El juez cuarto de control de garantías aceptó la solicitud de la defensa de los representantes del grupo Nule, investigados por el llamado 'carrusel de las contrataciones', y aplazó la audiencia de imputación de cargos que estaba programada para este martes en la tarde.
Publicado por: COLPRENSA
Dentro de dicha diligencia se esperaba se diera a conocer la petición de la Fiscalía en cuanto a la solicitud de aseguramiento. Estos procedimientos serán retomados el próximo jueves siete de abril.
Durante la audiencia Andrés Garzón, abogado de Guido y Miguel Nule, precisó que la solicitud de aplazamiento se debió a que sus clientes "tienen material probatorio el cual se lo van a entregar a la Fiscalía. Necesitamos un tiempo para realizar una solicitud de testimonios".
Por su parte, Camilo Sampredro, defensor del IDU aclaró que la solicitud de aplazamiento debe tenerse como garantía y respeto a las víctimas y precisó que "es necesario saber que está detrás de las negociaciones entre los empresarios y la Fiscalía sobre la entrega de información".
Según el juez "imprescindible suspender la audiencia", primero, por la ausencia de los empresarios a quienes se les imputarán los cargos de falsedad en documento público, peculado por apropiación, fraude, cohecho y concierto para delinquir; y segundo, por la solicitud de la defensa.
La misma medida cobija a los exsocios del Grupo Nule: Mauricio Galofre, Alberto Enrique Calderón y Rafael Francisco Hernández.
Sobre este hecho, la fiscal General de la Nación, Viviane Morales, ha señalado que se puede hacer una "rebaja importante de la pena" a través de un preacuerdo con la Fiscalía. Y es que según Morales, el máximo de la pena está referido al delito del peculado por apropiación que tiene una condena de 10 a 18 años de prisión. Sin ningún preacuerdo, los Nule tendrían una pena de 14 a 15 años de prisión.
Ante la indemnización que se les haría a las víctimas, Morales explicó que cuando la posibilidad de preacuerdo es fruto de un enriquecimiento, en el momento de dicho preacuerdo, se debe restituir el 50 por ciento y luego, los implicados deben comprometerse a devolver a las víctimas lo que resta.
"Me interesa llegar hasta lo profundo de todo el entramado de la corrupción. Espero que llegue la justicia a la corrupción en temas de contratación de obras públicas. Lo que duele es que a donde uno viaja, se tiene la impresión de que han saqueado el patrimonio público", precisó la Fiscal General.
