martes 28 de noviembre de 2023 - 9:13 AM

Por caso 'Buen comienzo', imputan nuevos cargos contra exfuncionarios de Medellín

Las autoridades distritales de la capital antioqueña habrían contratado más personal del que se necesitaban para atender a la población infantil.
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En diligencia realizada este lunes 27 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación realizó una nueva imputación de cargos por millonarias contrataciones en el programa buen comienzo realizado por funcionarios de la Alcaldía de Medellín.

El ente investigador acusó a la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Ruiz Agudelo, como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, por una cuantía superior a los 1400 millones de pesos.

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En la misma audiencia y por el mismo delito también fueron imputados Lina María Gil Zapata, exdirectora del Programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, y Henry Paulisson Gómez Montoya, exrepresentante legal de la Corporación Colombia Avanza.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, con el apoyo de la Dijín de la Policía Nacional, entre marzo y agosto de 2020 las servidoras públicas se habrían apropiado en favor de un tercero de la suma de $ 1.423 millones 434.330 pesos por concepto de salarios a 520 personas que fueron contratadas por la corporación Colombia Avanza.

Además de contratar sin tener en cuenta las necesidades y las reglas técnicas, se determinó que las autoridades distritales de la capital antioqueña habrían contratado más personal del que se necesitaban para atender a la población infantil.

Esto sumado a que también se habría pagado a otras 51 personas cuyos servicios nunca fueron prestados. Según la investigación, entre los profesionales contratados figuran docentes, sicólogos y nutricionistas, con salarios que oscilaban entre $ 1 850 000 y $ 5 300 000 mensuales, cuya finalidad de los contratos tenían como objeto la atención educativa de niños y niñas.

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Sin embargo, la Fiscalía estableció que el contrato fue otorgado de manera directa a la Corporación Colombia Avanza, basada en la supuesta experiencia del contratista. Además, se evidenció que los pagos se habrían realizado pese a que la firma interventora alertó sobre posibles incumplimientos en el contrato.

Cabe resaltar que ya se había efectuado otra audiencia de imputación con los tres implicados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los tres procesados se allanó a los cargos imputados.

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