La alta comisionada de la ONU para los Derechos humanos en Colombia presentó el informe sobre el balance en términos de garantía de implementación del acuerdo de paz, desigualdad, corrupción, violencia de género, vulneraciones a los líderes y al ejercicio de la libertad de prensa en Colombia. El panorama, según lo expresó la organización, no es nada alentador.
De acuerdo con Alberto Brunori, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos humanos, recalcó que la corrupción y la desigualdad han aumentado de forma considerable desde el 2016.
“En cuanto a la corrupción, el ACNUDH recibió información relacionada con posibles casos involucrando a miembros de la policía y del ejército en Amazonas, Antioquia, Caquetá, Chocó, Cauca, Cesar, La Guajira, Magdalena, Nariño, Huila, Putumayo y Valle del Cauca. Estas situaciones pudieron comprometer la eficacia de las acciones contra el ELN, grupos criminales y otros grupos violentos”, enfatizó el representante.
Además, se ha evidenciado un incremento del 1,8% en la pobreza multidimensional, especialmente en las zonas urbanas rurales. Por este motivo, la Alta Consejería sugirió al Estado redoblar sus esfuerzos de garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.
“Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Colombia está entre los tres países con mayor nivel de desigualdad en América Latina, con un coeficiente de Gini de 0,51. La CEPAL también indicó que si el crecimiento del ingreso y la distribución de la riqueza continúan siendo similares al promedio observado desde 2008 hasta 2017, Colombia no alcanzará el Objetivo de Desarrollo Sostenible de reducir la pobreza extrema al 3% en 2030”, señaló Brunori.
Uno de los sectores que más ha mostrado el fenómeno de desigualdad y corrupción es el de Salud. Según la Fiscalía General, este rubro tuvo un desfalco de aproximadamente 295 millones de dólares. Lo más preocupante es que en diciembre de 2019, el Congreso solo aprobó cuatro de los 24 proyectos de ley anti corrupción que se habían puesto a su consideración.
Índices de violencia en el país continúan en aumento
La violencia hacia diversas poblaciones es alarmante. Entre estas se encuentran detenciones arbitrarias por parte de la Fuerza Pública, vulneraciones a la libertad de prensa, amenazas y asesinatos a líderes sociales y ataques por condición de género.
El ACNUDH manifestó su preocupación ante las detenciones ocurridas durante las protestas del Paro Nacional ocurridas en noviembre y diciembre de 2019, mediante el uso frecuente de una medida administrativa denominada “traslado por protección”.
“Esta medida otorga facultades discrecionales a la policía para limitar el derecho a la libertad personal, tal y como fue observado por el ACNUDH, el 7 de diciembre, durante una protesta pacífica y silenciosa en el aeropuerto de Bogotá. Según la Policía, entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre, 1662 personas fueron detenidas a nivel nacional en aplicación de esta medida”, explicó.
En cuanto a los ataques contra la libertad de prensa, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas, y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU documentó dos asesinatos de periodistas en Arauca, así como agresiones en Cesar, Magdalena y Bogotá.
Otro punto que despertó las alertas del Alto Comisionado fue el de los riesgos sufridos por los los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
Sobre este punto, Brunori afirmó que “en 2019, el ACNUDH documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI. Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos”.
El 75% de estos asesinatos ocurrió en zonas rurales; el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional; el 91% en municipios con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica; y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, así como de otros grupos violentos y de grupos criminales. En los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá ocurrió el 55% de estos crímenes.
“Así mismo, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró un incremento de casi el 52% en los homicidios de indígenas en Cauca comparado con 2018. Entre enero y noviembre de 2019, el ACNUDH registró el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, incluyendo 13 autoridades indígenas y otros líderes Nasa. Es urgente la adopción de medidas efectivas de prevención y protección, las cuales deben ser culturalmente apropiadas para estas comunidades y adoptadas en consulta con las autoridades indígenas”, aseguró.
Aparte de esta crisis, se suma la de violencia de género. Se estima que la tasa de violencia sexual fue de 52,3 víctimas por cada cien mil habitantes, 4,02 puntos más alta con respecto a la de 2017, convirtiéndose en la más alta en los últimos 10 años.
Del número total de víctimas, 85,6% fueron mujeres y 14,4% fueron hombres. El promedio de edad de las víctimas fue de 12 años.
Una paz olvidada
Otro punto que generó inquietud en el Alto comisionado, fue el del proceso de paz. Aunque la gran mayoría de exintegrantes de las FARC-EP continúan comprometidos con el proceso de paz, la retoma de las armas por parte de ex miembros de las extintas FARC, significaron un retroceso en el acuerdo.
No obstante, ha habido avances por parte de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el fin de esclarecer la verdad y velar por la reparación y no repetición de la violencia en Colombia.
“Durante 2019, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) recogió aproximadamente 5500 testimonios de víctimas y sus familiares, lo que ha contribuido a una mayor comprensión del conflicto armado. La CEV promovió, con la participación del ACNUDH, actividades dirigidas a fomentar espacios de no repetición. También realizó actividades para el reconocimiento de las víctimas con la participación de personas defensoras de derechos humanos, mujeres y personas LGBTI víctimas de violencia sexual y, junto con la UBPD, con familiares de víctimas de desaparición forzada”, recalcó Brunori.
