El alto tribunal analiza 20 recursos contra la medida que frenó el aumento para 2026. La Sección Segunda definirá la legalidad del pago de dos millones.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La seguridad jurídica del incremento salarial que rige actualmente en el país entra en una etapa definitiva en los estrados judiciales. El Consejo de Estado ha dado un paso crucial al admitir para su estudio formal un paquete masivo de acciones de tutela que buscan revertir la parálisis del decreto que fijó el salario mínimo para el año 2026.
Esta situación se produce un mes después de que el magistrado Juan Camilo Morales emitiera una medida cautelar que sacudió el panorama económico y político nacional. En aquella decisión, el togado suspendió provisionalmente los efectos del decreto expedido por la administración del presidente Gustavo Petro, el cual establecía la remuneración básica de los colombianos en la cifra de 2.000.000 de pesos.
Acumulación de procesos en la Sección Segunda
Según reveló Blu Radio, el alto tribunal decidió avocar conocimiento de más de 20 acciones de tutela presentadas por ciudadanos y organizaciones que consideran vulnerados sus derechos fundamentales con la suspensión del decreto. En un ejercicio de eficiencia jurídica, la corporación determinó acumular estos procesos para que sean fallados bajo una misma línea argumentativa por la Sección Segunda.
En un documento de 19 páginas, cuya existencia fue confirmada en exclusiva por Blu Radio, la alta corte expone detalladamente las pretensiones de los tutelantes. No obstante, a pesar de aceptar el estudio de fondo de estos recursos, el Consejo de Estado tomó una determinación inmediata: negó las medidas provisionales que solicitaban suspender los efectos del fallo inicial del magistrado Morales.
La corporación judicial argumentó que las peticiones de los demandantes se basaban en conceptos generales y no lograban demostrar, de manera fehaciente, la existencia de un perjuicio individual, grave e inminente que justificara una decisión apresurada antes de la sentencia definitiva.
El debate de fondo sobre el impacto económico
El nudo gordiano de esta controversia radica en la legalidad del decreto y el cumplimiento de los parámetros fijados por la ley para el ajuste salarial. El Consejo de Estado ha sido enfático en señalar que los cuestionamientos sobre el impacto macroeconómico y social de la cifra de dos millones de pesos no pueden resolverse mediante medidas cautelares dentro del trámite de una tutela, sino que requieren un análisis profundo de legalidad.
Cabe recordar que, tras la decisión del 13 de febrero, el Gobierno Nacional recibió un plazo de ocho días para emitir un decreto transitorio que se ajustara a los criterios legales vigentes, mientras la justicia administrativa resuelve si el decreto original cumple con los requisitos técnicos y de concertación necesarios. La nación permanece a la espera de un fallo que defina, de una vez por todas, el futuro del ingreso de millones de trabajadores.
