la nación y sacó a Colombia de la oscuridad, pagando un precio insólito por vencerlos”.
Pero para Jaramillo retomar el tema de las Farc en este sentido termina siendo algo retórico, en el sentido de que los miembros de esta antigua guerrilla surtieron un proceso de paz que fue público, pese a que ha habido algunos inconvenientes con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los grupos disidentes.
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