La Fiscalía indicó que, tras aceptar el preacuerdo, un juez de conocimiento impuso la condena de 18 años de prisión.
Publicado por: Redacción Judicial
Lo que comenzó como una discusión de pareja terminó en uno de los crímenes más estremecedores registrados este año en Medellín. La madrugada del 31 de enero, en una vivienda del barrio La Milagrosa, Laura María Rave regresó a la casa tras abandonar el lugar en medio de una pelea, roció con gasolina a su compañero sentimental mientras este dormía y luego le prendió fuego.
Seis meses después, la Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez avaló el preacuerdo alcanzado con la procesada y la condenó a 18 años de prisión por los delitos de homicidio agravado e incendio agravado.
La investigación permitió establecer que el hombre fue sorprendido mientras descansaba y sufrió quemaduras en más del 85 % de su cuerpo, lesiones que finalmente le causaron la muerte en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín.
Las cámaras de seguridad instaladas en el sector fueron determinantes para esclarecer el caso. En los videos quedó registrado el recorrido de Laura María Rave antes y después del ataque, material que se convirtió en una de las principales pruebas dentro del proceso judicial. Le puedo sugerir leer: Así será el despliegue de la Policía para garantizar la seguridad durante el 7 de agosto en Bucaramanga
Tras cometer el crimen, la mujer abandonó la vivienda y se dirigió a la Terminal de Transportes del Sur de Medellín. Allí compró el primer tiquete disponible, sin importar el destino, mientras su pareja luchaba por sobrevivir en un centro asistencial.
Según reveló el diario El Colombiano, durante su huida descendió en Pereira y cambió constantemente de hospedaje para evitar ser localizada por las autoridades o por familiares de la víctima, pues el caso rápidamente se viralizó en redes sociales.
Con el paso de los días y al ver que su fotografía era difundida en todo el país, Laura María decidió contactar a un familiar y, posteriormente, se presentó voluntariamente ante la Defensoría del Pueblo en Pereira. Allí confesó lo ocurrido y manifestó que temía por su vida debido a la repercusión del caso.
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La Fiscalía indicó que, tras aceptar el preacuerdo, un juez de conocimiento impuso la condena de 18 años de prisión, pena que deberá cumplir en el establecimiento carcelario.
