Ministerio de Ambiente reprogramó las reuniones para la delimitación de los páramos de Santurbán, Pisba y Almorzadero, en Santander, con el fin de revisar las solicitudes que se hicieron en la pasada audiencia pública en Bucaramanga.
Tras dos años en la etapa de concertación para la delimitación del Páramo de Santurbán, del cual 40 municipios serán impactados en Santander y Norte de Santander, hay voces que denuncian saboteo y retraso a dicho proceso.
Cabe recordar que Vetas se convirtió en el primero en firmar un pacto de delimitación, para cumplir la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.
Una de esas voces es la Fundación por el Gran Pacto Social por California, que a través de un comunicado denunció al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible porque canceló nuevamente las mesas de diálogo sobre delimitación de páramos que se tenían pactadas para hoy con la comunidad de los municipios de California, Pisba y Almorzadero. Con esto, según ellos, sigue dilatando y retrasando el proceso de delimitación de los páramos en el territorio.
El Ministerio de Ambiente, a través de una misiva, anunció que reprogramó las reuniones para la delimitación de los páramos con el fin de revisar las solicitudes que se hicieron en la pasada audiencia pública en Bucaramanga.
La Fundación por el Gran Pacto Social por California indica: “Van más de 20 veces que se suspenden las mesas de diálogo en el municipio; casi 19 de ellas solicitadas a petición de la alcaldesa de California, Genny Gamboa Guerrero, quien suele manipular las reuniones o las termina cancelando como lo denunciamos desde el mes de marzo de este año”.
Cumplimiento de la sentencia
Hay que recordar que desde hace cinco años, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Minambiente, mediante sentencia T-361 de 2017, concertar de manera participativa con los 40 municipios la delimitación del páramo, pero a la fecha solo lo ha hecho con tres de ellos.
Los puntos ineludibles de la sentencia son delimitación del páramo, sistema de fiscalización de la gestión de la resolución, instancia de coordinación permanente, lineamientos de los programas de reconversión y sustitución, modelo de financiación y parámetros de protección de fuentes hídricas.
La fundación insistió en que existe incertidumbre en el territorio porque no avanza la etapa de concertación para el resto de municipios afectados, lo cual no permite a mineros ancestrales reactivar sus actividades económicas y, en vez de ello, ha primado la ilegalidad y la informalidad.
“La minería ilegal es un escenario creado por la alcaldesa y sus colaboradores, y ahora apoyado hasta por la misma Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, parece que no les importa la orden de un juez”, afirmó Fabio Maldonado, representante de la Fundación por el Gran Pacto Social de California.
El vocero de la organización aseguró que la ministra aparentemente se alió con el Comité del Agua y Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, convocándolos a una audiencia pública en Bucaramanga el pasado 6 de octubre sin la participación de los habitantes, líderes y dirigentes del páramo, la cual fue citada por los senadores del Pacto Histórico en un recinto cerrado.
“Se refleja la falta de compromiso, seriedad y transparencia por las autoridades administrativas que hacen caso omiso a los fallos judiciales y mantienen a la comunidad expectante para llegar a un acuerdo en la delimitación del páramo, con la cual se retornaría a las actividades económicas y planes de conservación, así como la estabilización de la comunidad en sus predios, evitando el desplazamiento forzado, tal como lo ocasiona el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga al comprarle las fincas a los campesinos sin tener presente la exigencia legal de una reubicación y reasentamiento de los pobladores”, sostuvo el comunicado.
Maldonado aseveró: “Hacemos un llamado al Gobierno nacional y al regional para que imperen los principios de legalidad, normatividad y formalidad en sus actuaciones, porque somos conscientes de que solo aplicando la regulación en las actividades mineras se puede llegar a dar un orden en el territorio. (...) Hace falta que haya acción por parte del Estado, nos enfrentamos a una ministra que solo escucha a los movimiento ambientalistas y no las necesidades de desarrollo de la región”.
