miércoles 26 de febrero de 2020 - 12:00 AM

Posconflicto ha expuesto más las zonas protegidas ante incendios

Antes de la firma del acuerdo de paz con las Farc, esta guerrilla tenía control en algunas áreas naturales, especialmente en el Parque Nacional Tinigua.
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Los voraces incendios que consumieron territorios del Parque Nacional Tinigua en cercanías de Caño Cristales en Meta, y en el páramo La Cortadera en Boyacá, tienen distintos orígenes, pero el más preocupante es de los grupos armados, quienes están depredando zonas naturales protegidas para ampliar su capacidad económica ilegal.

Luego de que al menos 150 hectáreas de vegetación y fauna nativa del sector de La Macarena, en Meta, fueran consumidas por las llamas, que estuvieron encendidas durante dos semanas y que apenas fueron extinguidos este fin de semana, el Gobierno nacional anunció la creación de una nueva fuerza de tarea conjunta, que se encargue de la protección medioambiental.

Y es que de acuerdo con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en esa zona del país al menos 120.000 hectáreas se han perdido por la influencia de grupos ilegales. Zuluaga dice que en años recientes las disidencias de las Farc son las que más arruinan el terreno para dar usos agrícolas al suelo, o para sembrar allí cultivos ilícitos.

Esta hipótesis fue respaldada por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien aseguró que “está plenamente establecido que el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación, con las cuales se financian los Grupos Armados Organizados, son las principales amenazas a nuestro medio ambiente”.

Parques naturales, hostigados por los violentos
“La acción criminal de grupos ilegales, narcotraficantes, que este fin de semana dejó decenas de hectáreas de bosque devastadas en la Serranía de La Macarena y el Parque Nacional Natural Tinigua, nos obliga a ser implacables con quienes destruyen la naturaleza. La Fuerza Pública no se va a retirar de las zonas de los Parques Nacionales Naturales donde los criminales pretenden asentarse”, dijo el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, al anunciar la creación de la Fuerza de Tarea Ambiental, que contará con integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Trujillo cree que una de las estrategias de los ilegales es captar a campesinos que viven en inmediaciones de las zonas protegidas y pagarles para que inicien los incendios, para luego sembrar coca.
De la misma manera, han generado un ambiente de zozobra entre los encargados de la seguridad de los parques.
Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, dice que al menos 20 guardaparques del país han recibido amenazas de los ilegales. Y una denuncia hecha por un antiguo director de esta organización dice que 10 funcionarios ubicados en los sectores de Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé Apaporis y La Paya, ya salieron de allí luego de que hombres armados los amenazaran a principios de este mes.
El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, afirmó que ser defensor del medio ambiente en el país es arriesgado, debido a los múltiples intereses que hay en la protección de zonas que requieren mayor cuidado, y la incomodidad que genera en algunos grupos particulares.
“Desafortunadamente, no solo los guardaparques han sido amenazados, los miembros del ministerio y de las corporaciones autónomas regionales han sido amenazados. Cuando hemos llegado a algunas zonas del país nos hemos encontrado con un grave panorama de deforestación”, resaltó Lozano.
De acuerdo con cifras oficiales, en al menos 59 zonas naturales protegidas del país hay presencia de grupos armados y están bajo vigilancia estatal, para evitar que ocurran situaciones como la de La Macarena.
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